'No tenemos evidencia de que Rusia haya iniciado investigaciones judiciales para impedir torturas': Pablo de Greiff

Esta semana, en Ginebra, la Comisión de Investigación sobre Ucrania presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una actualización oral acerca de las violaciones de derechos humanos y del derecho internacional humanitario perpetradas en el marco de la invasión de Rusia a Ucrania en la que, según la ONU, en casi tres años 11.743 civiles han sido asesinados y más de 24.000 han resultado heridos.

Tres fueron los temas en los que enfocaron su actualización los comisionados Erik Møse, Vrinda Grover y Pablo de Greiff: los ataques con armas explosivas contra infraestructura civil en áreas densamente pobladas, los asaltos contra la infraestructura energética que ocasionaron apagones que dejaron sin luz a millones de civiles y el uso de la tortura y la violencia sexual como política deliberada.

En diálogo con EL TIEMPO, el comisionado De Greiff, que además es colombiano, profundizó en este último aspecto y en la impunidad con la que se practica la tortura contra civiles y prisioneros de guerra en Rusia y en los territorios ucranianos ocupados. También se refirió a cómo la crisis financiera que atraviesa la ONU ha afectado el trabajo de la Comisión y al delicado momento que enfrenta el sistema multilateral.

¿Qué hallazgos nuevos les permitieron confirmar que, en su agresión a Ucrania, Rusia usa la tortura de manera sistemática?

La Comisión ya había reportado que el uso de la tortura en centros de detención por parte de la Federación Rusa era generalizado y sistemático. En este último periodo, nos hemos concentrado en investigar elementos que pueden hacernos considerar que el uso de la tortura es una política deliberada, y que no se trata de casos aislados.

Primero, el hecho de que, en centros de detenciones tanto en territorio ruso como en ucraniano, pero controlado Rusia, el uso de la tortura es completamente generalizado. Segundo, que los métodos de tortura en estos centros de detención son comunes.

En tercer lugar, hemos determinado que el personal en varias entidades rusas tiene una suerte de división de labores: por ejemplo, hay encargados de la administración general, o de indagaciones preliminares, pero otras entidades se encargan de la aplicación de métodos de tortura.

En cuarto lugar, encontramos evidencia de que los abusos sexuales contra hombres, prisioneros de guerra, también son completamente generalizados.

Finalmente, recibimos testimonios que dan lugar a pensar que esos métodos de tortura obedecen a órdenes superiores que los encargados de los centros de detención permiten o, por lo menos, no impiden.

¿Por qué, a pesar de haber recabado toda esta evidencia, la Comisión todavía no determina que ese uso de la tortura es un crimen de lesa humanidad?

Para llegar a esa determinación, que es muy seria, se necesita un contexto en donde pueda establecerse y explicarse en detalle tanto el argumento legal como la evidencia fáctica. Lo que estábamos haciendo en Ginebra esta semana era simplemente dar una actualización oral al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

En octubre, cuando reportamos a la Asamblea General, tendremos la ocasión para establecer ambas dimensiones.

En su actualización oral ante el Consejo, la Comisión dijo que Rusia se comporta en Ucrania con una especie de “sensación de impunidad”. ¿A qué se refieren con eso?

Tenemos evidencia de que los administradores de los centros de detención no hacen nada para detener las prácticas de tortura, así como testimonios de que algunos miembros de las entidades rusas, que están encargadas de esas prácticas, se ufanan de ellas. Y que, incluso, se refieren a esas prácticas como objeto de órdenes de superiores.

Por otro lado, no tenemos ninguna evidencia de que la Federación Rusa haya iniciado investigaciones judiciales para impedir esas prácticas en ninguno de los centros de detención que hemos investigado. Por eso, creo que es justificado hablar de impunidad.

Desde su constitución, la Comisión ha hecho énfasis en que el concepto de justicia con el que trabaja va más allá de lo penal y que prioriza, sobre todo, los derechos de las víctimas. ¿En qué se traduce ese espíritu?

Creo, y en eso ha insistido la Comisión desde el principio, que el concepto de justicia incluye lo penal, pero no puede reducirse a eso. Especialmente en un conflicto de esta magnitud, donde la posibilidad de perseguir, juzgar y eventualmente condenar a cada uno de los responsables de violaciones de los derechos humanos, o del derecho internacional humanitario, no es tan grande.

