‘Pactar ceses del fuego sin la debida verificación hace al Estado corresponsable por omisión’: HRW

La excongresista y actual directora para América de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, habla muy francamente de las equivocaciones cometidas en la política de paz total de este Gobierno y concluye que no solo ha fortalecido a los grupos ilegales, sino colocado en grave peligro a las comunidades.

Esto está muy revuelto. Para comenzar, el Eln informó a través de una magnífica entrevista en el programa ‘Los Informantes’ que con este gobierno no van a firmar la paz. Y hasta mandaron al presidente Petro a donde el psiquiatra. ¿Qué piensa?

Bueno, lo que hacemos en Human Rights Watch es investigación sobre violaciones de derechos humanos, y particularmente este nuevo informe, que publicamos a partir de más de 65 entrevistas de desplazados de Catatumbo, El Tarra, Convención, Tibú, Teorama, Sardinata y Ocaña, lo que nos muestra son violaciones graves de derechos humanos, cometidas tanto por el Eln como por las disidencias del llamado Frente 33. Documentamos homicidios, desapariciones forzadas, secuestros, reclutamiento de menores, violencia sexual, confinamientos, trabajo forzado y desplazamientos.

Y unos campos de concentración para adoctrinamiento, terribles…

Sí, documentamos el caso de un llamado campamento de resocialización, administrado por el Frente 33, a 45 minutos de Tibú, presuntamente en territorio venezolano; una persona que estuvo allí retenida arbitrariamente habló de haber estado con otras 27 personas, bajo trabajo forzado, de cuatro de la mañana a seis y media de la tarde recogiendo caña de azúcar, por supuesto sin ninguna remuneración y en contra de su voluntad. Allí presenció menores reclutados, niñas sometidas a trabajo sexual forzado, incluyendo menores de edad; presenció el homicidio de tres personas, incluso tuvo que hacer parte porque fueron forzados a enterrar a estas personas. Lo que él pudo señalar es que este es el lugar a donde el Frente 33 lleva a las personas que contrarían sus supuestas reglas de conducta comunitaria, o que consuman drogas o no paguen deudas entre vecinos; en su caso estaba acusado supuestamente de colaborar con el Ejército, por haber subido a WhatsApp una foto de un helicóptero militar. Cuando le pusimos de presente esta información a la oficina del alto comisionado para la Paz, me preocupó mucho la referencia, por parte de sus funcionarios, a un supuesto centro de tratamiento para consumidores problemáticos de drogas, un lugar absolutamente irregular, administrado por un grupo que está en armas.

¿Hay avances en las mesas de negociación?

Lo primero que pudimos documentar fue una omisión. La alerta temprana de la Defensoría se había dado desde noviembre del año pasado, pero, más grave aún, tenemos testimonios de personas que entrevistamos que nos señalaron cómo desde octubre del año pasado se les había puesto de presente, a funcionarios del Gobierno Nacional del más alto nivel, de los riesgos que había de que el Eln, en supuesta represalia contra el Frente 33, lanzara un ataque contra líderes de sociedad civil, contra miembros de esta organización Asuncat, contra firmantes de paz del 2016. Y claramente pudimos documentar que los ceses del fuego, tanto con el Eln como con el Frente 33, sirvieron para que ambos grupos avanzaran en su control territorial, aumentaran el reclutamiento de menores, aumentaran sus intenciones de control social.

Ese punto preocupa mucho porque lo han logrado…

En el caso del Frente 33, documentamos que imponían un peaje, que construían un puente, puestos de salud, colegios. Específicamente el anuncio de la mesa de conversaciones entre el Gobierno y el Frente 33 de que iban a implementar conjuntamente proyectos de desarrollo local de arroz, de recuperación de humedales, inmediatamente recibió por parte del Eln una notificación de que iban a tomar represalias en contra de quien participara en estos procesos.

¿Y el Gobierno, dónde está?

El Gobierno no solo no desplegó medidas para proteger a la población ante estas alertas que se estaban dando, sino que, además, al poner en marcha a través de la política de paz total estos programas de desarrollo local con un grupo todavía en armas, dejó en inmensa vulnerabilidad a líderes de la sociedad civil que están tratando de sobrevivir en su territorio, que se vieron enfrentados a una represalia directa por parte del Eln, sin que el Estado colombiano los proteja.

