‘Nos estamos perdiendo en la telaraña normativa’: Gobierno plantea reducir instancias de respuesta a alertas tempranas tras crisis humanitaria en el Catatumbo

Durante su intervención en la segunda sesión técnica de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional que declaró la Corte Constitucional por la violencia que viven los firmantes del Acuerdo de Paz, el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo, propuso un reestructuramiento de las instancias que protegen los derechos humanos en el país y que permiten el diálogo con las comunidades.

En entrevista con EL TIEMPO, Franklin Castañeda, director de Derechos Humanos del Mininterior, explica que hoy existen múltiples organismos con funciones similares, lo que según él dificulta la coordinación y la respuesta efectiva ante las alertas tempranas como las generadas en el Catatumbo antes de la crisis de violencia. También habla sobre la salida de Usaid del país y la priorización de ocho macroregiones para fortalecer la presencia del Estado en territorios afectados por el conflicto.

El ministro habla de reducir las instancias para la protección de Derechos Humanos de 20 a 3, ¿qué buscan?

Hace poco, y seguramente con justa causa, ha habido revuelo por la alerta temprana del Catatumbo que, a juicio de muchos, no tuvo una respuesta adecuada. Eso nos ha llevado, por supuesto, a que podamos hacer un examen de qué sucede con los mecanismos de prevención en Colombia. El problema, y lo que identifica muy bien el ministro y que coincide con otro auto de la Corte Constitucional, es que hay cerca de 20 instancias similares. Eso pareciese que no fuese necesariamente un problema, pero cuando observamos que hoy tenemos 141 alertas tempranas vigentes, que vinculan a 790 municipios y que tienen más de 28.500 recomendaciones, elaborar o ejercer un proceso de coordinación con 790 alcaldías, 32 gobernaciones, con las direcciones de los gobiernos y con las metropolitanas de la policía para responder a las distintas recomendaciones, no es tan fácil. Pero mucho menos lo es si esto que yo acabo de describir es solamente una instancia y luego hay otras 19 más que pueden hacer cosas más o menos similares. ¿En qué termina esto? Termina en que la ciudadanía se pierde en una telaraña institucional; terminamos en que en las alcaldías, muchas de ellas categorías cinco y seis, no tienen la posibilidad de poder responder a cada una de estas instancias. Termina en que la propia justicia se pierde emitiendo órdenes a una y otra instancia, intentando tener una respuesta.

¿Es decir, en esencia planean reducir la burocracia?

Yo planteaba en la Corte que, por ejemplo, tenemos una Ciprat (Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas) para responder una alerta temprana, cuya recomendación es convocar a los subcomités de prevención y tenemos subcomités de prevención cuya conclusión es convocar a una Ciprat. No estamos quedando en una especie de espiral, perdidos en las múltiples reuniones y pensando que quizás una de estas puede brindar respuestas de fondo. ¿A qué conclusión llegamos entonces luego de múltiples diálogos dentro del gobierno y con algunos sectores de la sociedad civil -aunque aún falta una fase de concertación? Que necesitamos hacer mucho más sencillo el sistema de prevención en Colombia, derogar muchos marcos normativos y poder tener solamente tres instancias de forma tal que la ciudadanía tenga clara una ruta, y que los esfuerzos y el presupuesto puedan concentrarse en una sola ruta y en unos solos instrumentos.

¿Estas tres instancias estarían bajo la coordinación de una entidad específica?

Este es un esfuerzo que hace parte de un artículo del Plan Nacional de Desarrollo. El 109 habla de la política pública de derechos humanos. ¿En esa política pública de derechos humanos nosotros qué establecemos?. Primero, que se necesita un modelo de gobernanza en materia de derechos humanos del más alto nivel. Es decir, un modelo gerenciado por los ministros en cabeza del señor ministro del Interior, tal como lo establece el artículo mencionado. Esa ya sería una instancia, como decimos nosotros en este mundo, que nos da línea a los demás, que toma las decisiones estratégicas, que identifica territorios, que identifica presupuestos. La segunda, una instancia de diálogo. En Colombia tenemos mesas de garantías para muchos temas, comisiones, mesas de víctimas, mesas sectoriales, comunales, etcétera. Con estas mesas sucede lo mismo que nos sucede con las instancias y es que tenemos repetición. Ahora, por supuesto, reconocemos la exigencia de participación de la sociedad civil y por eso no vamos a derogar ninguna mesa ni instancia de participación.

¿Entonces qué se va a hacer?

