Pese a avances con Comuneros del Sur, la ‘paz total’ entra en su recta final en medio de dudas e incertidumbre

A poco más de un año de que el presidente Gustavo Petro deje la Casa de Nariño, y en medio de la escalada sangrienta en el suroccidente del país y otras regiones, resulta evidente que el ambicioso objetivo de la ‘paz total’ no se cumplirá. Incluso si el Gobierno logra consolidar los procesos con el Frente Comuneros del Sur y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano —dos disidencias, la primera del Eln y la segunda de las Farc—, los avances que eventualmente se obtengan, aunque valiosos, no parecen suficientes para sostener un balance general positivo.

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Las últimas dos semanas, de hecho, resumen lo que ha sido la política de paz de este gobierno: una apuesta cargada de anuncios, pero con pocos avances tangibles —que los hay—. El pasado 5 de junio, cuando se cumplían ocho meses desde que el presidente Petro anunció en Montería su controvertida idea de reabrir la mesa con los exparamilitares —veinte años después de Justicia y Paz— y de designar a 18 exjefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz, 16 de ellos —los que aún seguían cobijados bajo esa figura— publicaron una carta en la que suspendían su rol, aduciendo supuestos incumplimientos de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, liderada por Otty Patiño.

En una carta abierta, Salvatore Mancuso, Carlos Mario Jiménez (Macaco), Diego Fernando Murillo (Don Berna), entre otros, denunciaron “incumplimientos reiterados, dilaciones sistemáticas y lesiva falta de transparencia” en su relación con el comisionado, a quien señalaron incluso de una supuesta “insubordinación” frente a las órdenes del presidente.

Dos días después, el propio Patiño emitió un comunicado en el que aseguró que las gestorías siguen vigentes y que su prioridad es establecer espacios en favor de las víctimas, más no instalar una mesa como pretendía el mandatario. Este episodio puso en evidencia no solo múltiples dudas jurídicas sobre el uso indiscriminado de la figura de gestor de paz, sino también las tensiones internas entre la Oficina de Paz y el Centro Nacional de Memoria Histórica, encabezado por María Gaitán Valencia.

La crisis, desatada más por una decisión política del presidente que por determinaciones técnicas de la oficina del Comisionado, refleja, según Gersón Arias, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), la falta de método en la implementación de la principal política del Ejecutivo.

“La lectura es que existe una desconexión entre los anuncios del presidente Petro y las entidades competentes para adelantar estos temas, o que la oficina del Comisionado no entiende los anuncios que hace el presidente. Además, que esta medida en esencia tenía una finalidad política: interferir en el escenario preelectoral de 2026, más que fortalecer la garantía de derechos de las víctimas y de la sociedad”, señaló Arias.

Este escándalo estalló, además, en medio de persistentes rumores sobre la posible salida de Patiño del cargo por razones de salud. Aunque estos fueron desmentidos, su prolongada ausencia de la agenda pública y el antecedente de una licencia médica de 16 días tomada en abril —durante la cual fue reemplazado por su mano derecha, María Paz Lara— alimentaron las especulaciones. Solo hasta el pasado 7 de junio, la oficina del Comisionado confirmó que Patiño había sido sometido a una intervención quirúrgica y se encontraba en proceso de recuperación.

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Los procesos en crisis

De las siete mesas instaladas en el marco de la ‘paz total’, tres muestran pocos avances o están suspendidas. El caso más emblemático es el del proceso con el Ejército de Liberación Nacional (Eln), suspendido por el Gobierno en enero, luego de una ofensiva de ese grupo contra el frente 33 de las disidencias de las Farc que dejó más de 130 muertos y cerca de 66.000 desplazados.

Desde entonces, solo ha habido cruces de declaraciones —aunque aún existe un canal de comunicación abierto—. El más reciente ocurrió el miércoles, cuando el Eln afirmó haberse quedado “sin interlocutor”, a lo que la delegación del Gobierno, liderada por Vera Grabe, respondió recordando que el proceso está en punto muerto por acciones del propio grupo armado.

“Su operación en el Catatumbo dejó miles de víctimas y no ha habido consideración o reflexión alguna frente a los efectos de sus actos sobre la población y la paz”, señaló la delegación liderada por Grabe.

Los procesos de paz urbana —o “espacios de conversación sociojurídicos”, como los denomina el Gobierno— tampoco han avanzado, principalmente porque carecen de un marco jurídico que ofrezca una salida legal a los integrantes de estructuras criminales en Medellín, Quibdó y Buenaventura. A esto se suma una sucesión de crisis que han debilitado su desarrollo.

En Quibdó, por ejemplo, desde marzo no hay tregua entre los grupos ‘Los Mexicanos’, ‘Locos Yam’ y ‘RPS’. La llegada de Brenda Rentería como coordinadora de la delegación de Gobierno en reemplazo de David Racero generó expectativas, pero su salida apenas dos meses después, sin mayores explicaciones, confirmó el estancamiento. Medellín muestra los avances más notorios: las 12 estructuras armadas que participan en el proceso firmaron un compromiso para frenar la extorsión. No obstante, el proceso avanza entre la desconfianza de los habitantes de los barrios y sin interlocución efectiva con la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia.

