Ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, insiste en que el CNE no tiene facultades para investigar al presidente Petro

hace 1 mes 98

Casi 23 horas después de que se conoció la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que abre formalmente la investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro por presunta violación de los topes electorales en 2022, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, insistió en que esa institución no tiene facultades para investigar al jefe de Estado.

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"Una vez más hay que señalar que el fuero presidencial es integral y el CNE se equivoca al investigar al candidato presidencial cuando ya ostenta la dignidad de jefe de estado. No tiene competencia", señaló el jefe de la cartera política.

Gustavo Petro, como candidato y Ricardo Roa, como gerente de campaña son investigados por el CNE.

Gustavo Petro, como candidato y Ricardo Roa, como gerente de campaña son investigados por el CNE.

Foto:EL TIEMPO

Y añadió: "Ninguna autoridad distinta a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes puede investigar la conducta del Presidente de la República en ejercicio y formularle cargos".

Con ese documento de 339 páginas, el tribunal explicó a profundidad las razones que lo llevaron a investigar al mandatario y a cuatro personas más de su campaña, entre ellos Ricardo Roa, quien fue el gerente y hoy es el presidente de Ecopetrol. El tribunal electoral considera que se habrían violado los topes de campaña por más de 5.000 millones de pesos, por lo que las mayorías de esta instancia conformada por las principales fuerzas políticas del país acogieron la ponencia presentada por los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada, de origen liberal y del uribismo, respectivamente. 

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Gustavo Petro, presidente de Colombia

Foto:Presidencia

Pero no solo fue la respuesta de Cristo, el propio presidente Petro acusó a los magistrados del CNE de estar cometiendo un delito. El mandatario ha insistido en que esta investigación contra él se traduce en el inicio de un supuesto golpe de Estado en su contra. 

"El documento al expresar, con firma de funcionarios, que se ha investigado al presidente de la república, rompe por completo el Estado de Derecho, la Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad, por la ruptura fragrante de la Convención Americana, que el Consejo de Estado, guardián de esa convención, desde que era alcalde de Bogotá, nunca debió permitir", aseveró mandatario este viernes. 

Y añadió: "Los funcionarios firmantes están incursos en el delito de prevaricato por acción con dolo. Y el pueblo colombiano queda facultado legítimamente para actuar, como lo decida, contra el golpe de estado".

Los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado

Pero mientras el Gobierno y sus aliados insisten en que el CNE no tiene facultades para adelantar la investigación, las posturas de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado respaldan al tribunal electoral.

"El Consejo Nacional Electoral es la autoridad competente para definir si en la Campaña Presidencial demandada se presentó o no violación de topes de financiación, siendo esta una atribución preferente, frente al eventual trámite judicial posterior de una acción popular para reponer la agresión contra los intereses públicos presuntamente afectados por el eventual manejo inadecuado de dineros públicos”, aseveró la Corte en septiembre.

"Es competente para investigar violaciones a topes de financiación de campaña, pero no para sancionar con pérdida del cargo al Presidente de la República (...) es competencia del Congreso de la República, a través de la Comisión de Acusaciones, adelantar el eventual proceso para sancionar con pérdida del cargo al jefe del Estado, en el evento en que los hallazgos de la autoridad electoral dieren lugar al desarrollo de una actuación de esa naturaleza", señaló el Consejo de Estado en agosto.

Se espera, entonces, que los implicados sean notificados en los próximos días para continuar con este caso que ha desatado un debate político y jurídico que, seguramente, seguirá durante los próximos meses.

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política

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