'No pone en riesgo la estabilidad fiscal del país': representante Ardila sobre reforma al SGP

A falta de la conciliación y su posterior sanción presidencial, a partir del 2027 los ingresos corrientes de la Nación que se giran a los departamentos subirán gradualmente de 23,8 a 39,5 por ciento. El proyecto constitucional fue aprobado en su octavo y último debate en la plenaria de la Cámara de Representantes.

En entrevista con EL TIEMPO, el representante liberal Carlos Ardila, ponente de la reforma, responde a los cuestionamientos hechos por expertos y algunos congresistas, quienes aseguraron que la iniciativa es "irresponsable" y podría comprometer la sostenibilidad fiscal del país. También contesta por supuestos vicios en el trámite del informe de ponencia.

Para explicarle a la ciudadanía: ¿Qué se aprobó este 2 de diciembre en la plenaria de Cámara?

Lo primero es que enviamos un mensaje a la Constitución de que este modelo centralista es un verdadero fracaso. Las brechas entre las regiones de este país cada vez son más notorias y vemos que las desigualdades cada vez crecen un poco más. Ese modelo debe cambiar. A las regiones hay que darles más recursos para que atiendan más tareas y más competencias. Hoy, de los ingresos corrientes de la Nación 22 por ciento se van a las regiones y 78 por ciento se quedan en el nivel central. Esto va muy en contravía de lo que dijo la misma Constitución, que dijo que en los próximos diez años a partir del 91 las transferencias deberán ser del 46.5%, esa debería ser la participación que hoy tienen las regiones en el SGP y desafortunadamente así no es. Lo segundo que se está diciendo aquí en esta reforma constitucional es que se deberá tramitar una ley de competencias que fije de manera clara y de manera precisa, cuál será la tarea del nivel central, cuál será la tarea de las gobernaciones, cuál será la tarea de los municipios y que de manera clara establezca que no podrá existir una dualidad de funciones.

Esa misma ley tendrá una suerte de seguros. Un seguro en doble vía. No envío competencia a la región si no envío recurso. Va la tarea, va el recurso esto para evitar que nos ocurra lo que ha ocurrido en los últimos 33 años que le enviamos tarea a los gobernadores, le enviamos tarea a los alcaldes y se nos olvidó enviarle los recursos porque lo que estamos viendo de evidenciando es que la plata está en Bogotá, en el nivel central.

La Nación se asegura de la siguiente forma: no le va a transferir recursos a las regiones si las regiones no asumen una competencia y esto es importante anotarlo. Esta ley arranca en vigencia y empieza a implementarse en el año 2027 y este no resulta un tema caprichoso: el Ministerio de Hacienda ha dicho que podrán avanzar en descentralización de recursos y de competencias a partir del año 2027, eso les permite asumir las obligaciones que se tienen en el nivel central, no ponen riesgo la estabilidad fiscal de este país y empezamos de manera organizada a transferir los recursos de manera gradual.

Usted asegura que esta reforma no quiebra al país, a pesar de advertencias del Banco de la República y el Ministerio de Hacienda. ¿Qué cuentas hace usted para hacer esa afirmación? ¿La ponencia cuenta con aval fiscal?

Claro que sí, sin lugar a duda existe un aval tácito por parte del Ministerio de Hacienda porque los tiempos que hemos establecido aquí, la entrada en vigor, los 12 años de implementación y el punto de partida que será un 30 y no un 22 por ciento como está hoy son cifras del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda dice miren yo hice mis cálculos y mis cálculos me permiten a mí asumir en una carga fiscal a partir del 2027 y no a partir del 2025 como en un momento estaba establecido. El Ministerio de Hacienda dice yo puedo asumir ese compromiso si arrancamos en el 2027 y si lo llevamos hasta el 2038. Ya serán 12 años más los dos años de implementación. Estamos en 14 años para poder llegar a un 39.5%.

En el artículo 356 dejamos preciso que esto deberá ir de manera articulada con el respeto al marco fiscal de mediano plazo. Pero vamos más allá: incluso habrá también un respeto y una articulación con la regla fiscal porque esta debe ser una reforma sería, una reforma responsable y en especial una reforma que se pueda implementar.

¿Qué cambios se harían en la estructura administrativa del Gobierno central cuando se saque adelante esa ley de competencias, es decir, qué entidades desaparecerán para ‘adelgazar’ el Estado?

