Red criminal de deforestación en el Guaviare: funcionarios implicados de la CDA fueron imputados

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer una investigación que expone una red ilegal dedicada a la tala en áreas protegidas del departamento de Guaviare. Las acciones de esta organización compuesta por altos funcionarios y particulares han permitido aumentar la cantidad de madera extraída, vulnerando la normativa ambiental y cuando un grave daño a los ecosistemas.

La investigación judicializó a Luis Orlando Castro Acosta, ex director de la Corporación de Desarrollo Sostenible del Norte y Oriente de la Amazonía (CDA), y a Carlos Andrés Quintero Sánchez, actual funcionario de la entidad.

Asimismo, se ha señalado a Jonathan Ortiz Villamil y Juan Andrés Sánchez, quienes se habrían beneficiado de la expedición irregular de permisos para el aprovechamiento forestal.

Según las pruebas recabadas, los involucrados se concertaron para duplicar la expedición de permisos, lo que permitió aumentar la cantidad de madera extraída de forma ilegal.

En particular, se constató que el exdirector autorizó la emisión de nueve salvoconductos de movilización que excedieron el límite permitido –superando los 108,3 metros cúbicos– para el transporte de especies maderables de alta importancia ecológica, entre las que se encuentran el cedro achapo, el dormidero negro, el dormidero blanco y el botagajo.

¿Qué repercusiones tiene el caso en Guaviare?

La acción delictiva tiene consecuencias de gran alcance en el medio ambiente. Guaviare, reconocido por su riqueza biológica y sus extensas áreas protegidas, sufre un agravamiento en la pérdida de biodiversidad.

Los informes del Ministerio de Ambiente ya señalaban que esta región es una de las más vulnerables frente a la deforestación. La extracción irregular de madera afecta no solo la flora y fauna autóctona, sino que también compromete los servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación del clima y la protección del suelo, lo que es importante para los habitantes de las comunidades aledañas.

El incremento de actividades ilegales en áreas protegidas pone en riesgo la estabilidad ambiental. Además, con eso se afectan los procesos naturales vitales, generando un efecto dominó que podría deteriorar la calidad de vida en la región.

EL TIEMPO intentó comunicarse con la CDA para lograr una contestación frente al caso, pero no tuvo respuesta alguna. Por su parte, este medio se contactó con el Ministerio de Ambiente, para conocer más detalles sobre el caso e indagar sobre las acciones que se adoptarán para contrarrestar la situación, el cual no ha emitido información.

La situación aumenta la incertidumbre sobre el manejo de la crisis y la eficacia de las medidas preventivas que podrían implementarse para proteger el patrimonio natural.

El ente acusador sigue avanzando en la investigación, mientras diversos actores sociales y ambientales instan a la adopción de políticas integrales que garanticen un manejo sostenible de los recursos naturales y la preservación de los ecosistemas críticos para el país.

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DANNA VALERIA FIGUEROA RUEDA

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