Residentes del Centro Histórico de Cartagena protestan por exclusión en el Comité de Patrimonio

Cartagena enfrenta una nueva polémica en torno a la administración y la  protección de su legado patrimonial.

El reciente nombramiento del Comité Técnico de Patrimonio ha generado indignación entre los residentes del Centro Histórico, quienes denuncian que en la conformación del equipo no se incluyó a ningún representante de la comunidad, a pesar de lo estipulado por la normativa vigente y el precedente del comité anterior.

El Colectivo de Residentes del Centro Histórico ha manifestado su desacuerdo con la decisión del alcalde y exige una reconsideración inmediata. 

“Nos parece lo más lógico que haya en dicho comité personas que residan en el centro histórico y que nos representen con el fin de poder velar y defender el respeto por la residencialidad en la zona patrimonial”, expresaron en un comunicado.

La principal preocupación de los residentes gira en torno a la proliferación de proyectos comerciales, particularmente nocturnos, que están transformando las viviendas en negocios y acelerando el proceso de gentrificación. Según los denunciantes, el impacto de estas decisiones pone en riesgo la esencia del barrio y la calidad de vida de quienes aún habitan en la zona.

“El año pasado, por primera vez, tuvimos un representante que vivía en el centro histórico y que defendió la norma y nuestros derechos. Pero al parecer su postura resultó incómoda, porque votaba en contra de proyectos que lesionaban a los residentes o incumplían la normativa”, señalaron los miembros del colectivo.

La UNESCO ha insistido en repetidas ocasiones en la necesidad de que Cartagena implemente estrategias para frenar la gentrificación, un fenómeno que ha desplazado a sus habitantes originales en favor de actividades turísticas y comerciales.

Además, en sus lineamientos generales, este organismo internacional promueve la participación activa de las comunidades en la toma de decisiones sobre su entorno.

Los habitantes del centro histórico advierten que la exclusión de un representante comunitario del comité contradice los principios de gobernanza participativa y va en contra del propio plan de desarrollo de la administración local, titulado “Cartagena, ciudad de derechos”.

El llamado al alcalde es claro: reconsiderar su decisión y garantizar que la comunidad tenga voz en la protección del patrimonio. Mientras tanto, los residentes se mantienen firmes en su postura y aseguran que seguirán alzando su voz para evitar que el centro histórico se convierta en un espacio exclusivo para el turismo y el comercio, en detrimento de su identidad y su vida de barrio.

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