Muchos de los que votaron por Petro tenían la convicción de que por ser un gobierno de izquierda, por fin íbamos a salir de esta pesadilla…

Aunque cada gobierno es libre de establecer su política de paz, ninguna lo exime de su deber de protección a los ciudadanos y a las comunidades en estos territorios.

¿Cómo pactar ceses del fuego sin que haya garantías de la contraparte?

Pactar ceses del fuego, sin una debida verificación y sin un proceso de monitoreo serio, deja inmensamente desprotegidas a esas comunidades y hace al Estado colombiano corresponsable, por omisión, de cualquier tipo de acto que lleven a cabo tanto el Eln como el Frente 33.

Muy seria afirmación…

Eso es lo que documenta nuestro informe: el Gobierno no estuvo allí para prevenir estos homicidios, secuestros, reclutamiento de menores. En el marco de estas conversaciones, ambos grupos se han fortalecido; ha habido incumplimientos muy claros, como lo muestra nuestro informe, a los ceses del fuego supuestamente pactados y como resultado de ello los habitantes del Catatumbo están sufriendo una oleada sangrienta de violencia.

Pero, además, no sabemos si la situación es reversible. El ministro de Defensa dice que sí… Pero, además, puede ser contagiosa, porque Nariño, Cauca, Chocó y Arauca ya tienen graves problemas, muy semejantes a los del Catatumbo…

Bueno, el ministro de Defensa, con quien nos reunimos también, señaló que compartía los hallazgos del informe de Human Rights Watch: que una de las principales recomendaciones era diseñar y poner en marcha una política de seguridad y justicia efectiva y protectora de derechos humanos en el territorio. Eso supone un sistema de colaboración efectiva al más alto nivel, además de trazar la política criminal entre Gobierno Nacional, Policía, Fiscalía e investigadores de policía judicial, para poder realmente concentrarse en el desmantelamiento de estas estructuras y prevenir cualquier tipo de acción contra la población civil. Eso significa tener capacidad de justicia; no tenemos fiscales en Tibú desde 2022, mucho menos investigadores de policía judicial. Desde enero ha habido 94 homicidios, según la Fiscalía, reportados en el Catatumbo, ninguno de los cuales ha tenido un proceso en Medicina Legal para el levantamiento de los cuerpos, porque no hay allí capacidades médico-forenses.

Estamos hablando de tierra de nadie. O tierra de ellos, pues…

El Catatumbo, tristemente, ha tenido una historia justamente de abandono, como un territorio fronterizo. Tiene 3,4 veces los niveles de pobreza nacionales, y ha sido un territorio que el Gobierno y el Estado colombiano no han sido capaces de controlar, ni desde el punto de vista de la provisión del servicio básico de seguridad o de justicia y mucho menos de servicios sociales.

Me llama la atención que no se ha vuelto a oír al presidente Petro hablando de paz. Una de las últimas veces que lo hizo dijo que el nombre de “paz total” no se lo había inventado él sino los medios. A estas alturas del paseo uno se pregunta, directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, ¿fracasó la paz total?

Pues nuestro informe claramente da cuenta que avanzar en procesos de cese del fuego antes de tener conversaciones realmente tendientes a ponerle fin a la confrontación podría servir para fortalecer a los grupos. En el caso del Catatumbo podemos decir claramente que la política de paz total y los ceses pactados han fortalecido a estos grupos. Empezar a implementar acuerdos en materia de desarrollo local y de participación mientras estas personas todavía estaban en armas podía poner en peligro a las comunidades. Tristemente nuestro informe corrobora que ese miedo se materializó en un ataque absolutamente sangriento por parte de Eln contra de población civil, lo cual, según ellos, era una retaliación contra el Frente 33. El Gobierno debería, como sugiere nuestro informe, hacer un balance de la política de paz total y de seguridad y trazar un nuevo rumbo que permita cumplir con su obligación de protección y garantía de los derechos de estas comunidades.

Lo único que va quedando, como usted lo afirma, es el fortalecimiento de estos grupos, ahondando la crisis…

Por supuesto que hay una crisis de seguridad y de justicia en el territorio. Ahora, el tema de los ceses del fuego creo que no debería ser sorpresa. Desde Human Rights Watch, creo que en los primeros dos meses del gobierno Petro, cuando empezó a hacerse pública la visión de paz total, le enviamos al Presidente una carta insistiendo en que, si bien la decisión de cada gobierno de pactar o no ceses del fuego es soberana del Gobierno, ello no lo eximía de su deber de protección y garantía a las comunidades. Estos ceses permitieron que ambos grupos se fortalecieran y, además, dejaron en desprotección a los habitantes de este territorio.

Eso lo advirtió no solamente Human Rights Watch con toda la autoridad que tiene, sino muchas otras personas que sostenían que esto parecía ser “al gratín”, pues no había sino cese del fuego de este lado y gran confusión entre las Fuerzas del orden, que no sabían quién era el enemigo y cómo se debía proteger a la población civil…

Una cosa muy distinta es un cese del fuego monitoreado y verificado luego de que se ha avanzado de manera clara y educativa en los acuerdos para ponerle fin a una confrontación; y otra muy distinta son unas conversaciones que inician con un cese y que tristemente son usadas para el fortalecimiento de la confrontación.

¿Pueden los comandantes comprometerse a cumplir un cese del fuego si no pueden responder por los combatientes que están regados por ahí?

Si el grupo con el que se está conversando no puede garantizar su parte del cese, seguramente es porque no tiene mando y control; así, difícilmente ese grupo puede ser considerado una parte en el conflicto armado. En todo caso, si un mecanismo de monitoreo y verificación demuestra que ha habido un incumplimiento del cese, debería haber consecuencias.

Hablando de consecuencias, una es que las Farc, a estas alturas, deberían haber recibido ya una sanción por parte de la JEP. En cambio, están en el Congreso a sus anchas. ¿La JEP no es como la reina de la impunidad?

Son dos procesos muy distintos. el de las Farc permitió que más de 13.000 excombatientes dejaran las armas, con un cese del fuego monitoreado y verificado por Naciones Unidas; hoy sus máximos responsables están imputados de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Muy distinto del escenario que estamos viendo hoy de paz total, con múltiples negociaciones paralelas, con ceses del fuego que han entrado desde el principio, mucho antes de que hubiera una conversación sobre si realmente están dispuestos a dejar las armas. Comparto que efectivamente la JEP debe avanzar cuanto antes en la imposición de una restricción efectiva de la libertad, que es lo que está en el acuerdo como sanción.

Eso no ha sucedido. Usted, que participó en las negociaciones con las Farc, lo sabe muy bien. La JEP era en la negociación el eje de esa, entre comillas, “impunidad” que se iba a otorgar en aras de la paz y no han salido con nada. ¿No será que están haciendo tiempito para prolongar su periodo?

Yo discrepo profundamente de la frase “no han salido con nada”. La JEP, como nunca antes en este país, ha avanzado en imputar como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra no solo hechos atroces cometidos por excombatientes sino también por agentes del Estado frente a acontecimientos tan dramáticos como los falsos positivos, reclutamiento de menores de las Farc o connivencia con grupos paramilitares, en el caso de agentes del Estado. Por supuesto, el siguiente paso tiene que ser como lo establece el acuerdo de paz, la imposición de sanciones. Pero nunca antes el país había visto imputaciones de este calibre.

¿Qué sacamos con las imputaciones, si después no sigue nada?

En lo que se ha avanzado hasta el momento es en un proceso de investigación y juzgamiento por gravísimos crímenes cometidos, que son dos de los componentes esenciales del deber del Estado de hacer justicia. Y el tercero está pendiente y comparto que es muy grave que lo esté, que es avanzar en las sanciones, como quedó contemplado en el acuerdo de paz.

Para terminar, qué es más difícil: ¿ser congresista o el cargo que actualmente ocupa, donde a diario tiene que ponerle una lupa a esta cantidad de horrores que estamos viviendo?

Ser sociedad civil es a veces más frustrante, porque se tiene menos capacidad de tener injerencia en la toma de decisiones. El Congreso dista de poder transformar realidades, pero tristemente a veces las organizaciones de la sociedad civil son poco escuchadas por los gobiernos. Sin embargo, a pesar de las frustraciones, creo que lo único que permite realmente salvar nuestras democracias es una sociedad civil fuerte, que resista y que denuncie los distintos tipos de atrocidades. 

MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO