Se enfrentan Alcaldía de Cartagena, ANI y directivas del aeropuerto Rafael Núñez por supuesta 'expropiación'

La ampliación del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, considerado uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del Caribe colombiano, ha dejado de ser un símbolo de progreso para convertirse en el epicentro de un conflicto urbano y social que enfrenta al Gobierno Nacional con la Alcaldía Distrital de Cartagena y la comunidad del tradicional barrio Crespo.

Las denuncias de los vecinos, que advierten posibles afectaciones sociales, civiles y ambientales por las obras en curso, prendieron las alarmas en la administración del alcalde Dumek Turbay, quien tras escuchar a los ciudadanos en una reunión realizada el pasado sábado, anunció un giro en la postura del Distrito frente al proyecto, adoptando una estrategia de defensa legal para garantizar el respeto al ordenamiento territorial y los derechos de la comunidad.

Cartagena no puede continuar siendo tratada como un escenario donde se imponen decisiones desde el centro del país, sin tener en cuenta el tejido social, la planificación urbana y los valores ambientales que sustentan nuestra ciudad

Dumek TurbayAlcalde de Cartagena

En ese sentido, el alcalde advirtió que se tomarán las acciones necesarias para revisar la legalidad de las expropiaciones y del uso del suelo en la zona intervenida.

Un predio en disputa y una medida de suspensión

El detonante de la controversia fue el cerramiento de un predio aledaño a la terminal aérea, ejecutado por la concesión OINAC, firma privada encargada del desarrollo del proyecto aeroportuario. Ese lote, propiedad de la Aeronáutica Civil y ubicado en una zona de alta sensibilidad urbana, fue cercado sin que se presentaran ante las autoridades distritales los permisos necesarios, lo que motivó una respuesta inmediata por parte de la Alcaldía.

El lunes, como primera medida, funcionarios de la Dirección de Control Urbano, la Secretaría del Interior, la Gerencia de Espacio Público y la Inspección de Policía del Distrito impusieron un sello de suspensión a las obras. Según explicó la administración, el operador no contaba con las autorizaciones exigidas por las normas urbanísticas para adelantar trabajos en ese terreno.

La situación tomó un cariz aún más delicado cuando se conoció que la comunidad teme que otras propiedades privadas del sector también sean objeto de expropiación, al amparo de una declaratoria de utilidad pública expedida por el Ministerio de Transporte.

Expropiaciones bajo la lupa: solicitud de expediente y medidas jurídicas

Ante esta posibilidad, el alcalde Turbay solicitó formalmente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), a la Aeronáutica Civil y a OINAC la entrega del expediente administrativo que contiene la Resolución No. 20232000003805 del 31 de marzo de 2023. Dicha resolución declara de utilidad pública e interés social el Proyecto de Asociación Público Privada “Aeropuerto de Cartagena”, lo cual permitiría legalmente la adquisición forzosa de inmuebles.

“El objetivo es revisar el expediente con rigurosidad jurídica y técnica, y decidir sobre el medio de control que se adelantará para defender nuestra autonomía territorial y el ordenamiento del territorio. Este proyecto parece desconocer los usos del suelo definidos en el POT y genera un estrés colectivo en todo un barrio tradicional como Crespo”, explicó el mandatario distrital.

En el oficio enviado a Óscar Torres Yarzagaray, presidente de la ANI; a Carlos Cuartas, gerente de OINAC; y a José Pinto, director de la Aeronáutica Civil, Turbay recalcó que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena establece las condiciones de compatibilidad del uso del suelo, y que cualquier intervención que desconozca este marco atenta contra la planificación legalmente constituida del Distrito. 

Gobierno Nacional defiende la obra como clave para el Caribe

Frente a los reclamos de la administración local, la Agencia Nacional de Infraestructura destacó a EL TIEMPO su respaldo al proyecto y reiteró que la obra cuenta con todos los soportes legales. En respuesta a la solicitud del Distrito, la ANI pidió a la concesión OINAC entregar la documentación necesaria que acredite el uso legítimo del predio en cuestión.

Entre los documentos aportados por la concesión, se destaca la Resolución No. 20232000003805 del Ministerio de Transporte y el Decreto Ley 019 de 2012, el cual establece que las ampliaciones o modificaciones de aeropuertos nacionales e internacionales no requieren licencia urbanística, una exención que ha sido duramente cuestionada por las autoridades locales, al considerar que no puede imponerse sobre el orden jurídico municipal.

Lo que está en juego: crecimiento vs. armonía territorial

La ampliación del aeropuerto Rafael Núñez incluye la construcción de un nuevo edificio para vuelos internacionales que duplicará la capacidad actual, cinco puentes de abordaje, nuevas salas de espera, una calle de rodaje, la modernización de la vía de acceso, la creación de plazas de estacionamiento y otros desarrollos técnicos. 

Según las proyecciones de la ANI y del operador OINAC, las obras generarán más de 400 empleos directos e indirectos en su fase inicial y permitirán que Cartagena reciba un mayor flujo de pasajeros y turistas.

Sin embargo, para la comunidad de Crespo, la magnitud del proyecto y la falta de consulta ciudadana en su planeación están generando una ruptura entre la promesa de desarrollo económico y el derecho a vivir en un entorno planificado y protegido. Los vecinos insisten en que no se oponen al progreso, pero reclaman que este no puede construirse a espaldas del territorio ni de sus habitantes.

Nueva mesa de concertación y próximos pasos

EL TIEMPO pudo establecer que parte del compromiso institucional para lograr una salida dialogada al conflicto, el próximo 9 de mayo se realizará una nueva mesa de concertación entre la Alcaldía, la concesión OINAC, la ANI, la Aeronáutica Civil, la Defensoría del Pueblo, la Personería de Cartagena y representantes de la comunidad. 

"El objetivo será presentar los documentos requeridos, escuchar a las partes y definir un marco de acción que permita avanzar en las obras sin vulnerar el marco legal distrital", dijo el presidente de la ANI a EL TIEMPO

Mientras tanto, la Alcaldía continúa revisando la legalidad de la declaratoria de utilidad pública y evalúa las posibles acciones judiciales que emprendería para garantizar la autonomía del ordenamiento territorial de Cartagena.

“Esta no es una pelea contra el desarrollo. Es una defensa legítima de nuestra ciudad, de nuestro territorio y de los derechos de los cartageneros”, concluyó el alcalde Dumek Turbay en dialogo con este medio.