Lo bueno y lo malo de la reforma que busca darles más recursos a las regiones en Colombia

La Cámara de Representantes aprobó en su octavo y último debate la reforma a la Constitución de 1991 de mayor impacto al funcionamiento del Estado de los últimos años.

Este lunes 2 de noviembre las mayorías de esa corporación le dieron luz verde a la reforma al Sistema General de Participaciones, una iniciativa que busca aumentar las transferencias de la Nación a las regiones del 23,8 por ciento al 39,5 por ciento, para que sean las autoridades locales las que destinen, según sus necesidades, los recursos.

Sin embargo, hay todo tipo de dudas, en especial sobre cómo blindar esa plata, teniendo en cuenta que en el pasado ya se dio autonomía regional en ese sentido pero una buena parte de los municipios y departamentos quebraron, por lo que tocó volver a trasladar el manejo de los recursos al nivel central. Es decir, a Bogotá. 

Si ya se aprobó la reforma, ¿qué viene? 

Si bien ya se superaron los ocho debates reglamentarios, cuatro en Senado y cuatro en Cámara, todavía se debe surtir un trámite más en el Legislativo.

Como se aprobaron textos diferentes, ahora se deberán conciliar las diferencias del articulado aprobado en varias corporaciones. Uno de los principales puntos a tener en cuenta en este trámite el plazo máximo que tiene el Gobierno para presentar una ley de competencias. El Senado votó por seis meses, mientras que la Cámara por doce. Tienen hasta el 16 de diciembre para concluir porque, de lo contrario, se hunde el proyecto pues al tratarse de un acto legislativo no puede ser discuto en sesiones extraordinarias. Sin embargo, según los autores del proyecto, no habría mayor problema en ese proceso.   

¿Qué es la ley de competencias? 

En el acto legislativo quedó establecido que solo entrará en vigencia la reforma cuando el Congreso, en un plazo máximo de dos años, tramite una ley de competencias. Esto significa que se evaluará cuáles tareas que hoy tiene el Ejecutivo quedarán en manos de los alcaldes de gobernadores. Por ejemplo, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le dijo a este diario que Invías y Prosperidad Social, por ejemplo, cambiarán drásticamente. En el caso de las vías, los alcaldes saben cuáles son las inversiones estratégicas en sus municipios, así que la idea es que haya una mayor optimización de los recursos.

¿Cuándo entrará en vigencia la reforma? 

Una vez se tramite la ley de competencias, se estableció que entraría en vigencia a partir del 1.° de enero del 2027. Desde ese año comenzará a subir de manera gradual, durante los siguientes 12 años, los recursos que la Nación les transfiere a los municipios hasta llegar el 39,5 por ciento. 

¿Qué se busca con esta reforma?

Según Cristo, la idea es avanzar hacia la descentralización, tal y como lo había establecido la Constitución Política de 1991. 

¿Quiénes aprobaron la reforma?

Esta iniciativa fue promovida por el ministro Cristo desde antes de ingresar al Gobierno, pero con el paso de los debates terminó siendo un proyecto apoyado por el presidente Gustavo Petro. La iniciativa tuvo el respaldo incluso de las bancadas del Pacto Histórico y el Centro Democrático, algo que se ha visto muy poco en estos dos años y medio del actual Congreso. 

Las críticas al proyecto de Sistema General de Participaciones

Sin embargo, las críticas son muchas y expertos, así como algunos congresistas, han alertado sobre los riesgos que existen para las finanzas de la Nación. Entre las más críticas fueron la senadora Angélica Lozano y la representante Katherine Miranda, ambas de Alianza Verde. Las parlamentarias propusieron reducir el umbral al 37 por ciento para, según ellas, tener viabilidad fiscal. Sus propuestas, no obstante, fueron derrotadas.

Desde los gremios y otros sectores hubo serias advertencias. 

"Esta situación generaría una crisis fiscal. Se aumentaría el costo del endeudamiento, afectaría el crecimiento económico y generaría alzas en el desempleo y la pobreza”, afirmó Fedesarrollo.

“Sus efectos profundizarían aún más los desafíos para la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que los ingresos tributarios del Gobierno disminuirían debido a una actividad económica más débil y al aumento de los intereses de la deuda pública por la mayor prima de riesgo y la depreciación de la moneda”, señalaron investigadores del Banco de la República.

Asimismo, hay alertas sobre el riesgo en las regiones donde los grupos armados controlan tanto economías ilícitas como lícitas. Por tal motivo, la ley de competencias definirá también qué tipo de responsabilidades se les entregan a los municipios según sus riesgos. Así mismo, la idea es contrarrestar a los grupos ilegales. 

¿Y si las regiones no cumplen con sus obligaciones?

La ley de competencias también deberá dejar claro cuáles serán los procedimientos cuando las autoridades locales no sean capaces ni tengan la capacidad de ejecutar los recursos. 

MATEO GARCÍA 

Subeditor de Política