Tras el atentado contra Miguel Uribe, el presidente Gustavo Petro convocó a una Comisión de Garantías Electorales el lunes de esta semana. Tras este encuentro, al que no asistieron nueve partidos de oposición e independientes, el primer mandatario hizo una serie de compromisos. Además de hablar del mejoramiento de la seguridad de los candidatos, acordó bajar el tono de la controversia política y congelar el ‘decretazo’ para convocar la consulta popular a la espera de que el proyecto de reforma laboral avanzara en el Congreso.
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Los compromisos no duraron mucho. Cinco horas después, el mismo presidente Petro aseguraba que retomaba la idea de desconocer el no del Senado a la consulta popular con el supuesto argumento de que el Congreso había “cerrado”: se refería a la suspensión de actividades que acordaron todos los partidos, incluido el Pacto Histórico, por un periodo de 72 horas en solidaridad con el congresista que aún hoy se debate entre la vida y la muerte.
El miércoles, las tensiones subieron aún más luego de que Petro firmara el ‘decretazo’ de convocatoria a la consulta popular. En un discurso netamente enfocado en lo político en Cali, la misma ciudad que acababa de ser golpeada por el terrorismo, dijo: “Me han pedido que baje el tono y me comprometo a bajarlo, pero bajarlo no implica no decir verdades, silenciarse o arrodillarse”. A renglón seguido, retomó los dardos y cerró su discurso, advirtiendo que si no había reforma laboral como la que se había acordado en Cámara y si hundían la consulta, buscaría una asamblea constituyente.
Reunión entre los jefes de los partidos y el procurador Gregorio Eljach en Comisión de Garantías. Foto:César Melgarejo. EL TIEMPO
“Lo que sigue son 8 millones de firmas, un trabajo intenso, pero el pueblo ya decidió decidir y no se va a echar para atrás. Y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán porque el único soberano y detentor de poder es el pueblo de Colombia”, dijo. En un solo discurso, el mandatario desconoció el compromiso de bajarle al tono y volvió a despertar el fantasma de la asamblea constituyente.
A pesar de que la reforma laboral está en vías de convertirse en ley, el Presidente insiste en promover una consulta popular –que valdría 750.000 millones de pesos y se atravesaría en el calendario de las presidenciales y de las votaciones para Cámara y Senado– que, en caso de ser aprobada, devolvería la pelota al Congreso.
Ante la posibilidad, por demás constitucional, de que el Senado le dijera no a la consulta, el jefe de Estado amenazó inicialmente con “la calle” y pidió “borrar” en las próximas elecciones a los congresistas que se opusieran a la polémica iniciativa. Cuando el Senado votó no, el 14 de mayo, la carta de Petro fue presentar otras dos solicitudes de consulta popular y, finalmente, utilizar la vía de tratar de desconocer lo actuado por el Legislativo y decretar el llamado a las urnas sin cumplir lo establecido por el artículo 104 de la Carta. Todo esto sin recurrir al poder judicial, vía una forzada interpretación de la figura de excepción de inconstitucionalidad que ha sido rebatida por la mayor parte de sectores jurídicos y académicos.
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Y ahora, ante la posibilidad clara de que tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado atajen el ‘decretazo’, la nueva carta de presión es revivir el fantasma de una constituyente y no necesariamente por las vías previstas en la Carta Política, que establecen aprobación del Congreso y revisión previa de la Corte Constitucional.
Petro había descartado esa idea hace un año, cuando Juan Fernando Cristo llegó al Ministerio del Interior. El ahora exministro asumió el cargo diciendo que solo se buscaría una constituyente si el país estaba en esa tónica. Pronto se fue apagando dicha posibilidad. Ahora, de la mano del polémico minjusticia Eduardo Montealegre, habla de buscar 8 millones de firmas para que se active la puerta de una constituyente. Como el ‘decretazo’, se trata de una interpretación de las normas que hasta ahora solo ha encontrado apoyo en el Gobierno y en las fuerzas políticas que lo siguen.
Eduardo Montealegre, nuevo ministro de Justicia y artífice del 'decretazo'.
Foto:EL TIEMPO.
¿Por qué justo cuando el país enfrenta uno de los más duros retos de los violentos, el Gobierno, con el Presidente a la cabeza, insiste en la vía del choque y la división?
Las acciones del mandatario colombiano han tenido reacciones en distintos sectores. A consideración de Gabriel Cifuentes, analista y columnista de esta casa editorial, “a estas alturas, se esperaría que todos los actores políticos, comenzando por el mismo Presidente, hubieran aceptado el pacto de no agresión, que no es solo evitar estigmatizaciones, sino también acordar los mecanismos y un tono de diálogo que permita enviarle un mensaje a la sociedad en su conjunto. Nuestros líderes están mandando un pésimo mensaje”.
Para Cifuentes, el presidente Petro demostró que no ha tenido mucha voluntad de ceder y ha insistido en el decreto de la consulta “como una amenaza, como una extorsión para que el Congreso adopte la reforma que el Gobierno quiere”.
Una tesis similar expuso la analista Patricia Muñoz, directora de posgrados de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana. “Tanto la consulta como la asamblea constituyente son un mecanismo de presión al Congreso para que puedan sacar adelante las iniciativas que se han venido tramitando en los últimos días”, declaró la académica. Aunque de igual manera apuntó que las movidas tendrían un intento de agitar el panorama político con miras a las elecciones de 2026.
El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto:César Melgarejo EL TIEMPO
Expertos en comunicación política comparten dicha visión de que es una forma de reactivar la campaña electoral en medio de un momento difícil como lo es el crimen contra una figura de oposición. “Se puede entender como una estrategia de comunicación simbólica y emocional, no como una propuesta institucional realista, por ahora, sino de un discurso performativo con el fin de redefinir el eje del debate público”, expresó Nury Astrid Gómez.
En ese mismo sentido, opinó el profesor Mario Morales, al exponer que las propuestas lanzadas durante esta semana tienen como objeto plantear “una estrategia adelantada de campaña que le funciona”. En esa línea, indicó que mantiene la efervescencia del alma colectiva, lo que necesita en estos momentos. Por último, recordó que Gustavo Petro llegó al poder en esa estrategia de controversias y confrontación, y eso ha sido lo que ha expuesto en estos casi tres años de mandato: “no va a cambiar”.
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Por el contrario, el profesor Jorge Iván Cuervo, de la Universidad Externado, apuntó que el mandatario está viendo estos momentos como un punto crucial para la prolongación de su proyecto político: “el Gobierno se la está jugando en todos los mecanismos que están en la Constitución. El Presidente ha entendido que son herramientas para el discurso político”.
Dicha observación va muy a tono con lo que esgrimen los partidarios del Gobierno. “El Presidente ha querido hacer grandes reformas, que no han avanzado. Como no se han dado los cambios, la única salida que queda es consulta popular y, si no hay, pues asamblea constituyente. Son vías legales. En una discusión política, son vías que se pueden recurrir”, dijo el representante del Pacto Histórico, Heráclito Landínez.
La senadora Angélica Lozano considera que no ha sido cierto que el mandatario haya bajado el tono al debate tras el atentado a Miguel Uribe: “El ‘decretazo’ sube los decibeles a todo nivel. Escribe menos sandeces, pero esas actitudes muestran que está dispuesto a romper toda la institucionalidad”. En ese sentido, la senadora aseguró que el mandatario no solo está demarcando una senda electoral, sino su proyecto político cuando salga del poder. “La constituyente es el plan de Petro para cuando sea expresidente. Su meta es derrumbar la Constitución del 91 y construir una que quiere. Está sentando las bases de su plan. Eso no tiene viabilidad ahorita. El ‘decretazo’ es su estrategia ahora”.
Con la amenaza de la constituyente, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado se aprestan a pronunciarse sobre la consulta. Esta semana, en la posesión de la magistrada Lina Escobar y con presencia del presidente Petro, la Corte envió un mensaje claro a través del magistrado Jorge Ibáñez: “los jueces no se doblegan ante ninguna fuerza distinta a la de la razón y el derecho”.
El presidente Petro anunció la consulta popular. Foto: EL TIEMPO
JUAN SEBASTIÁN LOMBO DELGADO
Redacción Política
@JuanLombo
jualom@eltiempo.com