Los cambios que piden para concesión de vías del Eje Cafetero: hay nueva propuesta

Varios meses lleva entre la opinión pública la discusión y desacuerdos relacionados con la propuesta que había hecho el grupo Odinsa para ser la concesionaria de las Autopistas del Café por 30 años.

Este miércoles hubo una sesión de control político al proyecto conocido como IP Centro en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, allí líderes regionales hicieron nuevos pedidos de modificación a la mencionada propuesta que incluye, inclusive, quitar varios peajes.

Todo esto se dio solo minutos antes de que el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Francisco Ospina, interviniera en el espacio y revelara que los interesados presentaron este lunes una nueva propuesta en la que – se presume- incluyeron algunas de las peticiones que habían hecho varios sectores políticos, gremiales y sociales días atrás.

Según Ospina, el originador de la propuesta – grupo Odinsa- (único oferente hasta el momento), hizo algunos cambios que empezarán a analizar.

“El originador nos presentó una modificación de su propuesta hace dos días, eso significa que adoptó y adaptó gran parte de las peticiones que hicieron en las diferentes mesas de trabajo en la región. No la hemos analizado, pero vamos a socializarla en la primera quincena de noviembre”, dijo el funcionario.

Inicialmente el proyecto tenía un monto de 5.2 billones de pesos, pero tras la modificación pasaría a costar 6.4 billones de pesos

“En general, las inversiones en operación, mantenimiento, grúas y demás sobre los 204 kilómetros de la vía son casi la mitad del recaudo de peajes, es decir, se reinvierte de manera directa. Son varios billones más de lo que estaba inicialmente en el proyecto”, añadió Ospina.

El presidente de la ANI afirmó, además, que hasta el momento no se han tomado decisiones frente a la nueva concesión de la vía que une al Eje Cafetero entre sí, con el Valle del Cauca y con Bogotá (a través del Túnel de la Línea) y que “todas las posibilidades pueden analizarse y discutirse”, dijo refiriéndose a la posibilidad de retirar algún peaje. Ante esa propuesta fue enfático en decir que habría que sustituir el dinero del recaudo con otro tipo de financiación.

Las críticas

En medio del debate sobraron los cuestionamientos a varios aspectos referentes a esta concesión que empezaría a operar en 2027 y se extendería hasta el 2057. Uno de ellos vino desde la veeduría de la actual concesión (Autopistas del Café). De acuerdo con Juan Guillermo Ángel, los actuales interesados serían los mismos que ya han tenido la administración de esta vía por 27 años.

“La ley dice que el 50 % de las inversiones se deben realizar en el lugar del recaudo y eso no estaría pasando en la propuesta que se conoce (la anterior). También indica que no se deben prorrogar las concesiones y la que hoy se propone es la misma empresa, solo que -aliada con un inversionista extranjero- cambió de nombre. Como ciudadanos queremos participar en la toma de decisiones, pero hemos tenido que recurrir a estos espacios para tener información e intentar que se nos escuche”, afirmó el veedor ciudadano.

Entre tanto, desde Caldas insistieron en la necesidad de buscar reducir los peajes, pues en su jurisdicción hay 4 de los 7 que se cobran actualmente. Además, reclamaron inversión vial que responda al recaudo. Esto porque – según lo que se había conocido de la propuesta anterior- se planteaba invertir el 20 por ciento del recaudo total en sus vías, un poco más en Risaralda y lo demás entre Quindío y Valle.

“En el Eje Cafetero tenemos el costo por kilómetro más caro del país. En Caldas pensamos mucho para ir a hacer turismo al Quindío porque, cuando hacemos cuentas, no es barato. Chinchiná está rodeado por peajes, no creo que haya otro municipio en Colombia con panorama tan complejo. Además, todavía nos deben obras que estarían hechas por la actual concesión. Con todo esto, en lugar de unirnos, nos están alejando”, dijo el representante Juan Sebastián Gómez.

En Risaralda la situación no es distante, no solo pidieron equidad en la inversión, sino que cuestionaron lo que consideraron falta de planeación y comunicación entre entidades del estado. “Nos estamos jugando la infraestructura vial de tres décadas, no puede ser que eso lo defina un privado y no el estado. Deben ser ustedes quienes estén al frente de las decisiones”, dijo el representante Alejandro García dirigiéndose a la ANI y el Ministerio de Transporte.

Su colega de bancada risaraldense, Carolina Giraldo, también cuestionó que solo haya un oferente para este proyecto.

“Con las circunstancias que tenemos hoy, y si nada cambia, el ganador del proceso ya lo sabemos, entonces ¿Se está generando un monopolio sobre las vías? si solo hay una opción de elegir, qué va a pasar a nivel contractual ¿una licitación de uno? Es importante ver las lecciones aprendidas del pasado. Me gustaría escuchar que si no se cumplen ciertas condiciones no se haría una adjudicación porque lo que no queremos es sentirnos como ganado que lo van llevando por un camino”, mencionó.

Es de anotar que aún no se liman del todo las asperezas entre políticos de Caldas y Risaralda con los del Quindío, quienes sí están de acuerdo con la obra principal que se contempla en el nuevo plan de concesión que sería en el tramo La Paila y La Bella, ubicado entre los departamentos de Quindío y Valle del Cauca.

“Esa es una obra que trasciende a Calarcá y La Paila, que va más allá del Eje Cafetero, es un proyecto de prioridad para el país. En Calarcá tenemos un cuello de botella impresionante que es el Túnel de La línea, los trancones allí paralizan al Quindío y al Eje Cafetero. No discutimos que no sean importantes las obras en los otros departamentos, pero esta obra genera conectividad económica y turística uniendo el centro del país con el Pacífico”, agregó Piedad Correa, representante a la Cámara por el Quindío.

Al momento, y según lo precisado por la ANI, tras la entrega de la nueva propuesta se reactiva el contrato de evaluación. Según el cronograma, se espera tener una respuesta definitiva sobre dicha evaluación para abril de 2025, de manera que se pueda iniciar el proceso de selección en octubre de ese mismo año.