Nicolás Maduro se atrinchera en Miraflores: los impactos para Colombia

"Creímos que podíamos ayudar más, pero no nos han dejado”. Esta frase, pronunciada esta semana por una alta fuente de la Cancillería y que hace referencia al régimen de Venezuela, refleja el naufragio del gobierno del presidente Gustavo Petro en su intento por facilitar una transición política en el país vecino, escenario diluido tras consumarse la posesión ilegítima de Nicolás Maduro. En cambio, el Gobierno se queda con el alto costo político que implica haber defendido una postura complaciente frente a la dictadura y con el reto de resolver cómo seguir manteniendo relaciones diplomáticas sin terminar siendo funcional a los intereses del grupo que mantiene de manera ilegítima el poder en Venezuela. 

Hasta los días previos a la juramentación del chavismo, hubo discusión entre la Casa de Nariño y el Palacio de San Carlos, sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la conveniencia de participar en el acto de investidura, interpretado por un amplio sector del país como una validación de la dictadura. EL TIEMPO pudo conocer que, si bien la decisión de no enviar a ningún alto funcionario de Bogotá -incluido el presidente Petro- se tomó hace varias semanas, el canciller Luis Gilberto Murillo aconsejó no enviar a nadie o, en su defecto, alguien de menor rango que el embajador Milton Rengifo. Lo anterior no sucedió y al jefe de la misión en Caracas se le vio estrechar la mano de Maduro antes de que le fuera impuesta la banda presidencial por parte de Jorge Rodríguez, el también cuestionado presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela.

El Gobierno sostiene que en la práctica diplomática se pueden mantener relaciones y al mismo tiempo no convalidar al gobierno de Maduro. Aunque finalmente el presidente, a través del canciller Murillo, se vio obligado a expresar públicamente que los comicios del pasado 28 de julio no fueron transparentes y libres, lo cierto es que Colombia terminó siendo, con el envío de su embajador, uno de los pocos validadores en la región y en el mundo del actual ocupante del Palacio de Miraflores.

En Latinoamérica, Perú, Argentina, Paraguay y Chile, en la cual gobierna el mandatario de izquierda Gabriel Boric, desconocieron a Maduro. Petro le apuesta a tratar de acercarse al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil –con quien trató de mediar la crisis diplomática y que también tuvo embajador en la posesión, pero que mantiene una posición más crítica frente al régimen; incluso lo vetó en la reciente cumbre de los Brics–, así como con el gobierno de Claudia Sheinbaum en México.

Y a pesar del tono más fuerte de la última declaración oficial sobre Venezuela, tanto el presidente Petro como el sector más radical del Pacto Histórico siguen sosteniendo la tesis de que la responsabilidad de la crisis democrática y económica en Venezuela es producto del bloqueo decretado por Estados Unidos contra el régimen y no, precisamente, de los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidos por este.

“Si las elecciones de Venezuela no fueron libres, al realizarse bajo el bloqueo económico que se convierte en una extorsión explícita, es importante mantener la tesis del dialogo político más amplio posible en Venezuela, el levantamiento integral del bloqueo y una nueva posibilidad de expresión libre del pueblo de Venezuela”, dijo el mandatario colombiano.

Es una posición que contrasta con lo que pasa día a día en Venezuela y con la realidad que cuentan los millones de venezolanos que han tenido que salir de su país como resultado de las políticas y la violencia del chavismo. De hecho, enfrentar el impacto del capítulo III de Maduro en el poder sobre la migración forzada de venezolanos, tres millones de los cuales están en Colombia, será otro reto fundamental.

Bogotá defiende su decisión con el argumento de que los problemas de Venezuela los deben resolver los venezolanos –posición que desconoce que precisamente los venezolanos ya decidieron en las elecciones del pasado 28 de julio– y que una eventual ruptura de relaciones terminaría, como en el pasado, afectando a los millones de colombianos y venezolanos que viven en la frontera y no impactaría en el regreso de la democracia.

