Los cuestionados mandatarios que siempre ‘ganan’ elecciones

Las elecciones en Venezuela, Rusia, Bielorrusia y Nicaragua demuestran que los autócratas pueden perpetuarse usando la herramienta que por naturaleza define a la democracia: el voto. Esto viene acompañado de una serie de restricciones para impedir la participación de la oposición y del cercenamiento de los derechos fundamentales de la ciudadanía.

Si se tuviera que hacer un podio para los países que más presuntas irregularidades cometen en los procesos electorales, en un vano intento por demostrar a la comunidad internacional un mínimo de pluralidad social, tendríamos a Venezuela, Bielorrusia y Nicaragua en una encarnizada lucha por el segundo lugar. Porque el primero, y desde hace tiempo, le pertenece a Rusia.

La receta es conocida: dominio del ente rector que coordina las elecciones y da los resultados, aniquilación de la disidencia, escogencia a dedo de los participantes y represión de cualquier intento de protesta. Con estos tres ingredientes, Nicolás Maduro, Aleksandr Lukashenko y Daniel Ortega han conseguido perpetuarse en el poder.

No es casual que estos presidentes tengan como líder espiritual a Vladimir Putin, quien logró capitalizar el inconformismo en Rusia tras la caída de Boris Yeltsin a finales de los años 90 para usar su experiencia como exagente de inteligencia y abogado para eliminar cualquier competidor y manejar a Rusia a su antojo desde principios de 2000 hasta el presente.

Séptimo mandato

En 2020, en los anteriores comicios en Bielorrusia, Svetlana Tijanóvskaya, esposa del líder opositor detenido Serguéi Tijanóvskaya, fue inscrita como opción de última hora y ganó popularidad rápidamente. Si bien los resultados dieron como ganador a Lukashenko, crecieron las denuncias de fraude electoral, miles de personas salieron a las calles y se produjeron detenciones.

La organización Freedom House señala que, en esos comicios, “un recuento de votos paralelo e independiente realizado con la aplicación móvil Golos, que extrajo datos de casi el 23 % de los colegios electorales, sugirió que Tsikhanouskaya probablemente había recibido 13 veces más votos de los que se habían informado”.

Esta es la principal razón por la cual en los últimos comicios presidenciales de 2025, en los que Lukashenko se reeligió por séptima vez (está en el poder desde 1994), Bielorrusia omitió las invitaciones a observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (Osce).

En un informe de enero, el Parlamento Europeo contabilizó 1.249 presos políticos y un aumento de las acciones represivas en 2024, con un 50 % más de juicios políticos, los cuales llegaron a 5.890 casos.

“Esta vez Lukashenko no ha autorizado candidatos reales de la oposición, solo cuatro candidatos ‘de papel’ que se presentan junto con él. Las fuerzas democráticas de Bielorrusia califican estas elecciones de ‘autorreelección de Lukashenko’ e instan a la comunidad internacional a no reconocerlas”, dice el documento del Parlamento Europeo.

“Los observadores no han determinado que ninguna elección en Bielorrusia desde 1994 haya sido libre o justa”, dice un reporte del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (Idea).

Entre las irregularidades de los procesos electorales de Bielorrusia destaca la ausencia de organismos de observación electoral independiente. Desde los comicios parlamentarios de 2024, el Gobierno les ha negado la invitación.

En este contexto, dice mucho que un grupo de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela sí participó el pasado mes de enero como observador en las presidenciales de Bielorrusia.

Finalmente, para los comicios presidenciales de este año, Bielorrusia tampoco habilitó colegios electorales en el extranjero, por lo que los bielorrusos en el exilio no pudieron participar.

Una casi copia

La realidad de Bielorrusia en 2020 recuerda, casi paso a paso, lo vivido en Venezuela en 2024: una candidatura opositora de último momento, de amplio respaldo popular, un resultado favorable al candidato a la reelección, denuncia de fraude, protestas en las calles y una ola de detenciones arbitrarias. Y el contexto de la re elección de Lukashenko evoca el reciente proceso electoral que se realizó en Venezuela hace una semana, en la que se impuso el oficialismo.

La oposición venezolana, como le pasó a Tsikhanouskaya, sigue reclamando el triunfo de Edmundo González Urrutia sobre Maduro en las elecciones del año pasado. A la par, el Consejo Nacional Electoral (CNE) todavía no presenta las actas que demuestran el supuesto triunfo de Maduro, reconocido y aplaudido 24 horas después por Lukashenko.

Si bien en Venezuela el proceso electoral es automatizado desde 2004, y expertos y grupos especializados han avalado la seguridad, transparencia y confiabilidad de este sistema, han surgido cuestionamientos a la manera como se llevan a cabo los procesos en los últimos años.

Ya desde 2017 se presentaron dudas con respecto a los resultados electorales, luego de que la empresa Smarmatic, primera encargada de las máquinas electorales, asegurara que hubo una manipulación a los datos de participación de al menos un millón de electores. Esta empresa dejó de trabajar con el sistema electoral venezolano y ahora la proveedora de las máquinas es la argentina Exclé.

En la elección presidencial de 2024, el CNE anunció resultados con un 80 % de las actas escrutadas, y proclamó a Maduro como ganador sin presentar estos documentos. Por su parte, el comando de campaña de González digitalizó el 81 % de las actas de escrutinio, las cuales habrían arrojado una victoria del opositor con el 67 % de los votos.

El CNE justificó la falta de publicación de las actas y el incumplimiento de auditorías posteriores con un supuesto hackeo dirigido desde Macedonia del Norte.

En las elecciones de hace una semana, la administración de Maduro permitió la habilitación y candidatura de dirigentes que en el pasado le fueron adversos, casualmente ahora que estos dirigentes contradijeron la línea abstencionista que promulgó María Corina Machado.

