Los peligros del proyecto que busca reformar el Sistema General de Participaciones que ya pasó su séptimo debate

Cada vez llegan más alertas del proyecto de acto legislativo que busca reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) al aumentar la proporción de las transferencias que el Gobierno le gira a los departamentos y municipios.

En un informe, investigadores del Banco de la República analizaron el impacto fiscal que podría llegar a tener este proyecto, que hoy fue aprobado en séptimo debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes y solo le falta pasar en Plenaria para convertirse en ley.

“Sus efectos profundizarían aún más los desafíos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que los ingresos tributarios del Gobierno disminuirían debido a una actividad económica más débil y al aumento de los intereses de la deuda pública por la mayor prima de riesgo y la depreciación de la moneda”, aseguran.

Hay que recordar que el proyecto buscaba pasar las transferencias del 23,8 por ciento actual al 46,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación en un período de diez años. Sin embargo, en medio de la discusión se acordó que el monto sea de 39,5 por ciento en 12 años.

Para los investigadores del Emisor, sin una reducción equivalente en el gasto del Gobierno por el traslado de competencias a las regiones ni nuevas reformas tributarias las transferencias se elevarían a más del 7 por ciento del PIB en 2038, 1,3 puntos más de lo proyectado sin reforma.

Esta situación provocaría un aumento permanente del déficit fiscal del Gobierno Nacional Central y de la deuda pública. De un lado, la investigación proyecta que se elevaría el déficit al 4,7 por ciento en el 2038, frente al 2,8 por ciento del PIB proyectado en el escenario sin reforma.

“El mayor desbalance fiscal se originaría tanto en el aumento de la partida por el SGP como en la carga de intereses derivada del aumento del déficit y de la deuda”, indican.

Del otro, la deuda pública subiría a 64,6 por ciento del PIB al final del periodo, es decir, un incremento de casi 10 puntos respecto a la proyección en el escenario sin reforma, lo que resultaría en el “incumplimiento” de las metas de la regla fiscal.

“En un enfoque de equilibrio general, sin reducciones equivalentes en el gasto del Gobierno, este proyecto generaría un incremento permanente del déficit fiscal y de la deuda pública hasta un nivel cercano al 83 por ciento del PIB, superando en casi 28 puntos la proyección en un escenario sin reforma”, se puede leer.

Igualmente, aseguran que el proyecto podría aumentar la probabilidad de impago de la deuda pública, lo que llevaría a incrementar la prima de riesgo soberano. “Este aumento, a su vez, desencadenaría en altos costos de financiamiento y, vía depreciación del peso, en aumentos en los precios de las importaciones para los hogares, las empresas y el Gobierno. Como resultado, el consumo de los hogares y la inversión se verían reducidos, lo que finalmente llevaría a una contracción del PIB de la economía”, sostiene el informe.

Ley de competencias

El Ministerio de Hacienda aseguró que se presentará una ley de competencias que permita transferir funciones a los entes territoriales para completar el Acto Legislativo que busca modificar el SGP.

Según el análisis de los investigadores del Banco de la República, la elaboración del proyecto que redefina las competencias se debe enfrentar al hecho de que la Nación asigna actualmente recursos para el financiamiento de la salud a través del SGP y de otras partidas del Presupuesto cuyo monto es significativo y que en conjunto se dirigen a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres). Así mismo, el Gobierno apropia recursos para el financiamiento de las universidades públicas y el otorgamiento de subsidios de las matrículas universitarias.

“Es importante tener en cuenta que aún si la redistribución de competencias permite compensar el aumento de los mayores gastos por el SGP, existen riesgos adicionales que comprometerían la sostenibilidad de las finanzas públicas”, se puede leer en el informe.

Más alertas al proyecto

Estas alertas se suman a otras como la del director del centro de pensamiento Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien considera que con esta reforma la deuda del gobierno superaría el límite del 71 por ciento del producto interno bruto (PIB) impuesto por la regla fiscal. “Esta situación generaría una crisis fiscal. Se aumentaría el costo del endeudamiento, afectaría el crecimiento económico y generaría alzas en el desempleo y la pobreza”, aseguró.

Incluso, la presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), Astrid Martínez, advirtió que se necesitarían alrededor de tres reformas tributarias promedio para financiar los incrementos adicionales de las transferencias, sin abrir espacio para la inversión pública.

“Se pondría en riesgo el cumplimiento de la Regla Fiscal, que es un instrumento central para la generación de confianza y la estabilidad macroeconómica. Y en vista de la alta inflexibilidad del gasto público se reduciría significativamente el espacio para inversión social y productiva. De acuerdo con nuestras estimaciones, la inversión pública podría reducirse a cero y aun así, no sería suficiente para compensar el aumento en el gasto”, manifestó.