Nueve partidos piden al registrador Penagos aplicar excepción por inconstitucionalidad a 'decretazo' de consulta

hace 20 horas 75

Nueve partidos políticos enviaron este jueves 12 de junio una carta dirigida al registrador Hernán Penagos en la que le solicitan que aplique excepción por inconstitucionalidad al decreto que convoca a la consulta popular por la reforma laboral.

Las colectividades que firmaron la misiva fueron Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido Conservador, Liga Gobernantes Anticorrupción, Colombia Justa y Libres, Partido Mira, Verde Oxígeno y el Nuevo Liberalismo.

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El registrador nacional, Hernán Penagos. Foto:Registraduría

De acuerdo con dichos partidos, el decreto firmado por el presidente Gustavo Petro que cita a los colombianos a las urnas para el próximo 7 de agosto "resulta claramente atentatorio contra el orden constitucional".

"En el mencionado acto administrativo en el artículo 6 se ordena que por conducto del Ministerio del Interior se comunique al Registrador Nacional del Estado Civil la convocatoria de la Consulta Popular dispuesta en el decreto, con el objeto que adopte las medidas pertinentes, por tal motivo, se hace imperante señor Registrador Nacional del Estado Civil que en cumplimiento del mandato constitucional a usted otorgado sea devuelto al Gobierno Nacional por el incumplimiento de los requisitos necesarios para la convocatoria de la Consulta Popular Nacional establecidos en el artículo 104 de la Constitución Política de 1991 y las Leyes Estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015", dice la carta.

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El presidente Gustavo Petro. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Además, señalan que en todo caso Penagos puede hacer uso de la figura de excepción de inconstitucionalidad, instrumento establecido en el artículo 4 de la Constitución Política para que en caso de una contradicción de una norma legal o reglamentaria con una constitucional, se aplique la última con el fin de preservar las garantías constitucionales, principalmente considerando que su aplicación "además de romper con el orden constitucional puede implicar una grave afectación económica al país para la realización de esta consulta popular inconstitucional".

El presidente Gustavo Petro firmó el decreto para convocar a la consulta popular, más conocido como el ‘decretazo’ debido a que desconoció la decisión del Senado de no aprobar la convocatoria a las urnas. Con esta determinación, es más que claro que se vendrán demandas ante el Consejo de Estado para que se defina la legalidad o no de la orden presidencial.

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Plazoleta de San Francisco, en Cali, donde el presidente Petro dará un discurso. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO

Apenas quede en firme el decreto, con su publicación en el Diario Oficial, el balón queda en la cancha de la Registraduría, que será comunicada de la convocatoria en las urnas para el 7 de agosto. Será el registrador Hernán Penagos el que decide si actúa apenas reciba el decreto presidencial o si espera una determinación de la justicia frente a su legalidad o no.

La posición del Ejecutivo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseveró que el Gobierno estaba abriendo una puerta al diálogo al darle la posibilidad al Senado de incluir sus puntos en la reforma.

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El ministro del Interior, Armando Benedetti. Foto:César Melgarejo EL TIEMPO

"Con el decreto y el trino lanza un mensaje claro de diálogo para la plenaria del Senado de la República. Se expide hoy porque la ley da plazo hasta las 12 de la noche. El presidente confía en el Senado y en los acuerdos a los que se puedan llegar por restaurar los derechos laborales de la clase trabajadora", dijo el jefe de la cartera política.

Hay grandes consensos sobre el texto. Innecesario entonces expedir un decreto

Juan fernando cristoExministro del Interior

No obstante, su antecesor, Juan Fernando Cristo, se mostró contrario a la convocatoria. "Con seguridad antes del 20 de junio en la plenaria de Senado,y después en la conciliación con la Cámara,se aprobará una buena reforma laboral que restablecerá los legítimos derechos de los trabajadores. Hay grandes consensos sobre el texto. Innecesario entonces expedir un decreto".

Cristo, además, consideró que "desconoce la decisión del Senado frente a la consulta y la competencia de la rama judicial para revisar esa decisión. Es un decreto inconstitucional y una grave equivocación que fija un pésimo precedente para la separación de poderes en el país".

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política

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