Tampoco hubo observación internacional independiente, luego de que en 2024 el Centro Carter y el panel de expertos de la ONU les hicieron seguimiento a los comicios y denunciaron irregularidades.

Otro punto en común entre Venezuela y Bielorrusia es el esquema de persecución y eliminación de la disidencia. En el caso del país europeo, con los principales líderes opositores en el exilio; y en el de Venezuela, con Machado, la principal dirigente, en la clandestinidad, al igual que muchos de sus colaboradores. Otros se encuentran en el exterior o tras las rejas. En los dos países destaca el control a los medios de comunicación masivos, así como la persecución a los medios independientes y a las organizaciones defensoras de derechos humanos.

Nicaragua

Luego de su reelección como presidente de Nicaragua en 2021, Daniel Ortega, el líder histórico de la revolución sandinista de los años setenta, terminó de consolidar su control absoluto del poder con reformas legales a su antojo, la liquidación de la oposición y el espacio cívico nicaragüense.

Ortega fue presidente por primera vez entre 1985 y 1990, luego del triunfo de la Revolución sandinista en 1979 y volvió al poder en enero de 2007 tras ganar las elecciones de 2006 con el 38 % de los votos, poniendo fin a los diecisiete años de gobiernos no sandinistas.

Desde entonces, el líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional ha sido reelegido cuatro veces consecutivas (2011, 2016 y 2021) en procesos considerados cada vez más autoritarios, con falta de transparencia, represivos y cuestionados por la comunidad internacional. Además de un férreo control de las instituciones, Ortega también contó con la complicidad de muchos políticos que se dicen de oposición.

En los meses previos a las últimas elecciones, el Gobierno arrestó al menos a siete precandidatos presidenciales de la oposición: Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena, Arturo Cruz y Noel Vidaurre, todos bajo cargos como “traición a la patria”. Al mismo tiempo, se canceló la personalidad jurídica de varios partidos opositores, limitando severamente la competencia electoral.

Ortega también impidió la presencia de observadores internacionales independientes, restringió el acceso de medios de comunicación críticos y solo permitió la comparecencia de una oposición que ha sido cuestionada por buena parte de la sociedad nicaragüense.

En noviembre de 2024 se aprobó una reforma que amplió la duración del mandato presidencial de cinco a seis años, postergando las próximas elecciones hasta 2027. Además, se eliminó cualquier límite a la reelección, permitiendo a Ortega mantenerse en el poder indefinidamente.

Otras reformas le otorgan al presidente la facultad de coordinar los otros poderes del Estado, eliminando la separación de poderes y subordinando al Legislativo y al Judicial al control del Ejecutivo.

Desde las protestas de 2018, que dejaron más de 350 muertos, el régimen ha intensificado la represión. Se han documentado casos de detenciones arbitrarias, torturas y despojo de nacionalidad a opositores, periodistas y defensores de derechos humanos.

La madre Rusia

Durante más de dos décadas, Rusia ha transitado un camino de desmantelamiento progresivo de sus instituciones democráticas. En ese proceso, el voto, tradicional símbolo de soberanía popular, ha perdido toda eficacia real. Las elecciones se celebran, pero los resultados están definidos de antemano. Los candidatos opositores están inhabilitados, exiliados o presos.

David Kankiya, experimentado observador electoral ruso y miembro de la organización Golos, hoy considerada por el Estado como “agente extranjero”, ha documentado paso a paso cómo se perdió la democracia electoral en su país. La historia de los últimos 25 años está plagada de paralelismos con Venezuela.

“En la antigua URSS había elecciones, pero eran con un solo candidato, con un solo partido político, sin ninguna alternativa.

Así que las primeras elecciones libres en tiempos modernos comenzaron al final del período soviético. En las elecciones de 1989 y 1990 al Parlamento de la URSS, durante la perestroika, empezaron a aparecer libertades como la de expresión y de asociación. Así que los cambios comenzaron incluso antes del colapso de la URSS”, dice Kankiya.

Él recuerda cómo en los años 90, mientras ocurría “el nacimiento de un nuevo país”, llegó una nueva Constitución, nuevas leyes y libertades. Entonces ocurrieron elecciones en las que sí había competencia, pero también uso de recursos públicos para hacer campaña, especialmente a niveles locales. “Todo empezó a cambiar cuando Putin se convirtió en presidente. Las últimas elecciones verdaderamente competitivas fueron en 1999 y 2000: las elecciones parlamentarias y las primeras presidenciales de Putin. Desde entonces comenzó a construir un sistema autoritario, incluso totalitario”.

Quien todavía gobierna Rusia subió al poder luego de una década de reformas y refundaciones que todavía no mostraban resultados palpables. “La situación económica era muy crítica. Boris Yeltsin estaba débil, enfermo y era impopular. La gente estaba esperando a alguien que pudiera traer orden. Cuando Putin llegó a la presidencia el precio del petróleo subió, y también hubo resultados de las reformas económicas de los años anteriores. Así que cosechó los frutos de reformas que él no inició”.

Kankiya apunta que “las elecciones en Rusia no se degradaron de golpe”, sino que “fue un proceso meticuloso, una construcción paso a paso. Desde que Putin llegó al poder, cada cambio legal, cada reforma fue orientada a restar competitividad al sistema. Hoy, incluso si un candidato logra ser elegido, el Estado tiene los mecanismos para despojarlo del cargo sin consecuencias”.

(*) Es una iniciativa periodística sin fines de lucro que promueve la producción, el intercambio, la capacitación y la difusión de información sobre temas claves para el desarrollo de las Américas. Este artículo es una versión editada del original.