¿Petro 'ha violado' la inviolabilidad del voto?: exfiscal Viviane Morales / Entrevista de María Isabel Rueda

Hemos visto al presidente Petro y a sus ministros amenazando al Congreso en formas inimaginables. Cuando no los compran con puestos y sobornos, los señalan públicamente de “HP esclavistas”. ¿Usted, que fue madre de la teoría, nos puede explicar qué es la inviolabilidad del voto parlamentario y para qué sirve?

La inviolabilidad de las opiniones y de los votos de los congresistas está consagrada en la Constitución del 1991. Es una institución fundamental en el desarrollo histórico de las democracias.

Empieza a hablarse, digamos, de la irresponsabilidad parlamentaria, por allá a finales del siglo XVII, luego se consolida en el XVIII, porque era la manera de garantizar que frente a las decisiones que tomara el parlamento, el rey no pudiera llevarlos a la cárcel, o hacerlos responsables civilmente. Hoy es como un principio en las constituciones democráticas.

Si un Congreso es libre, no es por el congresista; es porque el Congreso tiene la representación del pueblo y al tenerla, y al ser su voto inviolable, esa es una garantía de que el Ejecutivo respetará sus decisiones y de que el Poder Judicial no perseguirá a los parlamentarios por sus opiniones.

Por eso la inviolabilidad del voto parlamentario es un principio de la esencia de las democracias constitucionales, porque dos principios convergen en ella: la separación de poderes y la representación del pueblo. La inviolabilidad es la garantía.

¿Entonces, usted cree, doctora Viviane, que el presidente Petro ha desconocido esa inviolabilidad? ¿Eso de llegar a una manifestación en una plaza y con nombre propio arrancar a emplazarlos, como un llamado a que los linchen, y hasta a mancharlos con la sangre de un voceador asesinado, sencillamente porque no votaron como quería Petro, no es una clara violación de la inviolabilidad?

Así es. Petro está incitando a un linchamiento social, moral, que puede llegar a actos de violencia, no hay sino un paso, pues está desconociendo este principio de la inviolabilidad parlamentaria, que precisamente lo que busca es que no haya persecución judicial, social o mediática. Hay también un artículo del Código Penal que habla del delito de hostigamiento.

Establece que quien incite a cometer acciones de violencia contra personas por razón de su sexo, identidad de género, religión, raza, ideología política, o credos filosóficos, puede caer en un delito. Él está incitando, por la posición política que han tomado los congresistas, a que haya un linchamiento. 

¿Qué diferencia habría entre no compartir el voto de las mayorías del Congreso con la forma como el presidente Petro trata a los congresistas?

Claro que un presidente puede llegar a disentir de las decisiones del Congreso. Pero para eso la democracia tiene los escenarios.

Por ejemplo, sus ministros pueden plantear en los debates parlamentarios la posición que tengan sobre un proyecto que presenta el Gobierno y pueden llegar a disentir de las opiniones, para lo cual tienen caminos, por ejemplo, si son leyes, pueden objetarlas. Pero después de una decisión tomada por el Congreso, el presidente, en sano juego democrático, debe respetarla y no hacer lo que está haciendo, como es desconocer lo esencial, lo mínimo, del funcionamiento institucional de la democracia.

Me da la impresión de que Petro quiere seguir utilizando el arma del miedo a los congresistas, de intimidarlos y ello lo que cercena es ese derecho a la libertad e independencia. No pueden tomarse decisiones en libertad y con independencia cuando el miedo y la coacción se atraviesan a la formación del juicio.

¿Cree que el Gobierno tiene razón, con argumentos jurídicos, para que, paralelamente con la discusión de la reforma laboral, haya vuelto a presentar el proyecto de consulta popular que ya se hundió? ¿Es cierto que hasta puede aprobarla por decreto?

Pues volverla a presentar es desconocer la decisión final del Legislativo. La Constitución habla de que cuando la consulta tiene origen en el presidente, debe ir al Congreso, para que este manifieste si está o no de acuerdo y juzgue su conveniencia. Ya el Senado la rechazó, no es procedente que la vuelva a presentar.

Pero a mí sí me ha asombrado la tesis peregrina de Benedetti y de Petro, que lo han trinado así, de que, si pasan 30 días y el Senado no ha dicho nada, el presidente puede, por decreto, convocar la consulta.

Eso es un error. Porque una cosa es la normatividad para la consulta que presenta el presidente de la República y otra cosa es la normatividad para la consulta que presenta el pueblo. 

¿Por qué?

En la Constitución, cuando se habló de la consulta, se ponía como punto de freno el concepto del Senado; sin ese concepto, no puede el presidente convocarla.

¿Por qué no puede?

Porque entonces se podría establecer así una democracia plebiscitaria: voy al Senado, no se pronuncia, yo convoco la consulta por decreto. No, él necesita el visto bueno del Senado y no puede hacerlo de manera distinta.

¿Qué diferencias de manejo tiene un proyecto de consulta del presidente con el de la consulta que puede presentar el pueblo?

La del pueblo requiere 20 % de firmas del censo electoral, lo que equivale, más o menos, a 9’000.000 de firmas. Y naturalmente tiene razón la ley en decir que, si se presentaron 9’000.000 de firmas, el Congreso tiene 20 días, ni siquiera 30, por respeto al pueblo, para darle el trámite respectivo.

