Royer Garzón, vocero de Comuneros del Sur, habla sobre entrega de armas y niega vínculos con autodefensas de Nariño

En medio de la recta final del gobierno de Gustavo Petro y en un momento decisivo para la cuestionada política de ‘paz total’, el Frente Comuneros del Sur reafirmó esta semana su voluntad de avanzar hacia una salida negociada al conflicto. Así lo expresó su vocero, Royer Garzón -conocido como Jairo por las autoridades-, en diálogo con EL TIEMPO al cierre del séptimo encuentro de la Mesa para la Co-construcción de la Paz Territorial de Nariño, donde sostuvo que, aunque no existe un marco jurídico claro, su organización no considera esto un impedimento para seguir dialogando.

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La conversación ocurrió minutos después de la firma de un acuerdo entre el grupo armado y el Gobierno para establecer una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el municipio de Mallama, en el departamento de Nariño, a unos 120 kilómetros de Pasto. Aunque aún no se conocen en detalle las condiciones de funcionamiento de esta zona, el grupo ha manifestado su disposición a entregar las armas y a desvincularse de las economías ilícitas.

Sin embargo, la firma de este acuerdo parcial no ha estado exenta de controversia. Habitantes de la región han denunciado supuestos vínculos entre miembros de Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño -relación que fue negada por el vocero-, un bloque paramilitar que, según versiones, estaría integrado por hombres de esta disidencia del Eln y estaría detrás el asesinato de Luis Aurelio Araujo y de los dos integrantes de su esquema de protección, Jesús Albeiro Chávez y Jackson Solarte.

Garzón, finalmente, se refiere a la situación jurídica de Gabriel Yepes Mejía, alias HH, comandante del Frente Comuneros del Sur, solicitado en extradición por Estados Unidos, y sobre quien afirma que “sigue comprometido con el proceso”.

Se firmó un acuerdo para que ustedes se trasladen a una zona de ubicación temporal, ¿bajo qué condiciones llegarán a ese espacio?

La zona de ubicación temporal no ha sido una imposición ni del Gobierno nacional ni tampoco de Comuneros del Sur. Ha sido una recreación de lo que está en la política de ‘paz total’, en donde se menciona la figura de zona de ubicación temporal. Nosotros adoptamos esta figura en común acuerdo con el Gobierno y decidimos implementarla teniendo en cuenta la gradualidad del proceso, pero teniendo presente que no había las condiciones completas como para entrar en una localización definitiva. Entonces, el acuerdo se hará de manera gradual.

¿Cómo funcionará?

Nos imaginamos un espacio pequeño, un espacio como su nombre lo menciona, temporal, un espacio que se debe de ajustar con unas condiciones básicas y necesarias de habitabilidad y que permita desde allí fortalecer los otros procesos como lo menciona el acuerdo. Esto tiene que ver con la sustitución, tiene que ver con las acciones humanitarias. Entonces, no solamente es un espacio de localización, sino que también es un espacio que nos permite animar todas los compromisos y acuerdos que venimos desarrollando.

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¿Cómo van a llegar a ustedes? ¿Hábleme más de esos compromisos y acciones que se establecen en la zona de ubicación en el año de vigencia?

La temporalidad y el objetivo se definieron precisamente según cómo venimos trabajando los otros acuerdos. La ley de ‘paz total’ no especifica una temporalidad, lo cual permite no solo ajustarla a un año, sino también ampliarla de acuerdo con otros factores. En este momento, estamos entrando en una fase de definición y trabajo sobre los protocolos. Es decir, debe haber un alistamiento logístico, que de nuestra parte implica ordenar a las unidades el desplazamiento.

Y también hay un alistamiento administrativo en lo que tiene que ver con el proceso de consulta previa. Pero, de la mano, se debe ir trabajando en la subcomisión para el fin del conflicto que tenemos, una subcomisión en la que participa el Ministerio de Defensa y delegados de las Fuerzas Militares. En esa subcomisión técnica se van a elaborar los protocolos correspondientes para el ingreso y el funcionamiento. Todavía está pendiente, entre las dos partes, elaborar un cronograma para todo esto que estoy mencionando.

Carlos Erazo se ha mostrado optimista frente a la posibilidad de alcanzar un acuerdo antes de agosto de 2026, cuando termina el actual gobierno. ¿Ven realmente viable cerrar un acuerdo en ese plazo?

