Los cambios que le quieren hacer los empresarios a la reforma laboral que tendrá que aprobarse en segundo debate

El proyecto de reforma laboral que en junio pasó su primer debate en el Congreso y ahora será debatido en segundo en la Cámara de Representantes ha recibido una serie de críticas por parte de los empresarios. 

El Consejo Gremial Nacional, conformado por los 32 gremios más representativos del sector empresarial, envió un documento a los congresistas en el que piden modificar algunos de los artículos.

Según los empresarios, la reforma debe dirigirse hacia la creación de empleo y la reducción de la informalidad, flagelo que afecta al 56 por ciento del mercado laboral.

“La reforma no solo debería mejorar las condiciones para quienes ya tienen un empleo formal, sino también crear las necesarias para reducir la informalidad laboral y, aún más importante, generar empleos para quienes actualmente no tienen trabajo”, aseguran.

Además, dicen que debería aumentar la productividad que en Colombia es de 16,04 dólares por hora cuando en países del mismo grupo de ingresos como Chile llega a 29,57 y la media en la región es de 17,66.

Puntos más críticos

Uno de los puntos en los que no está de acuerdo el Consejo Gremial es que el contrato laboral a término fijo sea considerado como una excepción puesto que algunos sectores enfrentan picos de trabajo que lo requieren para la ejecución de proyectos específicos.

Según lo aprobado, este contrato podría celebrarse por un término de 4 años pero si se extiende se entendería como indefinido.

“Establecer el contrato a término indefinido como regla general junto con el aumento de los costos de la indemnización por despido injustificado limita la capacidad del empleador para organizarse financieramente ante imprevistos, cambios en el modelo de negocio, o en el desarrollo de la actividad ordinaria de la compañía”, aseguran.

En concreto, catalogan como “preocupante” el aumento de los montos de las indemnizaciones por despido sin justa causa y aseguran que resultaría particularmente perjudicial para las micro, pequeñas y medianas empresas debido a su limitada capacidad financiera.

“Podría comprometer la sostenibilidad y permanencia de estas empresas, ya que el incremento en la indemnización elevaría significativamente el costo del despido injustificado, con incrementos que pueden superar hasta el 98 por ciento dependiendo del tiempo servicio del trabajador para trabajadores con salarios inferiores a 10 salarios mínimos”, aseguran.

Adicional a ello, dicen que los incrementos en los montos para los trabajadores de más de 10 salarios mínimos pueden tener incrementos de hasta el 165 por ciento.

“Se sugiere evaluar la posibilidad de disminuir la base indemnizatoria para los contratos a término fijo, contratos por duración de la obra o labor, y contratos a término indefinido.

El Consejo Gremial también señala que adelantar la jornada nocturna a las 7 de la noche (hoy empieza a las 9 p.m.) y pagar el recargo dominical y festivo al 100 por ciento (hoy es del 75 por ciento) incrementaría los costos laborales de las empresas, lo que afectaría su competitividad y en algunos casos se podría trasladar al precio final de los productos o servicios.

“Incrementar los costos generará una menor contratación de personal en las franjas de trabajo en jornada nocturna. Además, esta medida podrá generar un incremento de la siniestralidad en riesgos laborales debido a que habrá una menor cantidad de trabajadores realizando las mismas tareas y con alto riesgo”, dicen.

Esta situación sería más complicada en sectores como el de servicios de seguridad privada, comercio, turismo, la industria manufacturera y el sector agropecuario, tanto en producción primaria como en transformación, que operan durante las 24 horas del día todos los días de la semana.

Críticas a los nuevos contratos que introduce la reforma

Según los empresarios, transformar el contrato de aprendizaje en uno a término fijo podría aumentar “significativamente” los costos de este tipo de contratación y desincentivar la vinculación del personal sin experiencia, así como el acceso de los jóvenes al primer empleo.

Según sus cálculos, para las empresas obligadas a contratar aprendices del Sena, la implementación de esta modificación implicaría un aumento del costo mensual de un aprendiz de los 870.000 pesos actuales a 1’774.800 pesos, incluyendo las prestaciones de ley y sin contar con los beneficios extralegales que cada empresa podría ofrecer.

Por tanto, si una empresa tiene tres personas bajo contrato de aprendizaje, el costo mensual pasaría de 2’610.000 a 5’324.400 de pesos, lo que representa un aumento del 104 por ciento en su estructura de costos.

“Este incremento puede generar un incentivo regresivo, ya que podría resultar más económico monetizar la cuota de aprendizaje que contratar una persona para tal fin”, aseguran.

Respecto al contrato agropecuario, dicen que debería reflejar una regulación que permita atender la realidad del trabajo agropecuario transitorio y estacional, en virtud de los ciclos productivos o de temporada, continuas o discontinuas en el campo colombiano pero que no lo hacen.

“Se identifican conceptos indeterminados y ambiguos, como, por ejemplo: empresa agroindustrial, trabajo familiar esencialmente subordinado o las posibilidades reales del empleador, que, en lugar de contribuir a la seguridad jurídica de las relaciones laborales sobre la tierra, generará riesgos en la materialización y estabilidad de esa modalidad de contratación”, aseguran.

Y frente al trabajo en plataformas digitales de reparto advierten que trae consigo desafíos relacionados en términos de seguridad social y garantías laborales, lo cual implica un gran compromiso para los reguladores.

“El porcentaje asignado a las empresas de plataformas digitales de reparto, es decir a los empleadores, puede impactar negativamente en la estabilidad financiera de dichas empresas, al suponer mayores costos para estas, situación que podría afectar la oferta de contratación de la modalidad o incrementar el valor de los servicios prestados a través de dichas plataformas para los usuarios finales”, sostiene.

Licencia de paternidad

Según el Consejo Gremial, el aumento de la licencia de paternidad de dos semanas (14 días) a seis semanas (42 días) incrementará los costos que debe asumir el empleador para cubrir el ausentismo generado por la licencia y proponen eliminarlo.