Se aumentarán importaciones de gas y subirán precios: Contraloría

Colombia ha “sufrido”, 10 reformas tributarias en los últimos 20 años y cuatro Gobiernos. Y algunos de los impuestos creados como “temporales”, aún siguen vigentes. Son los casos del 4x1000, que todos los Gobiernos han conservado a pesar de que lo reconocen como “antitécnico” y el del IVA, elevado al 19 por ciento. Cada una de esas propuestas de reforma tributaria, se ha presentado, en promedio, cada 1.7 años.

El contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, en diálogo con este cronista para EL TIEMPO, propone la “formulación de una verdadera reforma tributaria estructural”. Lanza la iniciativa a propósito de la llamada “ley de financiamiento”, o reforma tributaria que el ministro de Hacienda presentó en el Congreso.

El contralor Rodríguez, abogado, especialista en derecho administrativo y magíster en derecho constitucional, considera, por otra parte, que la situación energética de nuestro país es “crítica”. El diálogo con el contralor general se abre con esta pregunta:

¿Cómo se han manejado y cómo se deberían manejar todos los déficits que afronta el país?

El país presenta actualmente muchos déficits: económicos, presupuestales y de equidad, entre otros. En lo referente al déficit presupuestal, es prudente destacar dos factores: por un lado, la formulación de una verdadera reforma tributaria estructural que permitiría disponer de un sistema tributario robusto y moderno que fortalezca el recaudo, permitiendo el financiamiento autónomo y adecuado del gasto público; con esto podríamos evitar reformas tributarias fiscalistas a corto plazo. Por otro lado, se necesitan fortalecer los procesos de ejecución del gasto del Estado de tal manera que los proyectos de inversión lleguen a su culminación y contribuyan, por sus efectos multiplicadores, a un mayor crecimiento de la economía, lo que afecta positivamente el recaudo en el mediano y largo plazo.

¿Para qué lo que usted llama “una verdadera” reforma tributaria?

Permitiría disponer de un sistema tributario robusto y moderno que fortalezca el recaudo, permitiendo el financiamiento autónomo y adecuado del gasto público.

Pero, reforma tributaria estructural, como usted la define, ¿qué quiere decir?

Que su objetivo principal no sea aumentar el recaudo, aun cuando en la práctica lo incremente en algunos tributos, pero en otros los pueda disminuir, y solucionar aquellos factores que atentan contra la estabilidad y continuidad en el recaudo de los tributos, como la complejidad del estatuto tributario, la multiplicidad de tributos y gravámenes, los engorrosos trámites administrativos, entre otros. Así se podría, además, evitar reformas tributarias fiscalistas a corto plazo.

¿Qué significa reformas fiscalistas a corto plazo?

Una reforma fiscalista a corto plazo significaría un ajuste en las tarifas, en los descuentos tributarios o la creación de otros tributos, cuyo recaudo podría no ser tan significativo, cuyo objetivo es aumentar rápidamente en la siguiente vigencia el recaudo para financiar unos gastos presupuestales, pero sin resolver los problemas del sistema tributario de fondo que hemos mencionado, como la complejidad del estatuto, la progresividad de los tributos, la estructura de beneficios, entre otros. El problema de estas frecuentes reformas tributarias es que sus efectos positivos en el recaudo se agotan o estabilizan en una o dos vigencias y el Estado colombiano vuelve a presentar necesidades de recursos, con lo cual se vuelve a discutir y aprobar en dos años otro proyecto de reforma tributaria.

Contralor, usted ha emitido una alerta ante un posible desabastecimiento de combustibles. ¿Qué podría ocasionar esta situación y en qué plazo se daría ese desabastecimiento?

Hay diversos aspectos energéticos críticos, no todos ellos se refieren específicamente al desabastecimiento, pero nos preocupan por su incidencia en la economía del país. Por una parte, está la autosuficiencia en petróleo y gas, los cuales, en un horizonte de 6 a 7 años, pueden agotarse si todo sigue igual. Siendo posible la importación, preocupa la pérdida de autosuficiencia en gas que nos llevará necesariamente a importarlo, con el consecuente incremento de los precios internos y una pérdida de soberanía energética, más un impacto económico negativo para el bolsillo de los colombianos. En cuanto a combustibles líquidos (gasolina, ACPM y Jet), la alerta se da en el sentido de que no se cuenta con infraestructura confiable de almacenamiento estratégico, por lo que incidentes en la cadena de suministro, salida de operación de refinación o problemas en puertos de importación pueden efectivamente llevar a un desabastecimiento temporal en corto tiempo. Ya el país perdió o está muy cerca de perder su autosuficiencia en estos combustibles y no hay proyectos importantes de refinación a futuro, lo que nos obliga a depender cada vez más de producto importado que es más costoso.

¿Cree usted que la importación de gas será prácticamente obligatoria?

Absolutamente sí. Ya estamos importando desde 2016, si no fuera así no tendríamos gas para plantas térmicas. Adicionalmente, debemos incrementar la importación dado el crecimiento de la demanda y la declinación de los campos de producción. El mismo Ecopetrol debe usar su gas para autogeneración y para su producción. Son razones, entre otras, por las cuales la Contraloría General hace una advertencia para que frente a esos puntos diseñe y ejecute lo que le compete para evitarle un daño patrimonial al país.

Entonces, para usted, ¿es inminente un alza en las tarifas de energía y gas?

En el contexto actual de baja hidrología, con reservas en mínimos históricos durante los últimos tres meses y precios en bolsa superiores a $1.500 por kWh (kilovatio hora), se anticipa que el próximo año los costos de los generadores, y en consecuencia las tarifas a los usuarios, pueden incrementarse.

¿Pueden incrementarse o se incrementarán?

