Procuraduría advierte falta de claridad en intervención a Air-e y exige soluciones concretas a Superservicios

Una fuerte preocupación manifestó la Procuraduría General de la Nación tras sostener una reunión con la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) con el objetivo de hacerle seguimiento a la intervención estatal de la empresa de energía Air-e, que presta el servicio en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Durante el encuentro, la Procuraduría constató que, a pesar de que han pasado ya varios meses desde que el Gobierno nacional decretó la intervención, no existe hasta la fecha un plan estructurado y definitivo para la reorganización o eventual liquidación de la empresa. Tampoco se presentaron alternativas concretas para garantizar la continuidad y sostenibilidad del servicio público de energía en estas tres regiones del Caribe colombiano.

Una reunión que deja dudas

En su pronunciamiento oficial, la Procuraduría aseguró que la reunión con Superservicios dejó más dudas que certezas. La entidad señaló que los representantes del organismo de vigilancia no fueron claros en sus exposiciones ni sustentaron debidamente los informes financieros solicitados. También denunciaron que no se entregaron cifras actualizadas y verificables sobre las deudas de Air-e con las generadoras eléctricas, ni detalles específicos del seguimiento técnico y operativo que la Superintendencia ha hecho desde la intervención.

“Las respuestas que se nos dieron fueron vagas, sin respaldo documental ni financiero. Se esperaba conocer cifras consolidadas sobre los pasivos, la relación actual con los acreedores y el patrimonio disponible de la compañía, pero eso no ocurrió”, insistió el Ministerio Público.

Esta situación ha generado especial inquietud porque, según han reiterado la Procuraduría y la Contraloría General de la República, la prestación del servicio en esta zona del país no puede estar sujeta a la improvisación. Ambas entidades recordaron que, más allá del proceso de intervención, lo que está en juego es el acceso a un derecho esencial para más de 1.8 millones de usuarios en los tres departamentos cobijados por la operación de Air-e.

La intervención del Gobierno Nacional 

Cabe recordar que la empresa fue intervenida por el Gobierno Nacional el pasado 20 de febrero de 2024, mediante Resolución 20241000008145 de la Superservicios. La medida se tomó en medio de múltiples alertas sobre la crítica situación financiera de la compañía, los problemas de flujo de caja para pagar a generadoras y transportadoras de energía, y las crecientes quejas ciudadanas por interrupciones constantes, cortes prolongados y altos cobros en las tarifas.

Desde entonces, la preocupación de las autoridades y de los usuarios ha ido en aumento, ya que no se han evidenciado cambios estructurales ni medidas eficaces que mejoren el servicio o solucionen la profunda crisis. De hecho, la Superservicios aún no ha definido si el futuro de la compañía será su reorganización empresarial, su liquidación definitiva, o su reemplazo por un nuevo operador.

Para la Procuraduría, la falta de un plan de salvamento serio y técnicamente sustentado no solo pone en riesgo la prestación del servicio, sino que también compromete la confianza ciudadana en las instituciones.

“Exigimos una intervención transparente y con resultados verificables. No se puede dejar en el limbo a una región históricamente golpeada por la mala calidad del servicio eléctrico. Es urgente que el Gobierno, a través de la Superintendencia, rinda cuentas claras y presente un plan técnico, financiero y jurídico que garantice la sostenibilidad de la operación”, concluyó la entidad.

Ante este panorama, la Procuraduría anunció que solicitará de forma oficial a la Superservicios la entrega inmediata de un informe detallado con los siguientes aspectos: 

Además, el Ministerio Público advirtió que evaluará la eventual apertura de procesos disciplinarios si se comprueba que ha habido negligencia, omisión o falta de planeación en el manejo de este caso por parte de los funcionarios responsables.

Mientras tanto, en la región Caribe crece la incertidumbre entre los usuarios, quienes reclaman decisiones inmediatas y efectivas que frenen el deterioro del sistema eléctrico y garanticen un servicio digno, seguro y continuo.

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