“Nuestra presencia responde a la necesidad de mantener la relación diplomática con un vecino con el cual compartimos 2.200 kilómetros de frontera, con un intercambio comercial hoy por encima de los 1.000 millones de dólares, compartimos también la característica de tener el mayor volumen de población migrante en ambos lados de la frontera y, por si fuese poco, mantenemos una robusta agenda común de paz y seguridad”, señaló en diálogo con este diario el embajador Rengifo.

La tesis del pragmatismo no oculta, sin embargo, el hecho de que la cercanía ideológica entre el presidente Petro y el régimen chavista lo ha llevado, en sus dos años largos de mandato, a aplicar diversas estrategias para darle oxígeno internacional a Maduro. Las visitas a Caracas del jefe de Estado colombiano en estos dos años y su narrativa de atribuirle la crisis en Venezuela y la diáspora de casi 8 millones de ciudadanos de ese país al bloqueo internacional son expresiones de esa cercanía.

“Maduro ya no se distingue del despreciable círculo de los dictadores sanguinarios. Entendimos hasta cierto punto la cautela de la diplomacia colombiana. Pero ahora el silencio no tiene justificación”, señaló el senador Humberto de la Calle.

La aspiración del presidente Petro de posicionarse como un líder mundial en la defensa de los derechos humanos y la democracia queda seriamente averiada por la falta de coherencia en su actitud contra un régimen que no solo se robó las elecciones sino que ha utilizado la violencia antes, durante y después del proceso electoral para mantener el poder.

“ ¿Cómo puede la Cancillería de Colombia ser miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y brindar apoyo cómplice a una dictadura?”, cuestionó la excanciller Marta Lucía Ramírez.

El Gobierno, por su parte, se defiende indicando que Colombia debe ser un factor de estabilidad en la región. “Si hay una actitud más beligerante de China o de Trump sobre Venezuela, esta deja de ser una región de paz. Hay una competencia por alinear a los países, no queremos que la región sea objeto de eso”, apuntó una fuente de la Cancillería. 

En ese sentido, la insistencia del presidente Petro en la impertinencia de las sanciones económicas hace crecer la expectativa por nuevos roces que se puedan generar entre Washington y Bogotá ahora que Donald Trump regresa a la Casa Blanca y que, por primera vez , reconoció a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela.

Maduro y la ‘paz total’

Además de las cercanías políticas, es claro que para el Gobierno la preservación de la relación con Venezuela se cruza con una de sus políticas claves: la ‘paz total’. Ese país es garante de los diálogos con Eln y con la disidencia de alias Iván Márquez, que como sus pares ‘elenos’ lleva años protegido por el régimen de Caracas. Además, es sede de las conversaciones que se desarrollan con miras a descongelar el proceso con la delegación guerrillera que lidera alias Pablo Beltrán. Es decir, el país vecino juega un papel crucial en la ‘paz total’, aunque al mismo tiempo es la retaguardia estratégica del Eln, que en ese país tiene campamentos y presencia constante. Esta cercanía es la que, según analistas, tiene al Gobierno con las manos atadas.

“Una de las razones por las que el gobierno Petro no condena al régimen es porque la frontera con Venezuela la gobierna el Eln. La ‘paz total’ de Colombia está hipotecada por el régimen venezolano. Cualquier movimiento fuera del libreto provocará una reacción del régimen a través del Eln. Un rompimiento del proceso o una escalada de violencia”, dice Jorge Mantilla, investigador en conflicto y crimen.

Si bien no se prevé un cambio de postura a corto plazo frente al rol de Venezuela en el proceso, por lo pronto la delegación de paz del Gobierno ya anunció que buscará otra sede para la reunión extraordinaria programada para finales de este mes. “Un país como Venezuela, que ha cumplido en distintos momentos durante las últimas décadas un papel de país garante o que ha prestado sus buenos oficios para avanzar en los procesos de paz, mantendrá esa condición”, dijo el senador Iván Cepeda.

“El gobierno de Petro hará todos los esfuerzos por sostener esta relación clave para la paz de Colombia y para el sur de América, pero la va a tener muy difícil”, consideró el director de la Fundación Paz y Reconciliación, Pares, León Valencia.