Yo no diría que eliminar entidades, pero sí competencias de esas entidades. Si se eliminan competencias a esas entidades, pues esas entidades deberán reducirse porque no necesitan el personal para atender menos capacidad, menos funciones y menos tareas. Por ejemplo: ¿qué hace el DPS construyendo vías terciarias en este país? ¿Qué hace el Ministerio del Interior celebrando convenios con Juntas de Acción Comunal? Más allá de eliminar las entidades, lo que es cierto es que si pierden competencias pues requerirán menos personal y por supuesto menos recursos para seguir funcionando.

Algunos de sus colegas señalaron que el informe de ponencia tuvo vicios de trámite. En otras palabras, que llegó con algunas modificaciones respecto al texto que se aprobó el Comisión Primera. ¿Esto fue así?

Había una gran discusión que es el tiempo que tiene el Gobierno Nacional para presentar la ley de competencias. El proyecto de acto legislativo nace con un término de tres meses, en la segunda vuelta en Senado de la República en quinto debate queda en seis, sigue en su sexto debate con seis, llega a séptimo debate con seis y mi ponencia en la Comisión es de 6. Termina una proposición modificando el término y lo eleva hasta 12 meses para presentar el proyecto de ley, lo que yo hago es que en la ponencia que llevo a la discusión de la plenaria de la Cámara de Representantes plasmo que sean seis meses y eso tiene una explicación: que durante el primer semestre del 25 podamos construir y tramitar el proyecto de ley y en el segundo semestre podamos empezar la discusión. Esta es sin lugar a dudas la ley más importante en reforma del Estado y esa ley no se va a resolver en el año 2026. Si lo mandamos esto al 2026 que son los 12 meses, en el 2026 vamos a estar en elecciones de Congreso, elecciones de Presidente de la República y en julio del 2026 tendremos un nuevo Congreso y en agosto tendremos un nuevo presidente.

Esa fue la razón y eso es completamente válido. Lo que yo no puedo hacer en la ponencia es llevar temas que no se hayan discutido en la Comisión. La plenaria toma la decisión de volver a los 12 meses y quedamos en esa aprobación de 12 meses.

Sobre el final del debate hubo una larga discusión con el representante Duvalier Sánchez y no fue hasta que se llegó a un acuerdo que no se destrabó la aprobación. ¿Qué pasó?

Uno de los grandes puntos de discusión tiene que ver con la educación. Ampliamos tareas porque ampliamos la bolsa del SGP. Van tres años de educación preescolar seguimos con media, básica y hasta ahí no hay discusión. La gran discusión se generó en educación superior. El Ministerio de Educación venía insistiendo en que se incluyera en esta reforma constitucional un aparte que dice que el gobierno destinará recursos para el tránsito a la educación superior. Dos años de tránsito de la educación superior generaron preocupación porque muchos municipios y departamentos decían ojo que me están enviando tareas de educación superior cuando ese es un tema del nivel central y sin saber cuántos recursos. Para que no existan preocupaciones dejamos el tema de educación superior de la siguiente manera: las entidades territoriales podrán financiar o contribuir al acceso y a la permanencia en la educación superior hasta por dos años. Eso generó una discusión larguísima que casi nos embolata la aprobación del artículo.

Los gobernadores apoyaron de manera unánime el proyecto y en su aprobación se vio al gobernador Carlos Amaya moviéndose mucho. ¿Qué influencia tuvo?

Agradecer primero a todos los gobernadores del país que han estado muy activos y solidarios con esta reforma. Por supuesto el gobernador Carlos Amaya que preside la Federación jugó un rol protagónico, no solo ayer en el octavo debate, durante toda esta discusión estuvo presente y lo propio el doctor Didier Tavera también estuvo atento a esta discusión. Lo mismo realizaron los municipios. Debo resaltar también la participación que tuvo Fecode en todo este ejercicio.

La representante Katherine Miranda aseguró que se vendrá una lluvia de demandas a la reforma...

De seguro que vendrán demandas. Decimos en el Congreso que una demanda a una reforma constitucional no se le niega a nadie. Casi siempre terminamos en las Cortes dando la segunda discusión a las reformas que se dan en el Congreso de la República. Yo tengo la tranquilidad de que hicimos la tarea acorde a la ley, que tramitamos las diferencias vía debate y estoy seguro de que la Corte Constitucional en su ejercicio de control va a avalar y nos va a permitir continuar con la ley.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política