Las salidas que le buscan al hacinamiento en estaciones de Policía de Cali: ¿son suficientes los traslados de capturados?

Detenidos en las 22 estaciones de Policía de Cali siguen realizando sus necesidades fisiológicas en botellas y se turnan para dormir en hamacas colgadas del techo, encima de otras, o hasta en la misma tasa del sanitario en recintos totalmente atiborrados. 

Según el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, coronel Carlos Oviedo, estas 22 estaciones de la Fuerza Pública tienen unos 2.500 capturados o personas privadas de la libertad. Es así que las estaciones en Cali se han convertido en una 'cárcel' más, cuando la capacidad es para 310 detenidos, de manera transitoria para que pasen al sistema penitenciario, como es el debido proceso. 

La Personería del distrito maneja cifras similares en cuanto al hacinamiento de las estaciones, como resultado de visitas en los últimos meses a esas instalaciones. Los reportes del Ministerio Público dan cuenta de 2.076 privados de la libertad, cuando hay disponibilidad física para 269 cupos, por lo que el hacinamiento es del 672 %. 

Sin embargo, las cárceles en el Valle del Cauca, como las del país están desbordadas en presos. Solo, la cárcel de Villahermosa tiene alrededor de 3.818 reclusos, cuando su capacidad es para 2.009, según datos recopilados por la Personería de Cali. Esto quiere decir, que mientras en las estaciones de Policía, el hacinamiento es de 672 %, coincidiendo con la Policía y el Inpec donde se refieren a casi el 700 %, en cárceles como Villahermosa, el hacinamiento es del 90 %.

Si bien, en este mes de octubre, la alcaldía de la capital vallecaucana firmó un convenio por $ 2.000 millones con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para tramitar el traslado de alrededor de 500 capturados que se encuentran con detención preventiva en las estaciones de Policía de Cali, así como en centros de Atención Transitoria (CAT) y unidades de Reacción Inmediata (URI), aún surgen preguntas sobre si será suficiente, pues la ciudad registra un promedio diario de 14 capturados. Solo entre enero y el 17 de septiembre, las estaciones ya reportaban 4.043 capturas y la cifra sigue creciendo, porque los delitos no se detienen.

A su vez, es necesario que la población comprenda, como lo han explicado en la misma alcaldía, que estos recursos se destinan con el propósito de que el Inpec atienda a personas en condición de sindicados en los centros penitenciarios de Cali y Jamundí a cargo del Gobierno Nacional. "Este presupuesto garantizará la entrega de elementos como kits de aseo, colchonetas, ventiladores y combustible", mas no es en nuevas infraestructuras o ampliaciones en la cárcel de Villahermosa, como el Ministerio Público lo ha venido reclamando por años. 

Pese a esta situación, de acuerdo con el actual convenio, Villahermosa será en primera instancia el sitio a donde llegarán estos detenidos, entre sindicados y condenados, que permanecen en las estaciones de Policía, ante el hacinamiento de la misma cárcel.

En otras palabras, los privados de la libertad siguen en las estaciones porque las cárceles, como Villahermosa, están hacinadas. 

No obstante, como lo señaló el director de la regional Occidente del Inpec, Guillermo Andrés González, con esos $ 2.000 millones, el Instituto hará un esfuerzo para lograr ir descongestionando las estaciones de Policía y llevar a esos 500 privados de la libertad a Villahermosa, además de la cárcel de Jamundí, de manera paulatina.

Pero no es claro cómo en la cárcel de Villahermosa van a redistribuir el espacio ya copado. Lo cierto es que como lo señalaron en la alcaldía de Cali, la administración de Alejandro Eder interviene con recursos por las condiciones de los mismos sindicados, debido a que el artículo 17 de la ley 65 de 1993 estipula la responsabilidad de los entes territoriales, como lo son las alcaldías, en la gestión de centros de reclusión para los mismo sindicados de sus respectivas jurisdicciones.

