Muy pocos la conocen: ¿qué es la Ley Smith que Uscis utiliza contra los migrantes?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) está aplicando una normativa poco conocida que data de 1940: la Ley Smith, también llamada Ley de Registro de Extranjeros, que obliga a los migrantes a inscribirse ante el gobierno y someterse a la toma de huellas dactilares. 

De acuerdo al sitio oficial de Uscis así como a la Densho Encyclopedia, esta medida, reactivada bajo una orden del presidente Donald Trump, incluye sanciones penales para quienes no la cumplan.

La Ley Smith fue creada en un contexto de conflicto global, durante la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de reforzar la seguridad nacional. Originalmente, exigía que todos los extranjeros mayores de 14 años en Estados Unidos se registraran y dejaran sus huellas. El primer grupo afectado fue el de los migrantes chinos.

Para evitar asociar el proceso con acciones penales, el registro se realizaba en oficinas de correos en lugar de comisarías. “El propósito era aliviar los temores de que fuera una estrategia para deportarlos”, explica la fuente.

En enero de 2025, Trump ordenó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) hacer cumplir esta ley, basándose en la sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. 

Desde entonces, los migrantes que permanezcan más de 30 días en el país deben completar el formulario G-325R, a menos que ya hayan proporcionado sus huellas. Los menores de 14 años deben ser registrados por sus padres o tutores.

Multas, prisión y deportación: las consecuencias de no registrarse bajo la Ley Smith de Uscis en EE. UU.

Matthew Tragesser, portavoz de Uscis, celebró la medida y afirmó que más de 57.000 inmigrantes ya se inscribieron. “Por primera vez en años, la Ley de Inmigración y Nacionalidad se está aplicando, y finalmente hay un amplio reconocimiento de que su incumplimiento es un delito”, dijo en diálogo con The Washington Post.

Quienes no cumplan se enfrentan a un delito menor, con penas de hasta US$5.000 de multa, seis meses de prisión o ambas. Además, la orden de Trump establece que el incumplimiento debe tratarse como una “prioridad de ejecución civil y penal”, lo que ha llevado a procesos judiciales contra varios migrantes.

Un análisis del mismo medio reveló que, aunque muchos casos están en etapas iniciales, al menos diez personas ya fueron declaradas culpables, mientras que otras seis lograron que se desestimaran los cargos. En algunos fallos, los jueces cuestionaron la aplicación de una ley que “no se usó ampliamente en más de 50 años”.

El magistrado Michael B. North, por ejemplo, desestimó los cargos contra cinco migrantes en Luisiana, argumentando que “no había evidencia de que supieran que debían registrarse” y que, hasta hace poco, no existía un mecanismo para hacerlo.

Sin embargo, al menos 13 acusados fueron condenados y deportados o están en proceso de expulsión. Los defensores de migrantes advierten que la medida los coloca en un dilema: registrarse y arriesgarse a la deportación o negarse y enfrentar cargos penales.