Vamos a crear una especie de superinstancia de diálogo que permita que delegados de la sociedad civil de cada una de estas mesas tengan un espacio de intercambio de ideas para poder concertar con ellos en un mismo escenario temas de política pública que les sea común. Finalmente, queremos crear una instancia de nivel directivo, es decir, donde personas como el director de Derechos Humanos, que son las que nos compete impulsar los programas, podamos dar impulso a los distintos programas de acuerdo a lo concertado con sociedad civil y a los lineamientos que nos den los ministros.

¿Cómo se va a evitar que estos temas que se trataban en mesas sectoriales como asuntos de diversidad y juventud no queden rezagados?

Lo primero es que esos espacios no van a desaparecer. Nosotros no vamos a cerrar instancias de diálogo porque sabemos que eso es cerrar escenarios de participación y hoy necesitamos todo lo contrario. Sí necesitamos generar un escenario que permita que las propuestas de la sociedad civil, por ejemplo, frente al tema del reclutamiento de menores u otros temas puedan confluir en un mismo espacio y podamos tener diálogos con los distintos sectores, con los tomadores de decisión y podamos intentar llegar a acuerdos. De lo contrario, lo que nos termina sucediendo es que seguimos expidiendo marcos normativos, resoluciones, decretos, directivas, circulares, leyes y resulta que nos estamos perdiendo en la telaraña normativa. Entonces, la garantía que queremos brindarle a la sociedad civil es muy clara: nosotros no vamos a eliminar espacios de diálogo. Lo que sí queremos hacer es generar un espacio en donde, por ejemplo, puede estar la población LGBTI, defensores de derechos humanos, mujeres defensoras de derechos humanos, mujeres lideresas, el movimiento comunal, las mesas de víctimas, entre otros, y poder generar acuerdos comunes o un techo común entre ellos que nos permita impulsar programas. Y, por supuesto, aquí hay unos temas que son sensibles que no se nos pueden perder.

¿Y qué pasará con temas que no tienen mesas sectoriales como las que reciben, por ejemplo, denuncias de reclutamiento de menores?

Ese es un tema sensible y crucial que no se puede perder, pero eso de alguna forma se puede trabajar a partir de subcomisiones, se puede trabajar a partir de mesas, pero bajo el ropaje de una misma instancia veedora. Quiero también señalar algo y es que lo que ha planteado el señor ministro ante la Corte Constitucional es una apuesta de gobierno, está en nuestro plan de desarrollo, y además ha venido teniendo un escenario de concertación que aún no termina, o sea, va a tener ajustes seguramente.

¿Cuándo estará listo este ajuste?

Debería estar listo en este primer semestre, nosotros tenemos ya una propuesta como Ministerio del Interior. Recordemos que esto es una orden de la Corte Constitucional en el auto 894 del 5 de agosto de 2022. Es decir, aquí no estamos obrando simplemente frente a los temas que se nos han ocurrido, aquí ya hay diagnóstico judicial, hay diálogos con sociedad civil, hay diálogos intersectoriales en el gobierno que nos llevan a esta conclusión. No podemos seguir funcionando como estamos, no podemos saltar de una reunión para otra, de un viaje a otro, pedirle un alcalde que active cualquiera de los 17 instrumentos que hay. Hoy un alcalde de un municipio pequeño básicamente se le dice: “Esto es tu competencia, tú eres el primer respondiente y debes tener un plan de prevención, un plan de contingencia, un plan de seguridad, un plan de convivencia”. Una alcaldía que solamente tiene autonomía de gestión presupuestal sobre el 2, 4, 5 por ciento del conjunto de su presupuesto difícilmente va a poder llegar a gestionar toda esta cantidad de planes. Lo que terminamos es llenando las alcaldías de papeles, trasladándoles competencias y, en últimas, soltando las responsabilidades que son de aquellos que tienen mayores facultades y capacidades administrativas.

Otra propuesta es la creación de ocho macroregiones priorizadas, ¿estas no se cruzarán con las 16 subregiones PDET que ya creó el acuerdo de paz?

