Los desafíos para la democracia tras el atentado contra Miguel Uribe Turbay, a menos de un año de las elecciones

Los tres disparos que recibió el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay –que además son tres tiros directos a la democracia colombiana– y la escalada de violencia en Cauca y el Valle representan un duro campanazo para un país que está a menos de un año de acudir a las urnas para renovar el Congreso y elegir Presidente de la República.

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Como en los peores años de los 80 y los 90, los sicarios atacaron a un aspirante a la primera magistratura de la Nación aprovechando graves debilidades en su esquema de protección asignado por el Estado.

En centenares de videos de celular y cámaras de seguridad quedaron registrados tanto el atentado como los momentos de angustia que siguieron tras el ataque, la captura del sicario y los esfuerzos de los acompañantes del senador para salvarle la vida. El magnicidio de Luis Carlos Galán, perpetrado por la mafia en agosto de 1989, y el de Luis Donaldo Colosio en México, cinco años después, se vinieron a la mente de millones de personas que vivieron esos momentos de crisis hace ya más de tres décadas.

Todo esto en momentos en los que el orden público y la ‘paz total’, una de las banderas del Gobierno, siguen en crisis y cuando el ambiente político e institucional ha llegado a uno de sus puntos más álgidos.

En la crisis de finales de los 80, cuando además de Galán fueron asesinados los candidatos Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa, el país entendió que había que imponerse a los pequeños intereses y unirse en contra de los violentos. Pero en la Colombia del 2025 el llamado a bajarle el tono a la confrontación política y a rodear la institucionalidad no ha encontrado eco, empezando por la Casa de Nariño. Por el contrario, la confrontación se ha incrementado entre los poderes públicos.

El atentado contra el parlamentario del Centro Democrático, el sábado 7 de junio, durante un mitin político en el barrio Modelia, paralizó una contienda electoral que ha estado marcada por la polarización.

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La mayoría de los candidatos se solidarizaron con Uribe Turbay y suspendieron actividades proselitistas. Fueron pocos los precandidatos por firmas que se inscribieron esta semana, cuando se esperaba una avalancha de oficializaciones de precandidaturas. Y es que un llamado general fue no utilizar políticamente el atentado contra el parlamentario, aunque unos y otros se acusaron de estar sacando réditos de la tragedia.

El enrarecido ambiente tendrá un efecto en los comicios del próximo año. “Hoy tenemos rabia y tristeza, pero debemos tramitar esas emociones sin perder de vista a la nación, para estar unidos y construir entornos sanos de convivencia y discusión democrática. Propongo que se haga un acuerdo entre los precandidatos y candidatos para moderar las palabras y rebajar la violencia verbal que nos lleva a la física”, dice el exsenador y exconstituyente Humberto de la Calle.

Para el analista Eduardo Pizarro, una de las voces más respetadas de la academia colombiana, en el escenario posatentando hay dos bandos: un sector llamando a la construcción de unos consensos nacionales básicos y a disminuir el lenguaje agresivo, y una segunda línea de acción, que es la de ahondar la polarización política con objeto de favorecer a algunos candidatos. “Hay dos corrientes: la de radicalizar la coyuntura y la de disminuir las tensiones. Eso se va a mantener a lo largo de este año”, afirma.

El analista, hermano de Carlos Pizarro, añade: “Si triunfa la primera corriente, la que está llamando a disminuir el lenguaje agresivo y a la consecución de ciertos consensos básicos a través de la convivencia democrática, Colombia puede superar exitosamente este momento. Si triunfa, por el contrario, la corriente que llama a agudizar las tensiones, me parece que la democracia va a estar en serios riesgos. Lo que más me sorprende es que la que está llamando a consensos está ganando más y más adeptos, incluso en el seno del Pacto Histórico. Sectores moderados del oficialismo no quieren jugarle a la polarización. Eso llama a ser relativamente optimista”.

Las investigaciones por el intento de asesinato siguen avanzando. Lo que busca ahora la Fiscalía es determinar quién contrató la oficina de sicarios que llevó a cabo el crimen, por el que ya hay dos capturas.

Mientras el ente investigador mantiene la línea de la prudencia, el presidente Petro ha sugerido que tanto el atentado como la escalada terrorista de esta semana, una de las más duras de los últimos años y que dejó nueve muertos y decenas de heridos en el suroccidente del país, están conectadas y buscan supuestamente la desestabilización de su gobierno. Es una tesis que no parece ir con el avance de las investigaciones.

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En sus intervenciones de esta semana, Petro ha reconocido la responsabilidad de su administración por la evidente falla en la protección física de uno de sus principales opositores. Incluso, sugirió una supuesta infiltración de la Policía, que también tenía elementos en el esquema de protección del senador. Pero más allá de esos hechos, que están bajo investigación de la Fiscalía y la Procuraduría, los analistas señalan que el clima de tensión política y de descalificación del opositor generado desde la Casa de Nariño y las redes sociales del mandatario, sumado al empoderamiento de las organizaciones armadas por cuenta de las debilidades tanto de la estrategia de seguridad como de la ‘paz total’, son factores que pesan cada vez más en el desarrollo de las campañas políticas para el 2026.

Campaña en suspenso

“No se puede buscar votos mientras esto ocurre”, dijo la senadora Paloma Valencia, quien compite con Uribe –al igual que con María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Andrés Guerra– por el aval del Centro Democrático. No solamente fue el acto de solidaridad lo que suspendió la actividad electoral. El temor de que se vengan más atentados obligó a los candidatos a replantear su agenda y a exigir el reforzamiento de sus esquemas de seguridad.

