Máxima condena de 60 años de prisión a tres responsables del ataque incendiario a la Registraduría de Gamarra

hace 17 horas 80

Una condena ejemplar, en medio de uno de los hechos más graves de violencia electoral ocurridos en el país en 2023. La justicia penal especializada de Valledupar (Cesar) condenó a 60 años de prisión a Yuberlys Bermúdez Rubiano, Isaías Peña Oliveros y William Castro Torrado por su participación directa en el ataque incendiario a la sede de la Registraduría de Gamarra, ocurrido el pasado 28 de octubre, en pleno proceso de elecciones regionales.

Según estableció la sentencia de primera instancia, los tres condenados fueron hallados responsables de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio agravado e incendio. Además de la pena privativa de libertad, deberán pagar una multa de 210 salarios mínimos mensuales legales vigentes, y la juez ordenó que la condena se cumpla en un establecimiento carcelario de máxima seguridad.

La Fiscalía General de la Nación presentó en juicio un conjunto de pruebas documentales, testimoniales y audiovisuales que permitieron reconstruir los hechos con detalle y demostrar la responsabilidad directa de los acusados en el atentado. La juez especializada acogió en su totalidad la teoría del caso del ente acusador y valoró especialmente los videos de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos presenciales, entre ellos funcionarios de la Registraduría y vecinos del sector.

Un ataque con gasolina y fuego en medio de una protesta

Los hechos ocurrieron en medio de una manifestación violenta motivada por una decisión del Consejo Nacional Electoral que presuntamente afectaba los intereses políticos de un candidato local. La concentración, que inicialmente se desarrollaba frente a la Registraduría Municipal de Gamarra, escaló rápidamente a disturbios y actos vandálicos, hasta culminar en un incendio que destruyó buena parte de la sede institucional.

Según el material probatorio, Isaías Peña Oliveros y su esposa, Yuberlys Bermúdez Rubiano, llegaron al lugar con un coche de bebé, en el cual ocultaban una pimpina plástica cargada de gasolina. Una vez en las inmediaciones del edificio, entregaron el combustible a William Castro Torrado y a otros dos sujetos aún no identificados plenamente, quienes procedieron a rociar e incendiar el inmueble.

La acción criminal produjo la muerte por quemaduras de una funcionaria de la Registraduría, quien quedó atrapada en el interior del edificio, y dejó a otras seis personas heridas de gravedad, entre ellas personal logístico y ciudadanos que se encontraban haciendo trámites. Varios de los lesionados requirieron tratamientos médicos prolongados y aún enfrentan secuelas físicas y psicológicas.

Responsabilidad probada y pena máxima

Durante el juicio, la Fiscalía presentó pruebas forenses del lugar del incendio, informes de los cuerpos de bomberos y peritos en criminalística, que coincidieron en señalar que se trató de un incendio provocado con un acelerante inflamable.

Adicionalmente, los testimonios de vecinos permitieron ubicar a los procesados en la escena, y se obtuvieron grabaciones de cámaras del sector que muestran el momento en que los implicados manipulan el coche con el bidón de gasolina.

La jueza concluyó que existió planificación previa y que los acusados actuaron con plena conciencia del daño que podían causar, sin que mediara una situación de defensa propia o reacción espontánea. La pena de 60 años corresponde a la máxima prevista por la legislación colombiana para este tipo de delitos agravados.

Reacciones y proceso judicial en curso

La condena, aunque celebrada por las familias de las víctimas y por organismos de control electoral, es aún de primera instancia y los abogados defensores anunciaron que interpondrán los recursos de apelación correspondientes, por lo que el caso podría llegar al Tribunal Superior de Valledupar en los próximos meses.

Por su parte, la Fiscalía insistió en que el fallo es un precedente para combatir la violencia política y electoral que se ha manifestado en varias regiones del país. “No vamos a permitir que se imponga el miedo o la violencia en los procesos democráticos. La justicia ha hablado y ha impuesto una pena ejemplar a los responsables de un hecho atroz”, dijo uno de los fiscales del caso.

La Procuraduría también manifestó su respaldo a la decisión judicial y llamó a las autoridades a avanzar en la identificación de los otros implicados que aún no han sido capturados. Se cree que al menos dos personas más participaron directamente en la ejecución del incendio.

El municipio de Gamarra, ubicado al sur del Cesar, vivió días de tensión y zozobra tras el ataque a su Registraduría, en un contexto de alta polarización política. Con esta sentencia, se espera cerrar uno de los capítulos más dolorosos de las elecciones del 2023 en el país.