Sandra Ortiz: ¿qué implica para el Gobierno la decisión de una jueza de enviarla a la cárcel?

Hace siete meses Sandra Ortiz, entonces consejera presidencial para las Regiones, iba todos los lunes a la Casa de Nariño. Tenía un puesto privilegiado en el consejo de ministros, que lideraba el propio presidente Gustavo Petro. Pero desde ahora, la exalta funcionaria pasará sus noches en prisión. 

Este miércoles 18 de diciembre una juez la envió a prisión -salió esposada del complejo judicial de Paloquemao, Bogotá- al encontrar suficientes pruebas de su supuesta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad de la cual se habrían robado -según las investigaciones- miles de millones de pesos para repartir entre congresistas con el propósito de favorecer las reformas sociales. A Ortiz, excongresista de la Alianza Verde, se le señala de haber entregado una maleta con 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name. 

Esa decisión tiene un impacto directo en el corazón de la Casa de Nariño, pero también en el Capitolio. Con la caída de Ortiz, si bien no se ha demostrado su culpabilidad, podrían caer otros pesos pesados, como Carlos Ramón González, un ex-M19 de las entrañas del presidente Petro, quien también salió del Gobierno por su presunta participación en el entramado de corrupción.

Los efectos en la Casa de Nariño tras caída de Sandra Ortiz

También, se podrían ver afectados congresistas, quienes durante las últimas semanas han tenido que cruzar la plaza de Bolívar, en pleno corazón de Bogotá, para ir del Capitolio a la Corte Suprema de Justicia, su juez natural, tras ser salpicados en el escándalo.

"Es un tsunami en la Casa de Nariño. Es un segundo elefante -el primero fue el de Ernesto Samper- porque marca un punto de no retorno donde los días están contados para otros actores de alto perfil que pueden estar involucrados en la comisión de actos de corrupción. Esto deteriora la poca gobernabilidad que tiene el Presidente en el Congreso y, de manera particular, es un sello que va a cargar en lo que resta de administración el gobierno Petro", afirmó el analista político Jairo Libreros.

En esa misma línea coincide en también analista Alejandro Chala, pero hace énfasis en que el Gobierno no puede seguir desmarcándose del escándalo, pues alguien de su seno, quien además está acusando a "una persona muy poderosa de la Presidencia", ya está en prisión por este escándalo de corrupción de más de 100.000 millones de pesos. 

"Es un gran golpe. No creo que todavía es un golpe a la gobernabilidad, pero es un gran golpe. Es una figura que hacía parte del círculo cercano al gabinete presidencial que termina siendo sindicada y apresada por este caso de corrupción. En lo simbólico, genera mucho ruido. Genera ruido por la narrativa que el Gobierno ha sostenido frente al escándalo de corrupción, acusando solamente a Olmedo López, Sneyder Pinilla y, recientemente, a los congresistas de ser las cabezas. Sobre todo cuando Ortiz señala que hay alguien detrás", señaló Chala. 

E insistió en que "el Gobierno ya no puede seguir sosteniendo que es un relato en que sus funcionarios no tienen nada qué ver. Eso puede terminar tumbando a otras figuras importantes. La narrativa de victimización tiene que cambiar, tiene que haber un reconocimiento, más allá del que hizo el presidente Petro en la instalación del Congreso".

Y es que el Gobierno ha tratado de desmarcarse. Si bien el presidente Petro asumió la responsabilidad por haber nombrado a Olmedo López en la UNGRD, durante las últimas semanas desde Casa de Nariño han insistido en que esas prácticas que hoy tienen en el ojo del huracán a exministros -como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco- y al menos 8 congresistas, han sido habituales en el sistema político nacional. Hasta el momento de publicar esta nota, el presidente Petro había guardado silencio. Desde que se conoció la noticia, dio un discurso de más de media hora en un ascenso de oficiales de la Fuerza Pública y publicó 13 trinos, pero no mencionó el caso de su exconsejera presidencial, quien además está enfrentada con Laura Sarabia, su mano derecha. 

El impacto en el trámite de las reformas 

Si bien este escándalo no ha impedido el avance de las reformas sociales en el Congreso, aunque el Gobierno ha sufrido varias derrotas-, se prevé que sea un ingrediente más en contra de las iniciativas, pues el 2025 es un año preelectoral. Más de un congresista lo pensará dos veces en votar a favor del Gobierno con la sombra del escándalo de corrupción, tal y como sucedió con la reforma tributaria donde la presencia del ahora exministro Bonilla jugó en contra y ni el relevo en esa cartera, ni el manejo político del ministro Juan Fernando Cristo, salvaron la iniciativa. La oposición va a utilizar este hecho como un arma de campaña contra un movimiento político que busca seguir en la Casa de Nariño, a la cual llegó bajo la bandera de luchar contra la corrupción. 

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política