Pero mientras crecía la solidaridad entre los presidenciables, de todas las orillas políticas, también se avivó la confrontación. En medio del llamado a un gran pacto político nacional para bajarle a la violencia política, tanto en Casa de Nariño como en el Congreso se siguió escalando el nivel de tensión.

Nueve partidos políticos, entre ellos los más duros opositores al Gobierno, desconocieron al ministro del Interior, Armando Benedetti, y al jefe de Estado como garantes de la democracia y se negaron a asistir al Comité Nacional de Garantías Electorales. “El miedo, la incertidumbre, la polarización y la audacia del crimen han secuestrado la vida nacional, sembrando inseguridad en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Lejos de apaciguar esta crisis, el Gobierno Nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro, parece empeñado en agudizarla. Su insistencia en profundizar la polarización, fomentar el enfrentamiento, desconocer la institucionalidad, señalar a opositores y descalificar a quienes disienten no hace más que agravar la fractura social y política que nos consume”, dice un comunicado del Partido Conservador, Centro Democrático, Partido Liberal, Partido de ‘la U’, Cambio Radical, Mira, ASI, Liga de Gobernantes Anticorrupción y Colombia Justa Libres.

No fue una declaración en el vacío. Aunque se había comprometido a medir sus declaraciones y había llamado a la unión nacional en contra de la mafia, Petro intentó relacionar la actual situación con el hundimiento en marzo de la reforma laboral, por cierto ahora resucitada. “El actual clima de tensión nace cuando ocho senadores de la Comisión VII del Senado decidieron, sin discutir, hundir la reforma laboral aprobada en la Cámara de Representantes”, aseveró el jefe de Estado en su cuenta de X.

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“No sea tan ruin e irresponsable. Después de la gravedad de lo sucedido con Miguel Uribe, usted sigue poniendo una lápida a los miembros de la Comisión VII. ¿Cuántos congresistas más deben ser baleados para que usted quede contento?”, aseveró el senador liberal Miguel Ángel Pinto, uno de los hombres clave para archivar ese proyecto, que, tras la aprobación de una solicitud de apelación, el lunes podría ser aprobado por la plenaria del Senado y solo faltaría su conciliación.

Llamado al diálogo

La semana en la que el terrorismo volvió a golpear la democracia se cerró con el ‘decretazo’ de la consulta popular y, además, con la amenaza del Presidente de que si las cortes tumban esa convocatoria –escena-rio altamente probable ante el evidente forzamiento de las normas constitucionales por parte del Gobierno–, acudiría incluso a una constituyente.

Mientras Petro y su nuevo ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le apuestan a subir el tono confrontacional, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dice que su jefe está dispuesto a reunirse con todos los expresidentes para establecer unas reglas para el debate político y también ha dicho que la consulta saldría del plan del Ejecutivo si el Congreso aprueba la reforma laboral que quiere Palacio: la que viene de Cámara.

“Estamos dispuestos a hablar con ellos, a bajar el tono, a establecer unas reglas mínimas para evitar que ocurra lo que buscan los violentos: que terminemos matándonos entre nosotros”, señaló el jefe de la cartera política, hoy mano derecha del mandatario.

Los partidos, que desconfían del Gobierno, hicieron un llamado para que el procurador Gregorio Eljach, “el amigo de todos”, sea el garante y el puente para lograr acuerdos y así blindar los comicios y dar garantías a todos los actores. Y Eljach respondió. Dieciocho horas después del llamado de las colectividades, convocó la Comisión Nacional de Vigilancia y Control Electoral, y la idea del jefe del Ministerio Público es buscar una estrategia denominada ‘paz electoral’.

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Desde todos los sectores siguen llegando voces que llaman a preservar la institucionalidad. Los gobernadores, por ejemplo, pidieron a los líderes nacionales, empezando por el presidente Gustavo Petro, que estén a la altura del momento histórico. “Como mandatarios regionales exhortamos a todos los colombianos, especialmente a los funcionarios públicos y diferentes actores políticos, a hacer causa común para asumir con responsabilidad y respeto un diálogo de país donde el centro sea la unidad institucional. Urge desescalar el lenguaje que conduce a la violencia política y el tono agresivo que solo están sembrando odio, miedo y polarización”, señalaron desde la Federación Nacional de Departamentos.

“Este país siempre se ha sobrepuesto ante los criminales. Esta no va a ser la excepción”, dijo el presidente del Congreso, el senador conservador Efraín Cepeda. Por su lado, expresidente Álvaro Uribe, jefe del Centro Democrático, ordenó al partido mantener la calma y, desde allí, ha habido un tono poco confrontacional. “En esta hora difícil, solidarios con Miguel. Ni provocaciones ni tentaciones”, dijo el exmandatario. Esa actitud fue resaltada por Benedetti: “He destacado la actitud del Centro Democrático y del presidente Álvaro Uribe, quienes en esta coyuntura se han mantenido prudentes. No es momento de insinuaciones ni conjeturas que nos alejan de la verdad”.

Una semana después del ataque, los colombianos están convocados hoy a una ‘gran marcha del silencio’, en rechazo a los violentos y en solidaridad con Miguel Uribe, cuya curul, hoy vacía, tiene la bandera de Colombia.

MATEO GARCÍA

Subeditor de Política 

@teomagar

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