¿Entonces, de dónde saca el Gobierno que puede convocar la consulta por decreto?

En el Gobierno están leyendo un artículo sin leer el contexto de la Ley 1571 ni la sentencia respectiva de la Corte. Ese artículo que esgrimen no se aplica a las consultas populares del presidente, sino a las de iniciativa ciudadana.

¿Qué opina de esa discusión que el mismo Gobierno ha planteado, acerca de que no fue él quien convocó el fallido paro nacional, que fueron las centrales obreras, cuando ya vieron que la cosa estaba saliendo regulimbis? ¿Ese paro no era también una manera de presionar al Congreso?

Claro, lo era, tal y como Petro lo anunció y promovió en Barranquilla. Fue su propuesta, pero acuérdese de que él no acepta jamás una derrota o un error. Tiene una especie de negacionismo frente a todo. Entonces aquí, apenas vieron que salieron derrotados en esa convocatoria, lo volvieron a hacer.

Es que los ciudadanos que no estamos de acuerdo con esas políticas y con esa consulta superamos el miedo a todas esas intimidaciones y fuimos los que ganamos, porque todo el mundo se movilizó para ir a su trabajo. Fueron derrotados los violentos que no querían permitir que la gente tomara el TransMilenio. Esta fue una protesta, sí, pero de los petristas, y los ciudadanos les ganamos a los petristas. 

Claro, eso no lo habíamos visto antes: que la gente que quería trabajar saliera y dijera, queremos trabajar, quiten de acá. Y eso pasó.

Por eso fue una manifestación en que la ciudadanía ganó, ganaron las 500.000 personas que se movilizaron en TransMilenio, no sé cuántas en Bogotá; esa fue una protesta contra los que querían protestar, protagonizada por esa parte de la ciudadanía pacífica, valiente y trabajadora.

¿Qué gana políticamente el Gobierno sacando a unos cuantos pelagatos violentos a destruir, ante la indignación de quienes sentían que les coartaban su derecho a trabajar, estudiar y llegar seguros a sus casas?

Nunca habíamos visto, no recuerdo, en ningún país, a nivel mundial, que un presidente convocara a un paro contra su ciudadanía, contra su país…

Pero no supimos exactamente ni para qué ni contra quién era el paro…

No. Lo que sí sabemos es que no salieron victoriosos y que la ciudadanía, pacífica pero decididamente, supo reivindicar sus derechos, resolviendo que no se iba a dejar intimidar nuevamente. No tenemos miedo, fue la consigna espontánea. Eso resultó muy importante.

Finalmente, doctora Viviane, ¿usted qué opina de la actual fiscal, de quien se tienen distintas opiniones, unas muy buenas y otras pésimas, relacionadas con su labor? Nadie la ha sabido calibrar; entre otras cosas, porque no ha habido nada contundente contra la corrupción, distinto de meter presos a dos congresistas supuestamente sobornados… Y que no eran los cabecillas de la operación. Pero a los altos funcionarios del Gobierno que fueron los cerebros los dejaron “volar”. Como al señor Carlos Ramón González, verdadero peso pesado de este gobierno, que había sido director del Dapre y nada menos que director de Inteligencia; y que además fue uno de los fundadores de los ‘verdes’, partido de gobierno. No vemos tampoco que la Fiscalía se esté parando duro contra unas medidas que toma el Gobierno en el marco de la paz total, que son de impunidad. No vemos para dónde va esta fiscal, doctora Viviane…

Yo siento que esta administración de la Fiscalía está en deuda con el país. Surgen los escándalos de corrupción más espantosos y no vemos hacia dónde van las investigaciones. Yo entiendo que hay unas que son largas, complejas, difíciles, pero entonces el fiscal debe dar la cara, debe hablarle al país, no hablar demasiado –tampoco estoy de acuerdo con esos fiscales opinadores que se meten en asuntos políticos, que hacen trampolín con el cargo de la Fiscalía, con eso no estoy de acuerdo–.

Pero lo que sí creo es que el país tiene una expectativa enorme sobre todos estos casos de corrupción y tenemos derecho a saber qué está pasando y hacia dónde va la Fiscalía General, porque yo creo que ha sido, es verdad, casi como un enigma, uno no entiende qué posiciones tiene, pero lo que sí siente es un adormecimiento frente a casos que, por los tiempos que han pasado, ya tendrían que tener por lo menos decisiones claras. Por ejemplo, en los escándalos de corrupción de la UNGRD, porque lo que se ha visto ahí es una caja de Pandora. Necesitamos que la Fiscalía le dé la cara al país. 

¿El caso del cabecilla González le tocaba a la Fiscalía o a la Corte?

La investigación la lleva la Fiscalía.

¿Y qué pasó con el hijo de Petro? Nada…

Ahí yo creo que la Fiscal está en deuda, como en muchos casos, y espero todavía que la Fiscal, que llegaba precedida de una muy buena fama como funcionaria judicial, responda a las expectativas que tiene el país, ejerciendo la acción penal sobre estos enormes escándalos de corrupción.

María Isabel Rueda

Especial para EL TIEMPO