En el país existen 16 regiones PDET que agrupan 170 municipios. Esos municipios, por razones sobre los cuales no voy a profundizar, lastimosamente siguen siendo buena parte de los más afectados por el conflicto armado. Tienen bajas capacidades de gobernabilidad, alcaldes que muchas veces no pueden estar dentro de su territorio -como sucede hoy en el Catatumbo- y bajas capacidades presupuestales y administrativas, etcétera. Entonces, en esas zonas, el señor ministro Cristo ha venido liderando, junto con el Departamento Nacional de Planeamiento y la Agencia de Renovación Territorial, una apuesta por crear unos pactos territoriales para la transformación y la paz. ¿Qué es esto? Organizar la inversión y poder responder por primera vez de forma real a los municipios PDET, que son a los que se les dijo que se les iba a dar más recursos, pero en realidad no ha sido así. Lo que estamos estructurando con esos pactos son recursos extraordinarios, es decir, adicionales al presupuesto que ya tienen asignado para llevar a cabo obras que hacen parte del banco de iniciativas PDET y que han sido recientemente estructuradas o que han venido siendo refrescadas para revisar cuáles de ellas permanecen vigentes. En esas zonas hemos detectado que hay que aterrizar una política de desmantelamiento de los grupos y conductas criminales. Es decir, allí necesitamos un esfuerzo de la Fuerza Pública, un esfuerzo de la justicia por tener mayor presencia y un mayor control y desarrollo social. En esas zonas, a su vez, tenemos la necesidad de generar mayores capacidades para la prevención y es allí donde entra lo que planteó el ministro: esas zonas terminan confluyendo para nosotros en ocho macroregiones.

¿Qué se hará en esas ocho macroregiones?

Vamos a instalar equipos del Ministerio del Interior para que los alcaldes dejen de estar solos en ese territorio, pero respetando sus competencias. Nosotros no vamos a gobernar, pero sí necesitamos aterrizar mayores capacidades allí, sí necesitamos dejar capacidades instaladas, priorizar la inversión del presupuesto del Ministerio del Interior, priorizar nuestras acciones y tener una presencia que acompaña a los mandatarios locales para la gestión de los mecanismos de prevención dentro de los cuales se encuentran alertas tempranas.

El ministro de Defensa habló de falta de coordinación para entrar a El Plateado, ¿cómo sería esa coordinación para poder entrar a esos territorios que no solo presenta problemas de seguridad, sino también el abandono estatal?

En el caso del Cañón del Micay, existe algo que es la misión Cauca, que en efecto la lidera el Ministerio de Defensa y esa misión termina confluyendo o termina coordinando con lo que será el pacto por la transformación del Departamento del Cauca. Son cerca de 3,5 billones de pesos ligados a la inversión en esas en esos territorios. Seguramente hemos tenido como gobierno, tal como lo señalaba el señor ministro de Defensa, dificultades para la articulación de varios de estos proyectos que no se deben solamente a un tema de que se pueda decir: “Mire, el gobierno no se coordina”. Ojalá fuese tan fácil, además los problemas de coordinación de un gobierno se pueden cambiar perfectamente cambiando personas. Tenemos problemas un poco más estructurales como la rigidez de los procesos de planeación en Colombia. El presupuesto que yo tengo este año, estamos empezando febrero, es un presupuesto que presenté en marzo del año pasado bajo la lectura de marzo del año pasado. Ahora tenemos la situación que se está viviendo, por ejemplo, en el Catatumbo y es muy posible que mi entidad no tenga los recursos suficientes para atenderla.

¿Entonces?

Entonces, cuando hablamos de transformar el territorio, nos referimos a poder coordinar con el sector defensa y seguridad, poder coordinar con la justicia, pero también poder coordinar los presupuestos de muchas entidades. Hoy no es sencillo decir: “Aquí vamos a poner 4.2 billones de pesos para el Catatumbo”. Además, ¿quién va a construir esas obras? Tenemos muchos ejemplos en Colombia, no solo en este gobierno, sino históricamente, que quienes contratan desde el gobierno para hacer las carreteras resultan amenazados y que los contratistas no pueden llevar a cabo las obras. Entonces hay que entrar, por supuesto, con unas condiciones habilitantes y las imágenes que estamos viendo ahora mismo hacen parte de esas condiciones. Es el Estado retomando un control, pero con una variación que es sustancial y es que no puede hacer solamente un control militar, sino que necesitamos impulsar procesos de transformación que solamente se dan cuando el Estado llega para garantizar acceso a la educación, empleo digno y producción a partir de economías legales.

¿Qué otras regiones se priorizarán?

