¿Se cocina acuerdo entre Cancillería y Thomas Greg? Esto es lo que se sabe sobre el futuro de la millonaria demanda por los pasaportes

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"El despacho accederá a decretar la suspensión por el plazo señalado por las partes porque se cumple el requisito legal". Con esta decisión de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, emitida este 23 de enero, se extendió el congelamiento del proceso por la millonaria demanda de los pasaportes que radicó la Unión Temporal Pasaportes 2023, de la que hace parte la firma Thomas Greg & Sons. Su reactivación quedó finalmente para el 4 de febrero.

El 3 de octubre de 2024 se decretó la suspensión del debate legal entre el 4 de octubre de 2024 hasta el 23 de enero de 2025 por solicitud conjunta de Cancillería y Thomas. Se dieron 60 días hábiles para que la firma estudiara internamente la posibilidad de retirar la demanda por 117.000 millones de pesos por el acto administrativo que declaró desierta la licitación pública LP-001-2023 para suministrar el servicio producción de los pasaportes.

Pasados estos meses, y tras múltiples consultas con sus socios extranjeros, la empresa todavía no ha tomado una postura definitiva. Por tal motivo nuevamente las partes acordaron solicitar 11 días adicionales para seguir explorando alternativas.

"En atención a lo dispuesto por el artículo 161 numeral 2 del Código General del Proceso, solicitamos de común acuerdo la suspensión del proceso desde el próximo 23 de enero de 2025 hasta el 04 de febrero de 2025, ambas fechas inclusive", se lee en el memorial de suspensión conjunto radicado en el Sistema de Gestión Judicial, SAMAI.

El argumento para retirar la demanda

La demanda cuestiona las decisiones que en su momento tomó el entonces canciller Álvaro Leyva al declarar desierto el proceso licitatorio por $599.651.582.571 al que únicamente había quedado habilitada la Unión Temporal Pasaportes 2023.

La multinacional alega la vulneración a sus intereses y derechos al haber obtenido la máxima calificación para que se le adjudicara el contrato.

De hecho, por irregularidades cometidas en esa licitación, la Procuraduría decidió sancionar a Leyva con una inhabilidad y destitución para ejercer cargos públicos por 10 años, fallo de primera instancia que fue apelado por su defensa.

El excanciller frenó ese negocio porque consideró que estaba direccionado a la empresa Thomas Greg, que desde hace años se encarga de ello. Sin embargo, para el ente de control Leyva lo hizo mal, ya que vulneró principios de tipo económico, de transparencia y de responsabilidad.

Bogotá 18 de Junio 2024.
El ex canciller Álvaro Leyva , en declaración libre en la Procuraduría General por el caso de Pasaportes.

Ahora bien, los apoderados del Ministerio de Relaciones Exteriores en este litigio argumentan que Thomas Greg no perderá las utilidades que tenía previstas por la fallida licitación pública LP-001-2023 al habérsele otorgado un nuevo contrato bajo urgencia manifiesta para seguir al frente de la impresión de las libretas hasta agosto de 2025, antes de que esta función sea asumida por la Imprenta Nacional. Dicho contrato quedó en firme por un valor total de 206 mil millones de pesos.

Hacia dónde apunta el pleito

Fuentes cercanas a Thomas Greg señalaron que, si bien todavía no hay una decisión final, se están buscando salidas. "Lo cierto es que Thomas Greg no vive de demandar al Estado, vive de ejecutar contratos...y está viendo salidas", señalaron.

Si después de realizar su estudio la firma decide insistir en sus pretensiones, se retomaría el debate procesal. En este está pendiente por resolverse una solicitud de aclaración presentada por parte de la Cancillería al auto proferido el pasado 26 de julio de 2024 que anuncia que se proferirá una sentencia anticipada.

"Todavía no tenemos certeza de que va a pasar una vez termine la suspensión", dicen en el Gobierno.

Despuès del 3 de octubre, cuando expire el actual contrato de pasaportes con Thomas Greg, este seguirá con el servicio de impresión.

En el caso de que se retome el proceso judicial y la magistrada Bertha Lucy Ceballos Posada dicte sentencia anticipada y niegue las pruebas, la Cancillería conserva la posibilidad de interponer recursos que tendría que resolver ese mismo despacho e incluso el Consejo de Estado.

El caso que empezó con Álvaro Leyva y pasó por las manos de Luis Gilberto Murillo se resolverá ahora con Laura Sarabia al frente del Ministerio. La saliente directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) tiene todo listo para asumir a partir del 1° de febrero en el Palacio de San Carlos.

Durante su gestión, Murillo lideró el cambio de modelo de los pasaportes. La fabricación será responsabilidad de la Imprenta Nacional, la cual entró en una fase de transición apoyada por el gobierno de Portugal, pues la entidad estatal no cuenta actualmente con las capacidades para afrontar esa misión.