Estamos hablando de responsabilidades penales que llegan a altas esferas de la jerarquía de uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. La posibilidad de que estas personas sean juzgadas penalmente no puede darse por hecho.

No tenemos ninguna evidencia de que la Federación Rusa haya iniciado investigaciones judiciales para impedir esas prácticas en ninguno de los centros de detención que hemos investigado.

Pero creo que durante los últimos 30 o 35 años de experiencias en justicia transicional, hemos aprendido que las víctimas, aparte del derecho que tienen a ver a sus perpetradores juzgados y castigados, tienen otro tipo de derechos y necesidades.

Por ejemplo, el derecho a la verdad: a saber qué pasó con sus víctimas. En un conflicto siempre hay personas desaparecidas. En este, en particular, existe el problema de los niños presumiblemente extraídos de territorio ucraniano a Rusia. Todas estas familias tienen el derecho a la verdad y, en los casos pertinentes, a la recuperación de sus seres queridos.

También tienen derecho a la reparación. En el caso de un conflicto internacional, por supuesto la obligación de reparar reside, en última instancia, en el país agresor. Pero, entre tanto, todas las víctimas tienen derecho a asistencia. En este caso, hemos hecho énfasis en la necesidad de ampliar la cobertura en salud mental y apoyo psicosocial.

¿Por qué han hecho énfasis particular en ese tipo de reparación?

Es bien sabido que las experiencias de violaciones y de conflictos generan traumas. Está perfectamente documentado, además, que ese trauma se transmite de generación en generación.

Y, si queremos salvar a muchísima gente de un sufrimiento indescriptible, y a sus descendientes de traumas que heredaron de sus padres, es urgente aumentar la cobertura de la asistencia en salud mental y apoyo psicosocial. Creo que ese es un papel que la comunidad internacional puede hacer.

Está muy bien que esta comunidad insista en hacer justicia por los crímenes que se han cometido, pero no podemos tratar a las víctimas como se les suele tratar en los estrados judiciales, es decir, solo como fuentes de evidencia y de testimonio: hay que tener en cuenta su bienestar, sus necesidades y los derechos que tienen más allá del derecho a la justicia penal.

La crisis financiera de la ONU ya tocó a la Comisión. ¿Cómo los ha afectado?

De dos formas inmediatas: reducción del personal y del presupuesto de viajes de investigación a Ucrania. No nos afecta por completo porque hemos logrado en los últimos meses continuar con el trabajo de investigación cambiando de metodología y entrevistando a víctimas de forma virtual, pero obviamente hay investigaciones que deben hacerse sobre el terreno.

La Comisión se financia con el presupuesto ordinario de la ONU. ¿Sería posible contemplar otra financiación, por ejemplo, a través de la donación directa de Estados u organizaciones?

No. La Comisión no puede aceptar fondos de ningún país que estén directamente dirigidos a ella. Lo que puede hacerse es que países u organizaciones hagan contribuciones a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los de Derechos Humanos. Tienen que ser contribuciones generalizadas y no para ninguna comisión en particular para evitar cualquier impresión de falta de imparcialidad.

La ONU y el sistema internacional están en la cuerda floja en momentos en que, por ejemplo, Israel comete un genocidio en Palestina sin que nadie lo detenga y Putin viaja a Mongolia sin temor a ser capturado a pesar de tener en su contra una orden de arresto de la CPI. ¿Cómo afecta este entorno el trabajo de la Comisión?

Sería absurdo negar que este es un momento extraordinariamente complicado para el sistema multilateral y que parte de la complicación reside en lo que la pregunta sugiere y es cierta falta de consistencia en la implementación de normas que se supone que son universales. Estoy de acuerdo por completo con esa premisa y es algo que dificulta enormemente nuestro trabajo.

Ahora, nuestro encargo es particular: es la investigación de violaciones que están ocurriendo en este conflicto y por lo tanto estamos haciendo lo posible por hacerlo de forma absolutamente objetiva, completamente imparcial y sin ser influenciados por factores políticos.

Esto con la esperanza de que los diferentes organismos que tienen encargos similares con respecto a otros conflictos hagan lo mismo, y que la suma de todos esos esfuerzos por ganar objetividad y dar un incentivo a la aplicación imparcial de las reglas lleven a solucionar el problema.

Pero, de nuevo, las cosas serían mucho más fáciles si las normas universales se aplicaran de forma completamente generalizada.

Carmen Lucía Castaño

Para EL TIEMPO

Ginebra