Para el mes de marzo estará el Ministerio del Interior, el DNP y la Agencia de Renovación Territorial ya oficializando los pactos de Cauca, Nariño, Chocó y parte del Catatumbo. Pero yo no quiero dejar el mensaje de que esto es una firma y ya, esto es un mapa de inversión con recursos disponibles y con unos proyectos ya estructurados que cuentan con aval comunitario para comenzar un proceso de inversión que incluye vigencias futuras y que incluirá una inversión sostenida durante 4 años. Inversión que debe ser acompañada por el sector defensa y seguridad, de lo contrario esa inversión corre el riesgo de perderse en el camino, ya sea porque amenazaron al contratista o porque vía extorsión terminamos financiando la labor de un grupo ilegal.

¿Qué medidas se van a adoptar en estos planes para la protección de los firmantes?

El año pasado gracias a múltiples esfuerzos como incrementos presupuestales a la Unidad Nacional de Protección, pero particularmente a la subdirección que se encarga exclusivamente de la protección de firmantes, o la aprobación de los planes estratégicos que no venían funcionando y la posibilidad de poder reducir ostensiblemente los tiempos de respuesta para brindar medidas de protección material para firmantes. No existe ningún programa de protección hoy en Colombia que tenga un tiempo más corto de respuesta para asignar medidas de protección material que el programa de los firmantes; sin embargo, a pesar de todos esos esfuerzos, y que el año anterior tuvimos el año un poco menos mortal, todavía nos hace falta mucho. Este año empezamos este año no solamente con seis asesinatos en el Catatumbo, sino que tenemos nueve firmantes del acuerdo que están desaparecidos. ¿Qué hemos hecho? Uno, se han reforzado los controles, el número de personal y de pelotones del ejército que protegen los antiguos espacios territoriales de capacitación de incorporación. Tenemos el caso del ETCR Caño Indio allá en el Catatumbo, que hoy está convertido en un refugio. ¿Qué quiere decir esto? Que las medidas de protección que se han brindado han sido, digamos, suficientes para mantener cierta estabilidad a sus habitantes, al punto de que muchos civiles terminaron buscando refugio en ese punto. Dos, estamos tramitando un número importante por parte de la Unidad Nacional de Protección de solicitudes de traslado de emergencia a personas en proceso de reincorporación. Tres, hemos trabajado en torno a un decreto para que en el marco del estado de conmoción la UNP y el Ministerio del Interior puedan contar con mejores herramientas, más presupuesto y tiempos más cortos que NO permitan brindar protección material, pero también que nos permitan fortalecer mecanismos de prevención y protección colectiva. Cuatro, por supuesto, es necesario que mejoremos en seguridad. En la medida en que logremos territorios más seguros, vamos a tener una población más protegida.

¿Cómo recibe la noticia de la salida de Usaid del país? ¿El Gobierno podrá solventar esos recursos?

Es un panorama crítico, sin duda, sobre todo para la sociedad civil. Este año, pese a los recortes, tenemos tres veces más presupuesto de lo que teníamos en el 2022. Buena parte de ese presupuesto lo estamos dirigiendo a proyectos de financiación para la sociedad civil. La sociedad civil que esté interesada puede ingresar a la página de internet del Ministerio del Interior y ahí va a encontrar una convocatoria abierta, es una convocatoria de 39.500 millones de pesos de la Dirección de Derechos Humanos para fortalecer las capacidades de la sociedad civil. Ahora bien, Usaid le va a hacer mucha falta a la sociedad civil en Colombia, sin duda. Es quizás el principal proveedor de cooperación internacional, que es muy diferente a la ayuda, y que está cobijado en el derecho internacional como un derecho de los pueblos un poco menos beneficiados en el ordenamiento mundial. Usaid venía impulsando algunas iniciativas importantes, por ejemplo, en materia de derechos de los pueblos étnicos, recuerde que el gobierno de Joe Biden había planteado como prioridad el impulso del enfoque étnico en el acuerdo de paz. También hay temas ligados a los derechos de las mujeres, los derechos de la población LGBTIQ+, que lastimosamente no hacen parte de la agenda del nuevo gobierno de los Estados Unidos. Yo debo ser muy respetuoso en esto, porque mis funciones no son manejar temas de política exterior; sin embargo, estas decisiones, por supuesto, van a debilitar a algunas organizaciones de la sociedad civil en Colombia. El llamado que podemos hacer de momento desde el gobierno colombiano es a buscar acercamientos. Hemos dispuesto de fondos de cooperación desde el Gobierno Nacional, en particular en materia de derechos humanos, desde el Ministerio del Interior tenemos una convocatoria abierta e invitamos al conjunto de organizaciones a que puedan informarse en nuestra página web y que puedan participar. 

CAMILO CASTILLO

Redacción Política