Procuraduría pide al Tribunal del Atlántico suspender cobro de valorización en la vía Cartagena-Barranquilla

hace 1 día 75

El cobro por valorización a más de 147.000 predios ubicados a lo largo de la vía Cartagena-Barranquilla y parte de la Circunvalar de la Prosperidad podría quedar en pausa si el Tribunal Administrativo del Atlántico acoge la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, que pidió suspender la medida de forma preventiva mientras se resuelve una acción popular interpuesta contra el cobro.

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La petición fue realizada por el procurador 118 Judicial II Administrativo, Juan Antonio Spirko Payares, en un concepto enviado al Tribunal tras analizar la acción popular presentada por el senador Carlos Meisel. El legislador cuestionó la legalidad y el impacto del cobro de la Contribución Nacional de Valorización del Sector Transporte, implementado por el Gobierno Nacional para financiar parte del proyecto vial Cartagena–Barranquilla–Circunvalar de la Prosperidad.

Piden tomar medidas cautelares

De acuerdo con la Procuraduría, antes de continuar con el proceso de cobro es necesario tomar medidas cautelares que protejan los derechos colectivos involucrados. Por ello, solicitó que se suspenda temporalmente la contribución hasta que haya un pronunciamiento de fondo por parte del Tribunal.

Además, el concepto del Ministerio Público plantea la creación de una mesa de trabajo en la que participen todos los actores involucrados en el proceso, incluyendo las entidades responsables, los afectados y los representantes de la comunidad. Esta instancia, según la Procuraduría, debe servir para socializar los fundamentos del cobro, discutir alternativas y garantizar la transparencia en la toma de decisiones que afectan a miles de ciudadanos.

“El propósito de esta mesa es permitir una participación efectiva de los afectados y buscar alternativas que no vulneren derechos fundamentales ni sobrecarguen a los propietarios de predios que, en muchos casos, no han visto beneficios tangibles de la obra”, indicó el procurador Spirko Payares en su pronunciamiento.

Verificar si existen comunidades étnicas en la zona

Otro de los puntos que resalta el concepto es la necesidad de verificar si en el área de aplicación del cobro existen comunidades étnicas, lo cual obligaría a adelantar consultas previas conforme a lo establecido por la Constitución. La Procuraduría advirtió que de encontrarse presencia de estas comunidades, sería necesario realizar las diligencias pertinentes antes de imponer cualquier carga tributaria que pueda afectarlas directa o indirectamente.

El cobro de esta valorización ha generado una fuerte ola de rechazo entre gremios y comunidades de los departamentos del Atlántico y Bolívar. Voceros empresariales y líderes cívicos han expresado su inconformidad, argumentando que se trata de una carga injusta, especialmente en un contexto económico complejo y en una vía que aún no está completamente terminada.

“El Gobierno le está cobrando a la gente por una obra incompleta, en una región donde ya hay múltiples impuestos y contribuciones. Esto es inaceptable”, han manifestado representantes del sector productivo y organizaciones ciudadanas.

Una obra ambiciosa

Como informó EL TIEMPO, el cobro se haría de manera gradual y que las primeras facturas comenzarían a llegar en el mes de junio. Sin embargo, la solicitud elevada por la Procuraduría al Tribunal podría frenar ese cronograma, al menos de forma temporal, hasta que se aclare la legalidad del proceso y se escuche a los afectados.

El proyecto vial Cartagena–Barranquilla–Circunvalar de la Prosperidad es una de las obras más ambiciosas de infraestructura en la región Caribe, pero su financiación ha estado marcada por controversias. Aunque se reconoce su importancia estratégica para la conectividad regional, el mecanismo de valorización adoptado ha sido señalado como inequitativo y lesivo para las comunidades.

Ahora, con la intervención de la Procuraduría, el proceso queda en manos del Tribunal Administrativo del Atlántico, que deberá decidir si acoge o no la solicitud de medidas cautelares. En caso de hacerlo, se abriría un compás de espera clave para que la ciudadanía participe, se revisen los criterios del cobro y se resuelvan las inquietudes jurídicas y sociales que han surgido en torno a esta contribución.

Por ahora, los propietarios de los más de 147.000 predios afectados en Atlántico y Bolívar esperan una definición que podría cambiar el rumbo del polémico cobro de valorización.