¿Qué buscaría Miguel Rodríguez Orejuela al solicitar su designación como gestor de paz?

Siguiendo los pasos de otros excapos del narcotráfico y de exjefes paramilitares, el otrora poderoso jefe del cartel de Cali, Miguel Rodríguez Orejuela, le solicitó al presidente Gustavo, en una carta enviada la semana pasada desde una cárcel de Estados Unidos a través de Gustavo Bolívar, que lo nombre gestor de paz para, según él, contar su verdad “sin odios ni revanchas”.

“He decidido transgredir la barrera impenetrable del silencio en la cual me resguardo, manteniendo intacto, y a salvo el instinto de conservación. Es mi deseo, tratar de resarcir en parte al pueblo colombiano por nuestro proceder en tiempos pretéritos, y enmendar con compromisos reales los posibles daños causados”, escribió en la solicitud.

La carta, en la que no menciona los hechos concretos sobre los cuales quiere hablar, causó división de opiniones en el país. Cercanos al Gobierno como el representante Alejandro Ocampo han visto con buenos ojos una eventual designación argumentado que el país “necesita saber a qué políticos les dieron plata”, mientras que desde la oposición cuestionan que siquiera se piense en la posibilidad de abrirle la puerta a más excapos del narcotráfico con esta figura.

Incluso el expresidente Andrés Pastrana se refirió al tema este fin de semana. Pidió que Rodríguez Orejuela cuente todo sobre el Proceso 8.000 y acerca de los vínculos entre el Cartel de Cali y la campaña presidencial de Ernesto Samper en las elecciones de 1994. “Ojalá cuente todos los detalles de su manguala con Samper y sus socios de campaña para robarme la presidencia de Colombia. Lo que lleva años anunciando”, señaló el exmandatario.

Como ha ocurrido en otros pedidos similares, la pregunta que queda en el aire es qué buscan estos antiguos jefes criminales al buscar tal reconocimiento, uno que no fue creado específicamente para “aportar verdad”.

Para el profesor Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y experto en conflicto, Rodríguez Orejuela busca lavar su imagen. “Una persona que ya tiene 80 años que está privada de la libertad y que seguramente va a fallecer en alguna cárcel de los Estados Unidos trataría de que su legado como narcotraficante se atenúe”, opinó, y agregó que sus declaraciones podrían revivir, al menos mediáticamente, el capítulo del Proceso 8.000.

El académico también plantea que el Gobierno podría intentar sacar rédito de una eventual designación, en el que caso de que pudiera sortear todas las barreras. “También podría ser funcional para el gobierno en un año preelectoral de cara a poder generar ruido en negativo en contra de adversarios políticos regionales que puedan configurarse como una oposición a las pretensiones de continuidad del proyecto del Pacto Histórico”, señaló.

Otra duda que surge es si una eventual designación podría traer algún beneficio jurídico para uno de los fundadores, junto con su hermano Gilberto, de una de las organizaciones narcotraficantes más poderosas de las décadas de los 80 y 90 en Colombia.

“En la práctica Miguel Rodríguez no recibiría ningún beneficio. El Gobierno no le puede garantizar ninguno porque él está privado de la libertad en Estados Unidos y hay que recordar que, en el caso de Colombia, las ramas del poder público son independientes y autónomas, es decir, el presidente no tendría injerencia sobre procesos judiciales”, agregó Trejos.

Cabe mencionar que esta figura, que se creó en la Ley 418 de 1997, cobró especial relevancia en la década del 2000 cuando en el gobierno del expresidente Uribe –quien cuestionó que detrás del nombramiento de Mancuso como gestor hubiera supuestos intereses políticos en su contra– se les otorgó a jefes de las Farc como alias Karina o Rodrigo Granda.

Durante el gobierno del presidente Petro, las designaciones han estado rodeadas de polémica porque a través de ellas se intentó liberar a miembros de la primera línea que estaban encarcelados. Además, con una resolución similar a la publicada esta semana, cuatro miembros de las disidencias de alias Calarcá Córdoba capturados en Antioquia mientras se desplazaban en una camioneta de la UNP terminaron libres.

Bajo esta figura, el Gobierno ya ha accedido a designar como gestores de paz a otrora jefes narcoparamilitares como Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Salvatore Mancuso; Diego Fernando Murillo Bejarano, Don Berna; Hernán Giraldo, alias Taladro; Heberth Veloza García, HH; Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40; y Ramiro ‘Cuco’ Vanoy.

En términos jurídicos, esta figura aplica, según la Ley 975 de 2005 y el Decreto 1175 de 2016, para integrantes activos de grupos armados organizados al margen de la ley que puedan contribuir a implementar acuerdos o como intermediarios de organizaciones criminales. De ahí que surja otro interrogante: ¿A qué grupos armados podría representar el excapo del narcotráfico?

Otro factor de análisis será la postura que tome Estados Unidos, país en el que Rodríguez Orejuela paga su condena desde hace 29 años. Para Trejos, de hecho, esta solicitud es poco realista. Sobre las anteriores designaciones entre las que aparecen ‘Cuco Vanoy’ y ‘Don Berna’, el Departamento de Estado de ese país ya se había pronunciado. “(...) Creemos que se debe proteger el derecho a la justicia de las víctimas y que cualquier acuerdo debe cumplir con el derecho internacional humanitario y mejorar la protección de los civiles”, le dijo un portavoz de esa dependencia al corresponsal de este diario en Washington en noviembre.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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