¿Qué dice la reforma a la Constitución que impulsa Daniel Ortega en Nicaragua y por qué quiere compartir el poder con su esposa?

Por doceava vez, el régimen de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, impulsan una nueva reforma “parcial” a la Constitución de ese país con la que buscan atornillarse aún más en el poder y consolidar su alcance en todas las ramas del Estado.

La Ley de Reforma Parcial a la Constitución Política de Nicaragua fue presentada este miércoles 19 de noviembre ante la Asamblea Nacional, dominada por el sandinismo (movimiento político que lidera Ortega) y busca, entre otras medidas, ampliar el periodo presidencial de cinco a seis años, así como crear las figuras de copresidente y copresidenta, quienes compartirán el poder como pares y designarán al vicepresidente.

(La reforma) constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial y es una agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático

La iniciativa ya ha causado decenas de críticas por parte de organizaciones internacionales, activistas, políticos, académicos y religiosos, muchos de los cuales han sido expulsados, llegando casi al medio millón de exiliados por parte del régimen.

Entre los críticos a esta nueva reforma está la Organización de los Estados Americanos (OEA), que este jueves denunció que Ortega -en el poder desde 2007- busca incrementar “su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder”. 

En un comunicado, la OEA afirmó que el texto de reforma es "ilegítimo en la forma y el contenido", "constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva al Estado de Derecho Democrático".

“El Pueblo Nicaragüense necesita el fin de la dictadura", concluyó la organización, que invitó a redoblar los esfuerzos contra “el régimen dictatorial conyugal” de Ortega y Murillo.

El presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, convocó para este viernes 22 de noviembre a los parlamentarios para “discutir y aprobar” la ley de reforma en primera legislatura, por lo que se puede esperar que la iniciativa salga adelante sin mayores contratiempos y sea implementada a la Carta Magna de ese país próximamente.

Los copresidentes tomarán todo el poder del Estado

El apartado que genera más controversia es seguramente el capítulo II, el cual establece en el artículo 132 que la presidencia dirige al Gobierno y, además, “coordina a los organos legislativo, judicial, electoral de control y fiscalización, regionales y municipales”; es decir, todas las otras ramas del poder de ese país. Además, se modifica el artículo 135 para ampliar el periodo presidencial de 5 a 6 años.

Además, la Presidencia de la República estará ahora integrada por “un co-presidente y una co-presidenta” que serán elegidos por voto popular. Esta figura era algo que Ortega buscaba desde, por lo menos, hace más de un año. Así lo afirmó durante un discurso el 9 de febrero de 2023.

“Aquí está la compañera Rosario Murillo, copresidenta de la república. En verdad así es. ¡Es copresidenta de la república! En la Constitución tendremos que hacer algunas reformas. Doctor (Gustavo) Porras, tendremos que hacer algunas reformas para que quede establecido el principio de la copresidencia”, afirmó Ortega en ese entonces.

¿Quiénes no podrán ser copresidentes? El cortafuegos del régimen

Además, el artículo establece, vagamente, que no podrán ser candidatos a la presidencia “quienes encabecen o financien un golpe de estado, los que alteren el orden constitucional”, así como aquellos que adquieran otra nacionalidad y quienes “violenten o hayan violentado los principios fundamentales contemplados en la presente Constitución Política”

Por último, el capítulo II establece en el artículo 135 que los copresidentes “gozarán de inmunidad” durante su periodo y que, en caso de la ausencia de alguno de los dos mandatarios, el otro asumirá la presidencia; mientras que, en caso de falta de los dos copresidentes, se convocarán elecciones extraordinarias que se realizarán en un máximo de 60 días.

Asimismo, el artículo 130 establece que los copresidentes podrán despedir a cualquier funcionario público que incumpla las nuevas normas.

Policía voluntaria, la estrategia que roza con el paramilitarismo

Otra de las modificaciones la Constitución es la denominada Policía Voluntaria, establecida en el artículo 97 y que funcionará como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional; algo que, según los opositores y comunidades religiosas, se trataría de fuerzas parapoliciales y paramilitares.

