Mafia de tierra en Atlántico: el rol de funcionarios, notarios y políticos en robo de predios de colegios y parques

Una investigación liderada durante más de un año por el Grupo Anticorrupción de la Dijín y la Fiscalía General de la Nación logró desmantelar una red criminal dedicada al robo de tierras en los municipios de Soledad y Barranquilla, en el departamento del Atlántico. 

Las denuncias ciudadanas y los alertas provenientes de varias instituciones estatales fueron el punto de partida de una operación que hoy tiene tras las rejas a 17 personas, entre ellas registradores, notarios, inspectores, abogados y particulares.

Los investigadores determinaron que esta estructura delictiva actuaba en al menos cuatro frentes claves: registral, jurídico, notarial y policivo, coordinando esfuerzos para legalizar predios baldíos, zonas en litigio o terrenos de uso público como si fuesen propiedades privadas. Posteriormente, estos lotes eran reloteados y vendidos, generando un lucro ilícito que podría superar los 16 billones de pesos, según cálculos preliminares.

Los funcionarios involucrados tenían roles específicos dentro de esta maquinaria:

Iván Carlos Páez, registrador de instrumentos públicos en Soledad, era clave en el frente registral. Según las autoridades, habilitaba el registro y reloteo irregular de terrenos, y desbloqueaba resoluciones que impedían la comercialización de predios con antecedentes jurídicos.

Juan Manuel Ucrós y David De Castro Macías, ambos exregistradores, replicaban este patrón en otras zonas, facilitando la inscripción de inmuebles sin cumplir con los requisitos legales establecidos.

José Luis Pacheco, calificador en la Oficina de Registro de Soledad, omitía deliberadamente la revisión de documentos y el cumplimiento de obligaciones tributarias antes de permitir el registro, allanando así el camino para legalizar propiedades fraudulentas.

En el frente policivo, Neisy Esther Cantillo, conocida como alias La Doctora, desde su rol como inspectora de Policía, emitía amparos policivos para legitimar ocupaciones ilegales. Algo similar hacía Marlon José Mora, inspector en Cereté, quien tramitaba querellas amañadas para entregar terrenos a los miembros de la red.

En el eje notarial, Francisco María Mejía, notario único de Santo Tomás, y Ana Dolores Meza, notaria segunda de Barranquilla, protocolizaban escrituras con documentación falsa o incompleta, sin exigir revisión catastral ni tributaria, lo que facilitaba la venta fraudulenta de predios.

Por su parte, Andrés Díaz Granados, funcionario de la Oficina Jurídica de la Alcaldía de Soledad, validaba actos administrativos para dar un barniz de legalidad a la ocupación de los terrenos.

A estos se suman ocho particulares —Luis Miguel Martínez, Ismael Cárcamo Albarino, Inés Aminta Salas, Alex Manuel Ahumada, Wilmar Machuca Caicedo, José Luis Márquez, Roque José Lugo y otro más no identificado—, quienes, según la Fiscalía, se encargaban de contactar compradores, falsificar documentos, presionar funcionarios y mover las piezas necesarias para cerrar los negocios ilegales.

El papel de Lias 'Negrito' Rubí: poder político al servicio del despojo

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Lias Enrique Rubí, alias Negrito, un político de peso en Soledad que ha ocupado cargos de elección popular y cuenta con influencia en la contratación pública del municipio. Aunque su captura aún no se ha dado, su nombre figura en múltiples declaraciones como presunto articulador político del esquema.

Rubí habría sido el nexo entre funcionarios corruptos y estructuras privadas. Según los investigadores, usaba su poder para facilitar el nombramiento de inspectores y registradores que se prestaban para ejecutar el fraude. Además, intercedía ante dependencias municipales para asegurar que los predios quedaran fuera del radar de fiscalización o fueran incluidos en planes de ordenamiento para valorizarlos artificialmente.

También se le vincula con el desvío de terrenos destinados a megastructuras educativas, como los llamados megacolegios. Según la Fiscalía, al menos tres proyectos de megacolegios en Soledad fueron suspendidos o nunca se construyeron porque los terrenos donde iban a levantarse fueron arrebatados por la red criminal. 

Cómo operaba la red: un despojo sistemático

El modus operandi era meticuloso: primero identificaban terrenos baldíos o con problemas de titularidad (muchos de ellos destinados a obras públicas o en proceso de restitución). Luego, un inspector afín emitía un amparo policivo a favor de algún "poseedor" falso. Con ese documento, un notario protocolizaba la supuesta propiedad, y el registrador, sin verificación real, inscribía el título en el folio de matrícula inmobiliaria. Todo quedaba “legalizado”.

Una vez el terreno aparecía en los registros como propiedad privada, lo reloteaban y vendían rápidamente a empresas fachadas o particulares, algunos de los cuales actuaban de buena fe, pero la mayoría era parte del esquema.

El área total comprometida supera los 277.000 metros cuadrados, afectando parques, centros de desarrollo infantil, vías proyectadas y espacios reservados para la expansión educativa. El daño no es solo patrimonial sino social, pues los territorios robados estaban pensados para atender necesidades esenciales de miles de habitantes.

Hoy la Fiscalía continúa investigando si hay más funcionarios involucrados y si existen conexiones con estructuras políticas mayores. Mientras tanto, la comunidad espera que los proyectos interrumpidos puedan ser recuperados y que el Estado logre revertir el daño causado por esta red que convirtió la tierra pública en una fuente de enriquecimiento ilícito.

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