El decreto del Gobierno que declara la conmoción interior por la escalada de la violencia en la región del Catatumbo, en el departamento del norte de Santander, traerá una ‘mini’ reforma tributaria.
Como el Ejecutivo necesita recursos para hacerle frente a la situación de orden público que se vive en esta zona del país, pero no cuenta con los recursos necesarios, pondrá un nuevo impuesto de manera temporal.
“Dada la excepcionalidad de la situación, el Gobierno deberá recurrir a recursos fiscales extraordinarios y a modificaciones del Presupuesto, con el objeto de financiar, por una parte, las acciones y capacidades de la Fuerza Pública para el restablecimiento del orden público y, por otra, los proyectos y programas de inversión social, priorizando los concertados con las autoridades regionales, locales y étnicas”, dice el decreto.
Se trata del IVA a las plataformas de juegos de suerte y azar en línea, el cual también se contempló en la tributaria que el Congreso le tumbó al Gobierno en diciembre. Además, este pretendía recaudar 2 billones de pesos de los 12 billones que buscaba para financiar el Presupuesto del 2025. Según el Ministerio de Hacienda, las empresas que están detrás de este negocio pasaron de facturar 16 billones de pesos en el 2022 a 36 billones de pesos en el 2023.
“Con este impuesto, contemplábamos recaudar alrededor de 2 billones de pesos al año, pero como la declaratoria de la conmoción tiene una vigencia de 90 días calculamos que serán unos 500.000 millones de pesos”, explicó a este medio el ministro de Hacienda, Diego Guevara, quien confirmó que no tocarían los impuestos a los alimentos y bienes básicos.
En concreto, lo que contempla el artículo 38 de la Ley 137 de 1994 es que en el estado de conmoción interior se podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales y percibir impuestos que no figuren en el presupuesto de rentas en el momento actual.
Para el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, aunque no hay muchos antecedentes de que la declaratoria de la conmoción interior -a diferencia de la emergencia económica- se utilice para captar nuevos impuestos, la salida tomada por el Gobierno podría tener luz verde en la Corte Constitucional.
“Al fin se fueron por la vía tributaria parcial. La salida es ingeniosa y pasaría favorablemente el examen de la Corte. Seguramente, el Gobierno le apostará a que el Congreso le prorrogue este impuesto volviendo permanente la eliminación de la exención del IVA a las apuestas en línea”, opinó.
Hay que recordar que hasta el momento el decreto de conmoción interior habla de 90 días. Sin embargo, la ley dice que este puede ser prorrogable hasta por dos periodos.
Al conocer la noticia, la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecojuegos) manifestó que esta medida no solo pondría en riesgo la estabilidad financiera de un sector clave para la economía digital, sino que, además, alteraría el equilibrio contractual entre las empresas actualmente autorizadas y el Estado.
“El modelo actual ya opera con márgenes limitados, debido a que cerca del 97 por ciento de lo apostado se retorna en premiación a los jugadores, los derechos de explotación y gastos de administración a cargo, lo que deja a los operadores con ingresos netos limitados para cubrir los altos costos operativos. Un impuesto adicional comprometería la viabilidad de las empresas autorizadas y, por ende, los ingresos destinados al Estado”, señaló su presidente Evert Moreno.
¿Qué más traerá la conmoción interior?
La Ley contempla que en este tipo de ocasiones también se pueden destinar los ingresos percibidos por las regalías de los departamentos productores de recursos naturales no renovables.
Lo que explicó Guevara es que contemplan agilizar y simplificar los trámites del Sistema General de Participaciones y del Sistema General de Regalías para que los recursos lleguen más rápido a este territorio.
Por último, el ministro dijo que buscarán la manera de hacer traslados presupuestales de unas partidas a otras del Presupuesto General de la Nación para que esta región tenga los recursos necesarios.
“Debido a las difíciles condiciones administrativas, técnicas y presupuestales que presentan las entidades territoriales, es necesario que el Gobierno provea a la población afectada de la infraestructura y la capacidad administrativa y de gestión necesarias para afrontar la emergencia”, detalla el decreto.
La agencia calificadora de riesgo S&P Global afirmó la conmoción interior podría aumentar las presiones fiscales de Colombia y limitar el crecimiento del PIB.