La norma indica que en los presupuestos municipales y departamentales se deben incluir las partidas necesarias para los gastos de cárceles, como pagos de empleados, raciones de presos, vigilancia de estos, gastos de remisiones y viáticos, materiales y suministros, compra de equipos y demás servicios.

"Para quienes no cuenten con centros carcelarios locales, podrán contratar con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el recibo de sus presos mediante un acuerdo entre las partes", informaron en la alcaldía de Cali.

'El traslado debe ser urgente por enfermedades contagiosas, como tuberculosis'

Es por eso que el personero de Cali, Gerardo Mendoza, mantiene la lupa y el seguimiento a esta crítica situación, toda una bomba de tiempo. Pero resaltó que celebra este convenio de $ 2.000 millones y toda iniciativa que acate lineamientos que vienen desde años atrás, como sentencias de la Corte Constitucional y pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el personero anotó que "se necesita una medida de más de choque, en procura de contrarrestar el hacinamiento en las estaciones de Policía". 

Esas medidas, según el funcionario del Ministerio Público, tienen relación con una nueva infraestructura, como un pabellón para detenidos de manera transitoria. Además, el personero afirmó que el traslado es urgente, pues las enfermedades en las estaciones pululan, como la tuberculosis o la varicela. Mencionó que solo en la estación de Policía del barrio La Flora, en el norte de Cali, hay 102 privados de la libertad, cuando estas instalaciones tienen capacidad para 10 personas, porque deben ser recintos temporales y no permanentes, como está ocurriendo desde hace décadas. 

Allí, en esa estación de La Flora hay 23 privados de la libertad enfermos por tuberculosis, poniendo en riesgo a esa población, así como a los policías que en lugar de estar en las calles, se encuentran ejerciendo labores de custodios, como el mismo comandante de la Policía Metropolitana de Cali lo ha señalado no solo ahora por la firma del convenio, sino ante el Concejo de la ciudad, en sesiones durante el transcurso de este 2024.

"Celebro cualquier iniciativa que vaya encaminada a ese propósito común de combatir el hacinamiento en las estaciones", dijo el personero.

“Desde la Alcaldía de Cali buscamos garantizar los derechos fundamentales de nuestra población privada de la libertad. Este convenio responde a una de las estrategias a corto plazo que nos trazamos bajo el liderazgo del alcalde Alejandro Eder para cumplir con los mandatos constitucionales que protegen esta población sindicada”, explicó el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García.

El director Regional del Inpec destacó, por su parte, la firma del convenio como una muestra de que la creación de sinergias contribuye a mitigar situaciones coyunturales en la ciudad.

Y añadió: “Hace 18 años no se firmaba un convenio interadministrativo como este, y se logró en esta vigencia gracias a la buena voluntad de la Administración Distrital. Lo que queremos destacar con este convenio es que sí se pueden materializar este tipo de alianzas necesarias para mejorar las condiciones de hacinamiento. Queda agradecerle a la Administración Distrital y a los del Inpec que intervinieron en este proyecto para que saliera adelante".

¿Qué pasó con el convenio de tres pabellones de hace seis años?

No obstante, en el concejo de Cali advirtieron que hace seis años, el entonces alcalde Maurice Armitage con la gobernación del Valle del Cauca y el ministerio de Justicia y la intermediación del Inpec y de organismos del Ministerio Público, firmaron un convenio marco para construir tres nuevos pabellones en un lote contiguo a la cárcel Villahermosa, con el fin de aliviar la situación de hacinamiento que se vive en el penal caleño.

Dentro de lo planeado en el convenio marco se estimaba la construcción de los pabellones en un terreno de 25.000 metros cuadrados, propiedad de la gobernación del Valle del Cauca, en el cerramiento del centro penitenciario. Solo un pabellón costaba $16.000 millones, por lo que la inversión era de casi $ 50.000 millones, en esa época, es decir, hace seis años.