Una posición insostenible, según Miguel Ceballos, excomisionado de Paz del gobierno Duque: “No hay razón que justifique una dictadura siga siendo considerada como garante de la negociación”. Pero con la negociación con el Eln en crisis, difícilmente el gobierno Petro se arriesgará a tomar una decisión que afecte al principal socio internacional de esa guerrilla y que haga aún menos probable que la ‘paz total’ pueda cosechar algún resultado, aunque sea parcial.

El impacto económico

Otra de las preguntas que surge por la continuidad del régimen venezolano son los impactos económicos, teniendo en cuenta el restablecimiento reciente de las relaciones comerciales y hechos no menores como el interés de importar gas desde Venezuela (en vilo ante las inminentes sanciones de EE. UU.) y la intención del régimen de vender la empresa de fertilizantes Monómeros, con sede en Barranquilla.

Según la Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex), entre enero y noviembre del 2024, las exportaciones colombianas a Venezuela llegaron a 885,5 millones de dólares, lo que representa un incremento de 47 por ciento frente al mismo periodo del 2023. Esto ubica al vecino país en el duodécimo lugar que más compra bienes de Colombia. Si bien el resultado es positivo, el gremio dice que se esperaba superar los 1.000 millones de dólares en ventas externas. “Esperemos que la incertidumbre que viene no afecte de manera contundente este buen avance en materia comercial”, aseguró Javier Díaz, presidente de Analdex.

Y por supuesto la actitud de la diplomacia colombiana frente al golpe contra la democracia asestado por Maduro tendrá impactos políticos. Petro, que en sus campañas del 2018 y 2022 hizo grandes esfuerzos por tratar de desmarcarse del régimen termina avalando los métodos de la dictadura, con todo lo que eso implica en materia de política interna.

Analistas consultados por este diario anticipan que el atrincheramiento de Maduro en el Palacio de Miraflores y la postura del Gobierno se reflejarán en la campaña de las presidenciales que los colombianos vivirán en el 2026 con un alto costo político para la actual administración, que aspira a estirar su proyecto progresista. 

“La oposición va a hacer de este mantenimiento de las relaciones con Venezuela y de esta posición intermedia de Petro su caballito de batalla para, y esto ya ha ocurrido antes, tratar de alinear al gobierno de Gustavo Petro con los autoritarismos de izquierda”, comenta Martha Márquez, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana.

Ayer, el Centro Democrático lideró una manifestación en Cúcuta en contra del régimen, donde el expresidente Álvaro Uribe propuso una “intervención militar internacional” para Venezuela.

“La ilegitimidad de Maduro como presidente va a ser un recurso de varios sectores opuestos al Gobierno para denunciar que Petro, aunque no asistió a la posesión, ha sido complaciente con el régimen”, complementa Juan Nicolás Garzón, experto en política internacional de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana.

También parece claro que la tormenta diplomática impactará en la posible aspiración presidencial del canciller Murillo, cuya salida anticipada se frenó -por ahora- precisamente por lo que implica gestionar esta turbulenta situación.

“El canciller ha buscado distanciarse de la posición frente al régimen venezolano, pero tiene la dificultad de no desobedecer a su jefe (el presidente Petro) y esto obviamente lo pone en una situación compleja, más si pretende o tiene aspiraciones presidenciales”, comenta el investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronal Rodríguez.

¿Volverá a tomarse una foto el presidente Petro con Nicolás Maduro, con quien ha sostenido seis encuentros oficiales en el vecino país? Esa es una de las preguntas que se hacen muchos colombianos y venezolanos. Por lo pronto, concluye la analista Gabriela Trompetero, lo que se demostró con este capítulo es que “la supuesta prudencia de mediador del Gobierno para buscar una solución democrática en Venezuela solo le dio más tiempo al régimen de reprimir a la población y de desarticular la movilización pacífica y democrática que fue golpeada por el terrorismo de Estado”. 

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política