En la antesala de la segunda reunión que acordaron las delegaciones del Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (Eln) para intentar descongelar el proceso de negociación, que tendrá lugar este martes y al que esa guerrilla volverá a llevar los trece puntos que incluyó en la “declaración de principios” publicada el pasado 7 de noviembre, el presidente Gustavo Petro publicó varios mensajes en los que da a entender que ya hay acuerdo sobre uno de los temas incluidos en dicho documento: el modelo de negociación.
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“Con el Eln hemos decidido buscar el cambio del método del diálogo. Estoy de acuerdo en que las opciones políticas que crean que ha llegado tiempos para el postcapitalismo, existan pacíficamente en Colombia. (...). El postcapitalismo no se decreta, se hace. Me parece que en lo concreto para el presente, cada acuerdo debe llevar al avance en la práctica de lo acordado. Implementar el proceso de paz desde ya. Ese es un cambio de método”, señaló el jefe de Estado en X sobre un tema que no solo está ligado a los tiempos para la implementación, sino que podría incluir una “cláusula de incumplimientos” de los acuerdos.
Contrario a lo que ocurrió en la negociación con la extinta guerrilla de las Farc, proceso en el que la norma era que ‘nada está acordado hasta que todo esté acordado’, la política de ‘paz total’ plantea, al menos en sus mesas políticas, la promulgación de acuerdos y su inmediata implementación en los territorios. Bajo esta metodología, por ejemplo, ya se firmaron 28 acuerdos parciales con el Eln y el primer punto de la agenda de negociación: la participación de la sociedad civil.
También se han planteado transformaciones territoriales de aplicación inmediata en los procesos de negociación con las disidencias de las Farc, con la Segunda Marquetalia y con el frente Comuneros del Sur. De hecho, con este último ya arrancó la implementación de los acuerdos de desminado humanitario y de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en 10 municipios de Nariño.
Esta hoja de ruta, que en términos reales se ha aplicado poco, no ha escapado a las críticas, sobre todo porque varios de los espacios de construcción de propuestas en los territorios se han dado mientras que, por ejemplo, el Eln sigue empuñando las armas y ejerciendo presión sobre las comunidades.
"La idea de la ejecución inmediata de acuerdos fragmentarios es equivocada. Esto es lo que ha permitido que, sin firmar un acuerdo, el Eln ya habla de incumplimientos del Estado", señaló el exnegociador de paz y hoy senador, Humberto de la Calle, cuando la 'paz total' daba sus primeros pasos.
Diego Arias, analista en temas de conflicto y paz y excombatiente del M-19, considera que, si bien hay asuntos en los que se puede avanzar mientras se negocia, hay otros que no son aplicables si los grupos armados no deponen las armas.
“Los hechos han demostrado que en asuntos humanitarios no ha sido posible concretar estos acuerdos y aplicar ese modelo. En el caso concreto del San Juan, en Chocó, que es donde yo trabajo, ha habido acuerdos que son básicos, pero que no han sido posibles de llevar a la realidad. Hay transformaciones que el Eln está sugiriendo que no son posible hacerlas si no es en un contexto de posconflicto”, manifestó Arias.
Para el analista, este modelo, en el caso particular del Eln, tiene una grieta que le puede jugar en contra al Gobierno y a sus negociadores. “Con el Eln en armas esas transformaciones regionales no son posibles y ese punto sigue sin tener un asterisco. Además, es muy complicado porque es un tema en el que el Eln puede siempre invocar que el que está incumpliendo es la otra parte”, añadió.
Una opinión diferente tiene Germán Valencia, del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, quien considera que estos pueden ayudar a crear condiciones de seguridad cruciales en esta fase de negociación.
“Algunas de las ventajas que tiene el construir un tipo de proceso de paz como estos —donde las partes se comprometen a implementar lo acordado mientras se negocia— es que se genera una mayor confianza en lo que se hace. Sobre todo, se observa de forma inmediata y materializada en acciones las bondades de negociar la paz, lo que anima a que todas las partes, en especial la sociedad, a que se presione para que se continúe con los diálogos de paz”, opinó.
Pese a esto, considera que uno de los riesgos de este modelo es que se puede estancar fácilmente si una de las dos partes considera que la otra está incumpliendo esa implementación inmediata. “Un claro ejemplo de este tipo de dificultades se vivió con la creación del Fondo Multidonante, tema en el que no se avanzó y que fue la excusa que ellos utilizaron para suspender el acuerdo sobre el final del secuestro con fines económicos”, añadió Valencia.
El comisionado Otty Patiño parece ser consciente que ese es un modelo que requiere una ratificación inmediata para que sea viable. Por tal motivo, este lunes dijo en declaraciones a medios: “El proceso de diálogo puede ser infinito y eso no es lo que quiere este Gobierno. Por eso hemos dicho que si el proceso de implementación no arranca en 2025, habremos fallado”.
También existe el riesgo de que compromisos adquiridos se abandonen si la negociación fracasa o si estas estructuras armadas se fragmentan, como ya ocurrió con las disidencias del Estado Mayor Central. Desde las delegaciones de paz sostienen que es una medida necesaria de cara a los dos años que le quedan a este Gobierno y ante las dificultades que han encontrado -no solo en esta administración- para implementar los compromisos pactados en La Habana; sin embargo, ellos mismos se plantean varios interrogantes
“La pregunta que nosotros nos hacemos y que frecuentemente eludimos es si el estado tiene capacidad de respuesta pronta a esas transformaciones, porque en este momento, hablando con crudeza, tendríamos que decir que no existe el aprestamiento necesario”, señaló Armando Novoa, jefe de la delegación del Gobierno ante la Segunda Marquetalia en un foro sobre reincorporación.
CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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