Además, aunque existen resoluciones para instalar espacios de diálogo con el ‘clan del Golfo’ y las Autodefensas de la Sierra, esas negociaciones aún no han comenzado y la postura del presidente Petro de retomar los bombardeos contra los primeros indica que no habrá diálogo.

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Las zonas de ubicación

Actualmente, solo tres procesos permanecen realmente activos y con encuentros periódicos: los adelantados con Comuneros del Sur, la Coordinadora Nacional (surgida tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia) y el Estado Mayor de los Bloques y Frentes. Esta última estructura incluye al Bloque Jorge Suárez Briceño (comandado por alias Calarcá), el Bloque Magdalena Medio (donde opera el frente 33 en el Catatumbo) y el frente Raúl Reyes.

En estos tres casos, el principal avance ha sido la firma de acuerdos para establecer Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), donde los integrantes de estos grupos se preconcentrarían. El más reciente fue suscrito el martes pasado en Pasto, cuando Royer Garzón, alias Jairo, y Carlos Erazo firmaron un acuerdo para ubicar a unos 140 hombres de Comuneros del Sur en el municipio de Mallama. El compromiso incluye la entrega de armas y la renuncia definitiva a la lucha armada.

Sin embargo, este acuerdo no ha estado exento de controversias. Habitantes de la región han denunciado supuestos vínculos entre Comuneros del Sur y las Autodefensas Unidas de Nariño —una estructura paramilitar que, según versiones, estaría integrada por hombres de esta disidencia del Eln y estaría detrás del asesinato del líder indígena awá Luis Aurelio Araujo y de dos miembros de su esquema de seguridad.

Otras tres zonas de ubicación están en proceso de instalación: dos con la Coordinadora Nacional (en Roberto Payán, Nariño, y en Putumayo), y otra con el frente 33, liderado por alias Jhon Mechas y alias Richard. Este último proceso es el único respaldado por un decreto presidencial, que establece su ubicación en Tibú y una duración de siete meses.

La decisión de ubicar la zona en Tibú es riesgosa, advierte Arias, porque se trata del epicentro del enfrentamiento con el Eln, donde no existen garantías reales de seguridad. Pero también porque es el lugar al que están regresando muchas familias que huyeron en la primera oleada de violencia.

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“No se sabe si estos acuerdos terminarán realmente en un proceso de desarme, lo cual aumenta la exposición de las comunidades a posibles represalias, tanto del frente 33 como del Eln”, concluyó.

Si bien para este analista este es un paso significativo, también ha generado críticas, puesto que, como sostiene el profesor de la Universidad del Norte e investigador en temas de paz Luis Fernando Trejos, “se llega a este escenario después de afrontar arremetidas militares de otros grupos armados, lo que convierte a estas zonas en una especie de tabla de salvación ante su eventual derrota militar”.

Por otro lado, persiste la incertidumbre sobre las garantías de seguridad tanto para los combatientes que se concentren en las zonas de ubicación como para las comunidades circundantes. Uno de los temores crecientes es que otros actores armados intenten ingresar a esos territorios, lo que podría generar nuevos focos de violencia.

“También es importante tener claridad sobre si los combatientes que lleguen a esas zonas estarán armados o entregarán sus armas a un tercero neutral para su posterior destrucción. Esto es importante porque permite saber si realmente se desmovilizarán o están usando esas zonas para protegerse temporalmente de sus enemigos”, añadió el investigador.

Frente a este interrogante, el vocero de Comuneros del Sur, Royer Garzón, explicó en diálogo con EL TIEMPO que la finalidad del acuerdo es avanzar hacia la firma de un eventual acuerdo de paz en el futuro.

“Todas las zonas de ubicación tienen como finalidad la dejación o destrucción de armas. No se puede concebir una zona de ubicación temporal sin ese proceso. Por un lado, ya tenemos un acuerdo de destrucción de armas, que vamos a seguir ejecutando, y la ZUT nos permite avanzar en lo relacionado con la dejación de armas, aunque sea de manera gradual”, dijo.

El cambio de enfoque

La creación de estas zonas de ubicación no solo refleja la intención del Gobierno de acelerar los procesos, sino también un cambio en el enfoque del modelo de negociación. Históricamente, estos procesos han tenido un alcance nacional, como ocurrió con las negociaciones con las Farc, del cual surgieron 16 subregiones priorizadas para la implementación de programas en el marco del acuerdo de paz.

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Sin embargo, hoy el Ejecutivo parece concentrado en procesos focalizados donde pueda acumular pequeñas victorias. El caso más emblemático es el de Comuneros del Sur, un grupo con no más de 140 integrantes y presencia limitada al departamento de Nariño.

“El cambio de enfoque hacia lo territorial se debe al fracaso de las mesas de negociación de alcance nacional (Eln, Estado Mayor Central, Estado Mayor de Bloques y Frentes), en las que el gobierno nacional invirtió gran parte de su capital político, ya que eran los pilares centrales de la ‘paz total’”, añadió Trejos.

Estos resultados, aunque no son menores, están lejos de cumplir la promesa de una paz total con la que el presidente Petro llegó al poder. A esto se suma la desconexión entre los anuncios del mandatario y la capacidad operativa del Estado —como se evidenció con las gestorías de paz— y la fragilidad jurídica y política de muchos de estos procesos.

Por lo pronto, el comisionado Patiño está citado este lunes en la Cámara de Representantes para que entregue explicaciones sobre la implementación de la política.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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