Esta propuesta no prosperó y también se quedó en anuncios la planteada en 2023 de construir pabellones en el vecino municipio de Yumbo y en el corregimiento de Navarro, en el suroriente caleño. La entonces alcaldía de Cali informó que había un convenio con el Inpec para un cupo adicional en establecimientos carcelarios cerca de Cali y la región, dirigido a 500 sindicados en estaciones de Policía con una inversión de $ 1.000 millones.

Asimismo, que se trabajaba en la construcción de un nuevo centro carcelario por $ 2.500 millones para albergar a 2.000 sindicados de las estaciones de Policía, en Yumbo, en el sector de Menga y una construcción más en el predio de La Corbata en Navarro para 2.800 sindicados. El tema se diluyó y quedó en promesas. 

De acuerdo con el concejo de Cali, esas soluciones en Yumbo y en La Corbata no prosperaron porque no hubo concertaciones con la comunidad para contar con esos predios. 

Ahora bien, como lo resaltaron en el cabildo, la actual alcaldía de Cali ha venido señalando que dentro de las obras de esta administración, en el cuatrienio, se pretende levantar el Centro de Detención Temporal para acabar con el hacinamiento en las 22 estaciones de Policía e implementar un Centro de Atención Especial donde se atenderán los delitos que comprometan a menores de edad. 

De hecho, durante el anuncio sobre el actual convenio de los $ 2.000 millones se habló, de que "a mediano plazo se espera adecuar un centro de detención transitorio que permitirá albergar a las personas privadas de la libertad. Igualmente, a largo plazo se trabaja para que Cali pueda contar con una cárcel distrital. Estos proyectos que contemplan la creación de espacios para albergar a los privados de la libertad se incluyeron en el Plan de Desarrollo de la Alcaldía para poder hacerlos realidad", dijeron en la Administración.

En el Concejo, así como en la Personería aspiran que estos anuncios sobre el nuevo centro trasciendan y no se queden en el tintero. 

El concejal Carlos Andrés Arias indicó que desde comienzos del año se hizo el llamado al Gobierno Nacional sobre el convenio tripartita, entre alcaldía de Cali, Gobernación y el ministerio de Justicia, con el Inpec para avanzar en la construcción de ese centro para privados de la libertad, que viven en unas condiciones infrahumanas. 

A su vez, el comandante de la Policía de Cali ha venido señalando que alrededor de 120 uniformados no están en la calles por custodiar a estos detenidos, esta cifra corresponde a no contar con policías de 17 cuadrantes en el casco urbano, garantizando la seguridad de la ciudadanía. 

Antes hubo traslados de detenidos y hoy...

En enero de 2015, en el Inpec de aquella época se informó sobre el traslado de detenidos en estaciones de Policía a la cárcel de Villahermosa de 50 de 270 sindicados en estaciones de Policía y sedes de unidades de Reacción Inmediata (URI), de la Fiscalía. 

En febrero de 2020, la Policía en coordinación con el Inpec llevó a cabo el traslado de 200 personas que se encontraban privadas de la libertad en estaciones, la mayoría de los implicados eran responsables de delitos, como homicidio agravado y tentativa de homicidio.

En mayo de 2021 se trasladaron 50 detenidos de Cali y 50 más de Buenaventura que estaban en estaciones de Policía a centros penitenciarios. 

En junio de ese mismo 2021 se anunció el traslado de los primeros 200 de 600 privados de la libertad en las estaciones de Policía de Cali a cárceles de Jamundí, Palmira, entre otras.

En septiembre de ese 2021, el ministerio de Justicia lideró el traslado de 200 personas detenidas en las estaciones de policía de Cali para establecimientos de reclusión del orden nacional. En ese entonces, se puso en funcionamiento un nuevo pabellón en el patio número 6 del establecimiento de mediana seguridad de Buga,con capacidad para 271 cupos nuevos.

CAROLINA BOHÓRQUEZ 

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali