Nuevas tácticas de Trump para expulsar más migrantes de EE. UU.: millonarias multas y redadas a la salida de cortes

Los métodos que viene utilizando la administración de Donald Trump para cerrar espacios, ubicar y deportar a migrantes -documentados e indocumentados en Estados Unidos- se ha seguido expandiendo.

En días recientes han comenzado a emerger reportes sobre tres nuevas modalidades que se suman al arsenal de Trump en su carrera por cumplir con su promesa de expulsar a por lo menos un millón de personas a anualmente.

Multa de hasta 1.000 dólares por estar ilegal en Estados Unidos

La primera es la imposición de una multa de 1.000 dólares (o 4 millones de pesos colombianos aproximadamente) por cada día que una persona permanezca en el país con un estatus ilegal.

De acuerdo con fuentes en la administración ya se ha multado a más de 10.000 personas por un valor total de más de 2.500 millones de dólares.

“Las personas tiene que entender que no pueden estar en el país de manera ilegal y que hay un precio por eso. El precio es en dólares y sube con cada día que pasa”, le dijo a este diario una fuente en el departamento para la Seguridad Interna (DHS por su sigla en inglés).

La penalidad aplica contra toda persona que ya haya recibido una orden de deportación o haya prometido abandonar el país de manera voluntaria pero todavía no lo haya hecho.

La idea de tras de la medida es empujar a las personas para que se “autodeporten” y va de la mano de otra iniciativa paralela que ofrece 1.000 dólares de bonificación más un tiquete de vuelo a los que si lo hagan.

Como el caso de unos 25 colombianos que regresaron al país hace unos 10 días a través de este mecanismo.

Aunque no es claro si la administración ha cobrado algún porcentaje de las multas, si advierten que una vez impuestas procederán a embargar salarios, confiscar propiedades y remitir sus nombres a agencias privadas de recolección (que persiguen a los deudores morosos).

Redadas y arrestos

Paralelamente, la administración ha comenzado a realizar redadas y arrestos en los predios de decenas de cortes migratorias a donde las personas ha sido citadas para evaluar sus solitudes de asilo y otras vías de asentamiento en Estados Unidos al igual que órdenes de deportación pendientes.

De acuerdo con múltiples reportes, durante la semana pasada se presentaron operaciones de este tipo en más de 20 estados del país y adelantadas por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

Los agentes, en una mayoría de los casos, estaban vestidos de civil para evitar ser detectados.

Tras el arresto, los migrantes son sometidos a un proceso de “deportación exprés” que les permite a las autoridades expulsarlos en cuestión de días.

Una de las estrategias que más ha llamado la atención es el “abandono” de los procesos judiciales contra los inmigrantes para luego deportarlos con más rapidez.

Cuando una persona solicita asilo u otro tipo de amparo en Estados Unidos su caso pasa a revisión ante las cortes migratorias. Si el amparo es negado, el migrante tiene la opción de apelar en un nuevo proceso donde el gobierno, en este caso el DHS, por lo general defiende esa negativa y empuja por su deportación.

Pero en su lugar, el DHS se está “retirando” de esos procesos. Una vez que el juez “desecha” el caso por abandono del gobierno y declara al migrante “libre”, los agentes del ICE lo arrestan a la salida de la corte y deportan de manera expedita.

Michael Hirman, un abogado de inmigración en California, que se identifica como republicano y votante de Trump, expresó su indignación por la detención repentina de su cliente, un excomandante militar venezolano que buscaba asilo en Estados Unidos.

El cliente acababa de abrazar a su familia tras la desestimación de su caso, creyendo que ahora podía continuar su solicitud de asilo ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Pero sucedió todo lo contrario.

“Mi cliente pasó de abrazar a su familia a ser llevado esposado”, relató Hirman al diario Washington Post, tras calificar la nueva política como “una trampa furtiva”.

Grupos como la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA) están monitoreando estas acciones para determinar si violan los procedimientos judiciales y los derechos de apelación.

“La administración Trump está presionando a los jueces de inmigración para que actúen como engranajes de una maquinaria de deportación masiva. Ese no es el sistema judicial que los estadounidenses conocen y esperan”, afirma Greg Chen, director de relaciones gubernamentales de AILA.

De acuerdo con la juez retirada Jennie Giambastiani, aunque el DHS probablemente tiene autoridad legal para proceder con estas remociones, la forma en que se están llevando a cabo -arrestando a personas tras la desestimación de sus casos- es profundamente preocupante por el mensaje que envía.

De hecho, muchos abogados temen que esta política cause un efecto paralizante, desincentivando a los inmigrantes a presentarse a sus audiencias y moviendo aún más personas a la ilegalidad.

Interrogatorios y casos que involucran a menores de edad

La otra maniobra que ha venido empleando la administración para cercar a los inmigrantes involucra a menores de edad.

A lo largo de la última década, miles de ellos llegaron a Estados UNidos por sí solos, huyendo de la violencia en Centroamérica y en busca de mejores oportunidades.

Muchos fueron acogidos por familiares en Estados Unidos y, por su edad, protegidos de una deportación inmediata.

Pero a lo largo de las últimas semanas, los agentes federales han comenzado a visitar sin previo aviso escuelas, hogares y albergues para “entrevistarse” con estos menores.

Aunque el gobierno ha calificado las visitas como "controles de bienestar", o “wellness visits”, los agentes no son trabajadores sociales ni expertos en cuidado infantil, sino investigadores del Departamento de Seguridad Nacional (HSI), una división especializada de ICE centrada en crímenes como el narcotráfico, el contrabando de armas y delitos financieros.

Las operaciones han generado alarma entre abogados, defensores de derechos humanos y educadores, que ven en ellas una táctica para acelerar las deportaciones.

“Estos supuestos controles de bienestar son realmente una excusa para localizar, interrogar y deportar a menores y sus familias”, sostiene Marisa Chumil, del Centro para los Derechos de Jóvenes Inmigrantes.

Tricia McLaughlin, vocera del Departamento de Seguridad Nacional, confirmó que durante estas visitas algunos cuidadores han sido detenidos por estar en el país de forma irregular. En los casos donde no había otro adulto autorizado para cuidar a los menores, los niños fueron colocados bajo custodia del gobierno.

Los mismos jóvenes, que en total sumarían unos 800.000, podrían también estar en la mira del gobierno ya que su ingreso a Estados Unidos fue irregular y, eventualmente, sujetos de deportación una vez alcancen la mayoría de edad.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington