Mary Anne Perdomo, congresista del Pacto, apelará fallo que decreta su 'muerte política' por presunta corrupción

La representante a la Cámara Mary Anne Andrea Perdomo anunció que apelará la decisión del Consejo de Estado, que decretó la pérdida de su investidura por la indebida destinación de recursos públicos. La congresista, de la bancada del Pacto Histórico, calificó el fallo como una persecución política.

El alto tribunal concluyó que Perdomo incurrió en una irregularidad al vincular a una integrante de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) que, presuntamente, no cumplía funciones reales, mientras otra persona —formalmente desvinculada— continuaba ejerciendo dichas labores.

Tras conocerse la decisión, la congresista emitió un comunicado en el que rechazó los señalamientos y defendió su gestión. “Quiero dejar claro ante la opinión pública que los hechos investigados hacen parte de una evidente persecución política por parte de sectores a los que les incomoda la presencia femenina en escenarios democráticos y el trabajo transparente y honesto que hemos venido realizando por nuestras comunidades”, afirmó.

Perdomo sostuvo que las investigaciones se basan en un “montaje sin fundamento” y que las acusaciones “no han sido comprobadas en ninguna instancia” y están “construidas sobre aseveraciones subjetivas, carentes de sustento y alejadas de la realidad”.

La representante manifestó que apelará el fallo y continuará presentando las pruebas ante las instancias judiciales correspondientes. “Confío plenamente en Dios que, con su infinito poder, se podrá esclarecer la verdad, y ratificar en segunda instancia. Y cuando así sea, no dejaremos impunes a quienes han orquestado esta persecución política. Procederemos legalmente contra quienes han promovido este complot con el único objetivo de intentar silenciar una voz firme y comprometida con el pueblo”, sostuvo en el comunicado.

El caso que se investiga

El caso se centra en una presunta irregularidad ocurrida entre enero y septiembre de 2023, cuando la congresista designó a Luisa Fernanda Rueda Guerrero como asesora I de su UTL, pese a que no cumpliría funciones reales.

De hecho, EL TIEMPO reveló que, mediante el auto del 20 de marzo de este año, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema acusó a la congresista por los presuntos delitos de peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y revelación de secreto.

Según las pruebas recopiladas por el Consejo de Estado -evaluadas también por la Corte Suprema-, la asesora nombrada solo figuró en el papel. En la práctica, quien siguió ejerciendo labores fue María Isabel Rueda Guerrero, antigua asistente de la UTL, que ya había sido desvinculada formalmente del cargo.

Durante más de ocho meses, esta situación permitió que se pagaran salarios por un trabajo que no se ejecutaba, mientras otra persona —sin vínculo contractual— continuaba realizando las funciones asignadas.

El Consejo de Estado concluyó que la congresista Perdomo conocía la irregularidad y actuó de manera premeditada para mantenerla. Incluso certificó como cumplidas unas labores que no fueron realizadas, lo que agravó su responsabilidad.

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MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Redacción Política