Superintendencia de Industria le abre investigación administrativa a Movistar; le contamos cuáles son las razones

El tema de la portabilidad numérica vuelve a poner en apuros a otro operador de telecomunicaciones móviles en el país. Se trata de Movistar al que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le acaba de abrir una investigación administrativa, por presuntamente impedir que sus clientes se puedan cambiar de operador conservando su número de teléfono habitual, como lo permite la norma sobre portabilidad numérica en Colombia.

La decisión se tomó luego de que la autoridad del mercado recibió varias denuncias de clientes de Movistar en las que se advertía que dicha compañía imponía diversos obstáculos para ejercer su derecho de cambiarse de operador, como retraso en la entrega del Número de Identificación Personal (NIP), el cual permite verificar la identidad del usuario en el proceso de portabilidad numérica, así como también el ofrecimiento de incentivos para evitar dicha portación.

Tan solo ocho días atrás, la misma autoridad del mercado le impuso una multa de 2.030 millones de pesos a la compañía Tigo Une —la cual puede ser apelada— por no acatar lo ordenado por la norma en materia de portabilidad.

Específicamente, la SIC dijo en ese caso que la sanción era por "por no enrutar en condiciones no discriminatorias las llamadas hacia y desde números portados del operador". Explicó, en ese sentido, que: "Tigo, en su calidad de proveedor de servicios de telecomunicaciones, no actualizaba de manera adecuada la base de datos de los números que habían cumplido el proceso de portabilidad numérica a otros operadores.

Frente a la apertura de investigación que acaba de iniciar contra Movistar, la Superindustria señaló que, la no entrega del NIP impide que se pueda concluir el traslado del usuario al operador receptor —operador al cual quiere migrar el usuario solicitante—, al tiempo que menciona que al ofrecer dádivas a sus clientes para que no se trasladen, vulnera esa prohibición expresa, presente en la regulación vigente.

Medidas preventivas

Como la investigación por parte de la SIC a Movistar es un proceso que apenas comienza, la autoridad señaló que la compañía debe adoptar una serie de medidas de carácter preventivo, con miras a proteger a los clientes de la empresa de telefonía. 

Advertencias

De igual forma, la Superindustria dejó claro que, de comprobarse la comisión de las conductas investigadas, se podrá imponer al operador sanciones de hasta 15.000 salarios mínimos legales mensuales, esto es, unos 21.300 millones de pesos.

Para este caso, la resolución que ordena formular cargos no admite recursos, por tratarse de un acto de trámite, insiste la SIC en su comunicación, aunque aclara que Movistar cuenta con un plazo de 15 días para presentar sus argumentos, realizar solicitudes probatorias y ejercer su derecho de defensa.

Con el inicio de este procedimiento administrativo, la SIC hizo también un nuevo llamado a los distintos proveedores de servicios de telecomunicaciones a ser respetuosos de las garantías que el sistema legal colombiano ha brindado a los usuarios del servicio, en particular, a cumplir cada una de las obligaciones que le han sido asignadas en el marco del proceso de portabilidad numérica.