Sí, claro, no solamente eso. Es decir, los tiempos políticos también son una guía. No se trata de un condicionante, pero sí permiten ir ajustando las necesidades de avance y de acuerdos. Además, el desarrollo de esta ZUT nos permite, si así se acuerda en el intercambio con el Gobierno nacional, replicar la experiencia en otra ZUT, en caso de que sea necesario. ¿Qué quiere decir?

Que las condiciones de esta ZUT coincidan con las de otras que hemos propuesto y significa que, si otra parte importante de la fuerza se encuentra en esas zonas, ya tendríamos un camino avanzado y podríamos implementar otra ZUT con mayor facilidad. Siempre hemos hablado de una, dos o hasta tres ZUT, pero eso depende del intercambio con el Gobierno nacional. Lo más importante ahora es que esta ZUT con la que vamos a arrancar tiene unas condiciones muy positivas para el proceso.

¿Van a entregar las armas antes de ingresar a la zona de ubicación temporal?

Todas las zonas de ubicación tienen como finalidad la dejación o destrucción de armas. No se puede concebir una zona de ubicación temporal sin ese proceso. Por un lado, ya tenemos un acuerdo de destrucción de armas, que vamos a seguir ejecutando, y la ZUT nos permite avanzar en lo relacionado con la dejación de armas, aunque sea de manera gradual. En ese sentido, podríamos decir que contamos con dos herramientas para el abandono de las armas. Eso quiere decir que el acuerdo de una ZUT tiene como propósito avanzar en esas actividades de dejación.

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¿Están dispuestos a desligarse totalmente de las economías ilícitas en el corto plazo?

Claro, es una decisión política que tomamos desde los primeros acercamientos con el Gobierno nacional. Nosotros les expresamos que, si aspiramos a una paz territorial, las economías ilegalizadas deben desaparecer y deben impulsarse procesos de transformación y reconversión económico-productiva. Esto forma parte de lo que se viene trabajando en el acuerdo de sustitución. Entonces, uno de los elementos para poder consolidar la paz territorial es que las economías ilegales desaparezcan. Igual, en el momento que el proceso esté consolidado, pues el frente tomará sus decisiones para irnos alejando de la dependencia de este tipo de ‘impuestación’ a estas economías.

El presidente Petro ha hecho una apuesta arriesgada por este proceso, al punto de frenar la extradición de alias HH, comandante de Comuneros del Sur, a Estados Unidos. ¿El jefe de su organización sí está comprometido con este proceso?

Nosotros no podemos desligarnos, como expresión colectiva, de la conducción de Gabriel (Yepes). Eso mismo lo hemos manifestado en la mesa. Pero tampoco podemos atar la situación de su extradición al ritmo, ya sea de aceleración o de freno, de la mesa de negociaciones. Se ha convertido en una necesidad que debe resolverse en el marco de lo que ya se ha tratado en otros procesos. El comandante Gabriel está cumpliendo con este proceso de negociaciones, ha sido quien ha liderado estos esfuerzos y propuestas. Todo lo que hemos construido hasta ahora, por parte del frente, ha sido iniciativa suya.

Hay denuncias que indican que hombres de Comuneros del Sur estarían vinculados con las Autodefensas Unidas en Nariño, un grupo señalado por disputas territoriales y crímenes contra líderes indígenas. ¿Puede confirmar o negar esa información? ¿Qué responsabilidad asumen frente a esos señalamientos?

Fue una denuncia mediática. En su momento también lo aclaramos ante los medios de comunicación: no existe ninguna vinculación entre esa estructura y el Frente Comunero del Sur. Conocemos que actualmente no se ha reportado datos sobre eso e igual sabemos que en Nariño aparecen y desaparecen grupos. Esas dinámicas están por fuera de lo que nosotros podemos responder, pero en concreto eso fue lo que nosotros manifestamos a las comunidades en los sectores donde nos reclamaban esa vinculación.

Teniendo en cuenta la fragmentación que han vivido otros grupos armados en procesos similares, ¿existe realmente una cohesión interna en Comuneros del Sur que permita evitar rupturas o disidencias?

No hay garantías de que lo que yo diga vaya a ser completamente acertado, porque siempre existe un margen, como señalan los teóricos, en el que cada proceso genera una cierta fracción que no está de acuerdo. ¿Qué podemos decir nosotros? Consideramos que este ha sido un proceso de concientización y de pedagogía interna, y por eso creemos que la gran mayoría estamos convencidos del camino que estamos tomando. Lo hemos diseñado e intercambiado con el conjunto de la militancia, de tal manera que podemos decir con claridad que la gran mayoría está comprometida con una salida negociada y política.