Se crea la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo а la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria

"Se crea la Policía Voluntaria como cuerpo auxiliar y de apoyo а la Policía Nacional, integrada por ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses que prestan sus servicios de forma voluntaria", se lee en el articulado.

También, se establece en el artículo 94 que los copresidentes podrán ordenar "la intervención del Ejército de Nicaragua en apoyo a la Policía Nacional, cuando la estabilidad de la República lo requiera".

Ortega ya había hecho referencia a esta figura en septiembre de 2022, cuando se refirió a que el Ejército, la policía y la “policía voluntaria” restauraron “la paz” tras las protestas de 2018, que según la ONU dejaron más de 300 muertos y que el régimen considera como un intento de golpe de Estado patrocinado por Estados Unidos.

Según oenegés, esos civiles armados son “grupos parapoliciales y paramilitares” que actuaron con la ayuda de la fuerza pública en la denominada ‘Operación Limpieza’.

El texto también prohíbe que se creen bases militares extranjeras en el país, y solo se podrá autorizar el paso de naves y soldados extranjeros para “fines humanitarios, adiestramiento, instrucción e intercambio”, con previa autorización de los copresidentes.

Mayores controles a la prensa y a la religión

En una nueva ofensiva contra la iglesia, la reforma establece, en el artículo 14 que “ninguna persona u organización puede realizar actividades que atenten contra el orden público” y que “las organizaciones religiosas deben mantenerse libres de todo control extranjero”.

El régimen sandinista acusa a periodistas, políticos y a la iglesia de haber apoyado las protestas de 2018, por lo que, establece además que "los traidores a la Patria pierden la nacionalidad nicaragüense".

Respecto a la prensa, la ley obliga también a los medios a no divulgar “noticias falsas que atenten contra los derechos de los nicaragüenses”, algo que ya fue establecido en septiembre a través de la Ley Especial de Ciberdelitos, que castiga con cárcel -hasta 15 años- la propagación de fake news e información tergiversada “que produzcan alarma, temor o zozobra en la población”, sin dar más detalles sobre la aplicación.

En ese sentido, la reforma constitucional considera traidores a la patria a todos aquellos que atenten contra la independencia, la soberanía, la autodeterminación nacional, la seguridad y la paz de Nicaragua.

Nueva política exterior: Nicaragua desconocerá sanciones externas

Se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, así como la intervención en los asuntos internos de otros Estados

La reforma también establece una nueva política de no intervención en los asuntos internos de otros países y afirma que se adhiere a los principios del Derecho Internacional. 

Sin embargo, aprovecha esta nueva normativa para no reconocer en un futuro las sanciones internacionales y todo tipo de señalamientos de otros países hacia Nicaragua.

"Por tanto, se inhibe y proscribe todo tipo de agresión política, militar, económica, cultural y religiosa, así como la intervención en los asuntos internos de otros Estados", se lee en el texto.

Otras modificaciones que establece la reforma a la Carta Magna

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega.

Foto:Presidencia de Nicaragua/ AFP

Entre otras propuestas, la reforma a la Constitución propone también pasar de 16 a 9 los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y de siete a cinco los magistrados del Consejo Supremo Electoral.

"La Corte Suprema de Justicia estará integrada por nueve magistrados electos por la Asamblea Nacional, de los cuales al menos cinco serán mujeres", y su período será de seis años.

También, en el artículo 13, se propone incluir como símbolo patrio la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido en el Gobierno desde 2007 y se proscribe el uso de armas nucleares y otros medios de destrucción masiva en conflictos internos e internacionales; asegura el asilo para los perseguidos políticos, y rechaza toda subordinación de un Estado respecto a otro.

SANTIAGO ANDRÉS VENERA SALAZAR - Redacción Internacional - EL TIEMPO - X:@SantiagoVenera