Los retos para el laboratorio de paz territorial que propone Zuleta, gobernador de Córdoba

El gobernador de Córdoba Erasmo Zuleta Bechara puso en marcha el Laboratorio de Paz Territorial, proyecto que servirá como herramienta para la reducción de los delitos en la región y para que el Gobierno Nacional realice diálogos con los grupos armados ilegales.

Durante el lanzamiento de la iniciativa, el gobernador Zuleta Bechara, quien está al frente del Consejo Territorial de Paz , señaló que los delitos que más se necesitan reducir en la región son los homicidios, la extorsión y el robo continuado.

Las zonas que más afectaciones presentan en Córdoba con relación a homicidios, robos y extorsiones son los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, La Apartada y San José de Uré.

Se suman otros municipios como Planeta Rica, Ayapel, Buenavista y Pueblo Nuevo y los del Alto Sinú, como Tierralta y Valencia.

En menor escala, pero sin que estén exceptos de estos delitos, figuran las poblaciones del Bajo Sinú como Lorica, Purísima, Momil, Chimá y Cotorra, al igual que los ubicados en la zona de costa, donde aparecen, San Bernardo del Viento, Moñitos, Los Córdobas, Canalete y Puerto Escondido.

Diálogos con grupos armados ilegales

Para el funcionario departamental, el Laboratorio de Paz servirá como instrumento esencial para establecer diálogos efectivos con miembros de grupos armados ilegales, pero con la presencia decidida del Estado y las comunidades.

“El gran objetivo es la transformación del territorio. La paz no es un logro individual, es un logro de Estado, y requiere tiempo, compromiso y acciones concretas para ofrecer oportunidades y servicios básicos como educación, salud y empleo”, manifestó.

La gran iniciativa que se pone en marcha desde la región marca el anhelo de un futuro libre de violencia en todo el Departamento, para que a partir de lo que se haga en Córdoba sirva de inspiración a todo el país.

“Lo que nos juega en contra a los mandatarios es el tiempo. Necesitamos definir una agenda clara: ¿cómo es la agenda?, ¿quiénes son los responsables?, ¿cuáles son las acciones y los tiempos para construir esta agenda de paz en Córdoba y también a nivel nacional?”, cuestionó el gobernador.

Apoyo a los gestores de paz

Con relación a la decisión del Gobierno Nacional de nombrar a los ex miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- como gestores de paz, el mandatario expresó todo su apoyo. Según él, porque sirve como un proceso positivo para que las heridas que quedaron abiertas desde los diálogos de Santa Fe de Ralito, que ya cumplen 20 años, se puedan cerrar definitivamente, de acuerdo también con lo expresado por las víctimas y victimarios.

“Aunque estas personas han cumplido penas por sus delitos, existe apatía y escepticismo en la ciudadanía debido a la falta de claridad sobre su papel en el proceso, pero tienen todo nuestro apoyo”, dijo.

Rodrigo Rojas, asesor de la oficina del Consejero Comisionado de Paz explicó los pasos a seguir por parte de los 18 ex líderes de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- en su calidad de gestores de paz.

“Cada uno debe presentar un plan de trabajo, de revisión mensual, en la que se comprometen a aportar en la identificación de bienes entregados para la reparación, identificación de la ubicación de personas desaparecidas y realizar acciones reparativas con las víctimas”, precisó.

Nuevas oportunidades en el marco de la paz

Para el gobernador Erasmo Zuleta Bechara, desde Córdoba se da un paso importante para que el Gobierno Nacional diseñe la ruta de trabajo de los gestores de paz.

“La paz es la dignidad de la vida de las personas, son las oportunidades, el respeto por los derechos humanos y el acceso a servicios básicos como la educación, el agua potable, el empleo y se requiere un profundo compromiso institucional que fortalezca el tejido social y la construcción de nuevas oportunidades”, indicó.

Se incluye además la preocupación por los retos sociales, económicos y ambientales en la región y el compromiso con la construcción de un desarrollo sostenible y como prioridad la promoción de una ganadería sostenible.

“Así mismo combatir la ilegalidad, especialmente con relación al cultivo de coca y la minería ilegal que afecta a la Ciénaga de Ayapel, para que los campesinos puedan optar por actividades legales y rentables. Es urgente que el Gobierno Nacional implemente acciones concretas para combatir este problema y preservar nuestra biodiversidad”, aseveró.

Desde Córdoba se espera solamente el guiño definitivo del Gobierno Nacional para convertir el proceso en una realidad, a través del Laboratorio de Paz Territorial.

Francisco Javier Barrios

Especial para EL TIEMPO

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