La decisión sobre la legalización de la medida de aseguramiento para Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto, presuntos responsables del asesinato del ganadero Esteban Urueta y sus trabajadores: Fredys Beleño y Gerardo Marzola, se concretará esta semana.
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El ganadero Esteban Urueta y sus trabajadores, Fredys Beleño y Gerardo Marzola fueron asesinados en la zona rural de Chimá, en los límites con Ciénaga de Oro (Córdoba), cuando estarían verificando el presunto robo de 700 cabezas de ganado que eran administradas por Cristian Petro.
El próximo 15 de noviembre la juez de control de garantías Irma Padilla tomará la decisión de enviar a un centro carcelario a las dos personas investigadas, o concedería detención domiciliaria; por el contrario los dejearía en libertad.
A partir de las ocho y treinta de la mañana se conocerá la decisión esperada por la comunidad de Córdoba y Sucre- y ganaderos indignados de todo el país-.
A partir de ese momento las partes intervinientes en el caso podrán hacer sus apelaciones y es muy probable que se escoja la fecha del 18 de noviembre del año en curso para iniciar este nuevo proceso.
Contradijo las pruebas
Durante el proceso, la representante de las víctimas, Zulay Rico, se ha referido a presuntas inconsistencias en las declaraciones de algunos testigos presentados por la defensa de los presuntos asesinos, los abogados Lesmer Quintero y Antonio Luis González.
Se refirió a testigos de las supuestas agresiones físicas y psicológicas que habrían ejercido funcionarios del Gaula de la Policía Nacional sobre Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto, el día de ocurrieron los hechos en la zona rural de Chimá (Córdoba).
De la misma manera, Zulay Rico defendió la legalidad de las pruebas presentadas por la Fiscalía, ante el argumento de la defensa que fueron conseguidas en forma ilegal.
La representante del Ministerio Público refutó además una prueba que también mostró uno de los abogados defensores, relacionada con una camisa que habría llevado puesta Cristian Petro el día que supuestamente fue agredido por un miembro del grupo Gaula.
Por su parte, el fiscal delegado y el abogado de la familia de Esteban Urueta no objetaron las pruebas presentadas por la defensa.
Los cuerpos de las tres víctimas fueron encontrados dentro de una fosa, con heridas de armas de fuego, golpes con armas contundentes y posteriormente incinerados.
El proceso de identificación fue dispendioso por la forma como quedaron los cuerpos después de la acción de los presuntos asesinos.
Cristian Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, se escondían en Cartagena, hasta donde les llegaron las autoriades luego de interceptaciones telefónicas y seguimientos, en los cuales incluso usaron drones.
Un juez de control de garantías legalizó las capturas por los presuntos delitos de homicidio agravado, hurto agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.
Francisco Javier Barrios
Especial para EL TIEMPO
Sincelejo