Se incrementarán dado que la demanda de energía, al igual que la de gas, crece por encima de su oferta.

¿Y los hallazgos de gas que se han hecho en el mar Atlántico?

El gas nacional no se va a tener antes de 5 años y el gas importado es mucho más costoso dado el incremento por el transporte.

Una caída en la inversión en el sector energético, ¿qué consecuencias traería?

Aumenta la vulnerabilidad del país y por eso es necesario seguir invirtiendo en el sector energético. Este sector ha sido el soporte fundamental de los gastos de inversión de la Nación. Todas estas preocupaciones que amenazan la seguridad energética motivaron la advertencia que le hicimos al ministro de Minas para que materialice actividades que eliminen el riesgo de carecer de energía y combustibles.

¿Cómo observa usted la evolución de la ejecución presupuestal? ¿El Gobierno y las diversas entidades estatales están demoradas en ejecución?

En la presente vigencia para la Contraloría General ha sido una preocupación constante el comportamiento del presupuesto general que a octubre presentó un porcentaje de ejecución del 62,9 %, mucho menor al presentado en el mismo período del año pasado cuando fue de 71,5 % y frente al promedio de los últimos 6 años de 68,3 %, menos 5,3 puntos porcentuales.

¿Qué le preocupa fundamentalmente de esta situación?

El comportamiento de la inversión que lleva a la misma fecha un porcentaje de ejecución de solo el 39,2 % siendo sustancialmente más bajo que lo presentado en el mismo período del año pasado cuando registró el 54,4 % y frente al promedio de los últimos 6 años del 52,2 %. Preocupantes cifras presentan sectores como agricultura con un 21.2 %. Transporte, cuyo rubro de inversión cuenta con una apropiación de 13.96 billones de pesos y a noviembre 18 de 2024, cuando ya han transcurrido más de 10 meses de la vigencia, solo ha logrado comprometer o ejecutar el 29.12 %, es decir, cerca de 4 billones de pesos. Vivienda, que dispone de cuantiosos recursos y es un sector clave para la reactivación económica y el cumplimiento del Plan de Desarrollo, presenta bajo nivel de ejecución.

¿Cómo ve usted el comportamiento del recaudo tributario?

En general, a octubre de 2024 los datos muestran un comportamiento preocupante del desempeño del recaudo tributario. A octubre de 2024 se habían recaudado por concepto de ingresos tributarios $207,97 billones, lo que representa un nivel de ejecución del 65,8 % respecto a la proyección anual vigente por $315,9 billones. Con respecto al mismo mes del año anterior, el recaudo tributario presentó una caída nominal de 9,4 % y real del 14,1 % , tendencia que parece mantenerse en lo que resta del año teniendo en cuenta que ya culminó el cronograma de pagos de las cuotas del impuesto de renta para grandes contribuyentes, personas jurídicas y naturales.

En su concepto, ¿la estructura de la Dian se está quedando obsoleta frente a las necesidades de fiscalización que se requieren?

Lo que representa un obstáculo para concretar las necesidades de fiscalización es la complejidad del sistema tributario y fiscal. La simplificación de ese sistema sí que es un escenario fértil para tratar de mejorar esa función del Estado.

¿Cómo mejorar lo que usted llama complejidad del sistema tributario?

Partamos de la base de que un sistema tributario simple y transparente contribuye a un mayor y más oportuno recaudo y puede minimizar los costos y trámites administrativos asociados a ese recaudo.

¿Cuáles son sus críticas concretas al sistema tributario?

Son varias razones que nos permiten afirmar que nuestro sistema tributario es engorroso y complejo, que impide alcanzar los objetivos mencionados anteriormente. Por un lado, tenemos un estatuto con aproximadamente 900 artículos, que ha sido modificado más de 170 veces y que se encuentra plagado de numerosas exenciones, tratamientos tributarios diferenciados como descuentos, beneficios, entre otros, que favorecen a sectores o grupos de personas en particular y cuyo impacto no se ha determinado claramente.

¿Cómo ve el futuro de la ley de financiamiento o reforma tributaria que cursa en el Congreso?

Es importante recordar que el estatuto presupuestal contempla la figura de la presentación de presupuestos desequilibrados, esto es, que los ingresos presupuestados sean menores a los gastos, para lo cual el Gobierno Nacional debe presentar una ley de financiamiento para conseguir estos recursos y, si no se aprueba, debe recortar los gastos en el monto desfinanciado. En el caso particular para el presupuesto 2025, el desfase asciende a $12 billones de pesos. La Contraloría considera que, aunque los temas de reactivación económica y de sostenibilidad fiscal y ambiental son de gran importancia para el país, el proyecto de ley de financiamiento se debería centrar y exclusivamente tener el objetivo de obtener los recursos adicionales para equilibrar el presupuesto de 2025. Otros temas o cambios profundos o integrales al sistema tributario se deberían abordar o tramitar a través de las llamadas reformas tributarias, o en otro tipo de proyectos de ley, si se pretende estimular en el mediano o largo plazo algún sector en particular o la economía en general. Reiteramos la importancia de la aplicación rigurosa de los preceptos contenidos en el Estatuto Presupuestal.

¿Es decir?

Una buena proyección de los ingresos que sustenta los gastos y de ejecutar los recursos que se asignen.

¿Cómo se vienen manejando las finanzas públicas?

En general, las finanzas públicas y el manejo macrofiscal en Colombia ha sido prudente, técnico y riguroso.

En su opinión, ¿cuál es el mayor foco de corrupción hoy en Colombia?

Áreas como la atención y prevención de desastres, la alimentación escolar de los niños, la contratación de infraestructura para satisfacer necesidades básicas como el acueducto, alcantarillado, saneamiento básico, salud y transporte. ¡Terrible!

YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO