'Son inocentes': el clamor de las familias de los colombianos presos en Venezuela tras elecciones del 28 de julio

“Mamá, no llores, no te preocupes que yo estoy bien. Confiando en Dios muy pronto voy a salir de acá. Sigan haciendo las marchas”. La llamada duró cinco minutos, pero fue la primera vez en seis meses que Marisol Saavedra pudo escuchar la voz de su hijo de 22 años, Kevin José Saavedra, colombiano detenido el pasado 29 de octubre en Venezuela por ser considerado un “espía” que supuestamente buscaba sacar información del régimen de Nicolás Maduro. Su único error, dice su madre, fue portar su libreta militar cuando lo requisaron en el peaje Dos Caminos (municipio Ortiz, estado Guárico), en su trayecto de regreso a Colombia tras estar unos días de paseo junto a su novia en el vecino país.

Hoy se encuentra junto a otros 19 colombianos con historias similares en la cárcel El Rodeo I, ubicada en el municipio Zamora del estado Miranda –a media hora de Caracas– uno de los centros de reclusión reportados por organizaciones defensoras de derechos humanos como sitios de tortura de los presos políticos. Desde allí, tanto Kevin como otros connacionales detenidos tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio lograron llamar a sus familias el 15 de mayo para confirmarles que aún siguen vivos y pedirles que sigan luchando por su liberación.

“Estoy contenta porque logré hablar con él, pero yo sigo con angustia, con ese dolor de una madre que no sabe nada de su hijo ni cómo se encuentra. Yo anhelo que me le den libertad, que me lo dejen salir. Él es inocente, simplemente iba a conocer un país y lo detuvieron”, dice con mucho esfuerzo Marisol, tratando de controlar el llanto, como si cada palabra del relato fuera un puñal de frustración en el pecho.

Lorena Espitia, hermana de Arley Daniel Espitia Lara, no olvida la rueda de prensa del 17 de octubre de 2024 en la que Diosdado Cabello, segundo del chavismo, llamó “reclutador de paracos” a su hermano y lo metió dentro de un organigrama de un supuesto grupo de mercenarios del que destacó varias capturas. A Arley lo detuvo la guardia venezolana el 13 de septiembre del año anterior en Ureña, estado Táchira, y se lo llevaron a Caracas sin dar explicaciones. Él se encontraba con una amiga de nacionalidad venezolana, quien le había pedido acompañarla unos días.

“Lo acusan de ser un jefe paramilitar, reclutador de paracos y de organizar y llevar al ‘Tren de Aragua’ a Venezuela. Él es un campesino (24 años), nosotros somos campesinos de Boyacá; gente humilde y trabajadora”, señala Lorena, agregando que Arley también pudo comunicarse con su familia el 15 de mayo.

El miércoles, la canciller Laura Sarabia se reunió por primera vez con las familias de los colombianos para escuchar sus preocupaciones y transmitir las acciones que se han venido realizando ante las autoridades venezolanas. Hasta el cierre de esta edición, la embajada de Colombia en Caracas registra 28 colombianos privados de la libertad, de los cuales 10 se encuentran en proceso de identificación y ubicación de sus familiares. Los últimos, según las versiones de Miraflores, estarían vinculados al plan que buscaba “boicotear” las elecciones regionales del 25 de mayo.

El embajador Milton Rengifo es quien ha estado al frente del diálogo con el chavismo en los últimos meses e incluso ha sostenido reuniones en Cúcuta con algunas familias a las que les ha expresado que ha hecho “lo humanamente posible” para llegar a un acuerdo con el régimen y poder realizar visitas consulares para brindar asistencia, pero la misión diplomática no lo ha conseguido, a pesar del envío de 18 notas verbales. Ahora bien, la canciller Sarabia anunció el miércoles que se logró programar “una visita de la Cruz Roja, la Defensoría y de organizaciones internacionales para revisar el estado de salud y las garantías que se les está brindando”.

De acuerdo con un informe del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), el régimen de Maduro utiliza cárceles como El Rodeo I para concentrar ahí a extranjeros debido a su capacidad para mantener a los detenidos en condiciones de alta seguridad y aislamiento, lo que dificulta la comunicación con el exterior y por tanto el apoyo de sus familiares y defensores.

Antes del contexto poselectoral, organizaciones defensoras de derechos humanos, Amnistía Internacional, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), enviaron una carta al ministro para el Servicio Penitenciario de Venezuela, Julio García Zerpa, manifestando preocupación por las condiciones de reclusión en el centro penitenciario El Rodeo I.

“Según la información que hemos recibido, las condiciones de reclusión en el ‘Rodeo I’ son crueles, inhumanas y degradantes, y en ciertos casos, podrían llegar a constituir tortura”, dice la misiva enviada el pasado 25 de junio.

Yari Navarro comenta que, aunque la mayoría de connacionales dicen que pudieron hacerse una revisión médica y están bien, los notaron emocionalmente deteriorados cuando recibieron las recientes llamadas. Ella es tía de Brayan Navarro Cáceres, perteneciente a la etnia arhuaca del municipio de Pueblo Bello, Cesar. Tres meses antes de su detención el 6 de enero, este joven de 28 años había comenzado a trabajar como chofer de una familia colombiana en Valencia, la capital del estado de Carabobo. Los motivos de la privación de su libertad se desconocen.

Navarro se ha convertido en la vocera de 16 familias que se han unido para exigir justicia creando un grupo que bautizaron como ‘Familiares unidos por un mismo dolor’. Hasta la fecha, han hecho dos plantones en la Cancillería y el Congreso de la República, el 28 de abril y el 21 de mayo, y en cada municipio del que son oriundos los colombianos se han llevado a cabo marchas y velatones. También han acudido a distintas instituciones buscando ayuda y colocando las denuncias pertinentes. Incluso, algunas familias han viajado hasta Venezuela, sin obtener éxito.

“Todo quedó en un segundo plano, lo laboral, lo sentimental. Hemos perdido nuestros trabajos”, explica Navarro. Y sostiene que ninguno de los colombianos tiene antecedentes penales o cuentas con la justicia. “Todas han sido detenciones arbitrarias, son inocentes”, afirma.

Sarabia manifestó que en el marco de la Cumbre del Caribe en la que habló con su homólogo Yván Gil, y se solicitó que se permita que los colombianos detenidos reciban asistencia consular.

“Acciones que pensamos emprender en el corto plazo no las podemos dar a los medios debido a la sensibilidad del tema y la protección de los connacionales. Esto no quiere decir que no trabajemos sin descanso”, apuntó el viceministro Mauricio Jaramillo. El Ministerio se comprometió a mantener encuentros periódicos con las familias para comunicar avances.

“Creo que logramos tocar el corazón de la Cancillería para que actúen en pro de la justicia”, asegura la vocera Navarro.

“Nos dicen que debemos tener paciencia, pero no saben el dolor que estamos pasando”, expresa Marisol, quien insiste en que su hijo Kevin es “un muchacho trabajador y juicioso”.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política