Han manifestado su intención de transformarse en un movimiento político. Más allá de las dudas jurídicas o de la transición formal, ¿a qué tipo de proyecto político aspiran?

El movimiento social y político, tal como lo concebimos, es una reorganización de lo que somos. Al finalizar el proceso, abandonamos la lucha armada y lo que hacemos es reorganizar la lucha social y política con todos los componentes que ya tenemos estructurados como organización. Entonces, a través de la ZUT se puede avanzar en formación política en democracia, pero también se puede ir organizando lo que nos llevaría a ir pensando en cómo nosotros miramos ese movimiento desde lo territorial.

El proceso aún no cuenta con un marco jurídico claro para su desarrollo, lo que genera incertidumbre. ¿Qué tanto se ha avanzado realmente en ese punto en la mesa y qué esperan ustedes?

En términos de seguridad jurídica, creo que hay un indicador importante: el proceso de los compañeros de las ex-Farc. En nuestro planteamiento de un marco jurídico para los hombres de este proceso, este debe ser muy similar, o incluso igual, al de los compañeros de las ex-Farc. Es decir, en este proceso no podemos dejar por fuera elementos que ya han sido reconocidos en otros, como la amnistía, el reconocimiento del delito político y la justicia restaurativa. En eso es en lo que hemos venido trabajando e intercambiando con el Gobierno nacional.

Si Comuneros del Sur se convierte en un movimiento político y abandona el control armado del territorio, ¿qué garantías existen de que ese vacío no será ocupado por otros grupos ilegales?

Hay un tema en el eje número tres que tiene que ver con la seguridad. Eso aún está por construirse, porque el concepto de seguridad integral no se refiere únicamente a la protección para nosotros, sino también a la seguridad de las comunidades. Teniendo en cuenta que el territorio tiene características étnicas, ese diseño de seguridad tiene que ser avalado y tiene que haber participación de las comunidades y reconocimiento de sus mecanismos de protección y de autoprotección. Sin embargo, es indudable que quien tiene el deber de diseñar una política de seguridad acorde con el proceso y con la defensa de la población en los territorios es el Estado. Por tanto, debe ser una política de Gobierno.

¿Cómo les va a responder a las víctimas? ¿Cuál es el compromiso?

Nuestro compromiso con las víctimas es total. Cuando comenzamos a hablar, de manera temprana, de acuerdos humanitarios, sin que existiera un marco jurídico, ni mecanismos de validación o certificación de esas acciones, lo hicimos precisamente porque nuestro compromiso es real y profundo. Estamos llevando a cabo acciones reparadoras y de justicia restaurativa sin que exista aún un marco legal que las respalde. Lo hacemos por convicción política y ética. Sin embargo, ese compromiso debe quedar resguardado en el marco jurídico que se construya. Cuando ya estemos concretando el marco jurídico, habrá avances. Pero sí tenemos el compromiso de entrar en procesos de reconciliación y de verdad.

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Es inevitable que exista desconfianza frente a la ‘paz total’ y a los grupos que hacen parte de ella. ¿Por qué las personas deberían creer que ustedes realmente están comprometidos con la paz?

Yo creo que cada esfuerzo que se haga por la paz, por la salida negociada en Colombia, será siempre válido y siempre va a ser necesario. Cada acción de paz por pequeña que parezca tiene un valor en el contexto del conflicto colombiano y de nuestra historia como país. Todo esfuerzo, grande o pequeño, siempre será legítimo y debe ser reconocido.

No dejan de existir dudas, pero por eso le pregunto: ¿por qué, en este momento, ustedes toman la decisión de apostar por el proceso?

Una razón fundamental es el marco de paz. Aunque no se menciona lo suficiente, existe un marco político que da sustento a estos procesos, y ese marco se llama ley de ‘paz total'. Eso hay que reconocerlo como un avance de este gobierno. No creemos que, en otro contexto o bajo otras condiciones, hubiera sido posible avanzar como lo hemos hecho. Este nuevo marco político ha habilitado todo lo que venimos realizando: acuerdos tempranos, transformaciones territoriales, zonas de ubicación temporal. Por eso, es clave también reconocer el papel que ha jugado este gobierno en la construcción de paz.

CAMILO A. CASTILLO
Enviado especial a Pasto
X: (@camiloandres894)