Las razones que llevaron al Registrador a dejar la convocatoria de la consulta popular en manos de las cortes

"Lo prudente es esperar la decisión de las altas cortes". De esta manera, mientras los reflectores del país esperaban con expectativa su postura, el registrador nacional, Hernán Penagos, dejó la decisión de continuar o no con los trámites de convocatoria de la consulta popular en manos de los jueces para que estos resuelvan lo que el funcionario calificó como una controversia jurídica “sin precedentes” en la historia del país. 

"Cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas es donde deben llegar los jueces a tomar la decisión que corresponda", señaló Penagos en una rueda de prensa que convocó a las 10:30 de la mañana de este martes tras analizar durante cuatro días del decreto que llegó a su despacho.

La cabeza de la entidad electoral se refirió a las posiciones encontradas entre el Ejecutivo y el Legislativo: mientras el Gobierno argumenta una presunta excepción de inconstitucionalidad para decretar la consulta, el Senado notificó que dicha corporación ya se pronunció negando el mecanismo el 14 de mayo. La certificación de esa votación fue enviada también al escritor de Penagos.

Fuentes de la Registraduría aseguran que las últimas 96 horas –tiempo que ha transcurrido desde que el ministro del Interior, Armando Benedetti, envió el decreto al correo de la entidad- han sido las más tensionantes desde que Penagos se posesionó como Registrador en diciembre de 2023, hace un año y medio. Se sabía que era difícil que cualquier decisión que tomara dejara tranquilos a todos, pero por eso todo se basó en un estudio “riguroso” de los documentos en su mano y los escenarios abiertos.

Pues bien, el exsenador y abogado anunció cuatro acciones concretas: solicitar concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, remitir copia de la solicitud ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Procuraduría General de la Nación y solicitar a las altas cortes un pronunciamiento ágil y oportuno sobre las diferentes demandas interpuestas.

Sin recibir luces de los jueces, la Registraduría no se moverá. Esto a pesar de que desde el Gobierno y el Pacto Histórico insisten en que es su deber acatar el decreto proveniente de la Presidencia pues mientras no haya suspensión judicial del decreto, este tendría presunción de legalidad.

"El decreto que he firmado sobre la consulta popular, con toda la legitimidad de ser el presidente de la Nación por libre voto popular, se respeta, goza de presunción de legalidad, y es obligatoria su aplicación; lo demás es sedición y, solicito a toda la corriente de abogados democráticos iniciar acciones pertinentes, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico", expresó el presidente Gustavo Petro.

El mandatario más allá y acusó a la Registraduría de tomar partido: "Siendo la Registraduría árbitro de las elecciones, toma partido, y eso no debe suceder, ni lo debe admitir las fuerzas mayoritarias y sociales de Colombia".

Penagos esgrimió una serie de riesgos que lo inclinan por esperar por una solución de la controversia judicial. El primero y principal, un posible detrimento al patrimonio nacional. Reiteró que el costo de organizar una consulta popular de esta magnitud está en el orden de los 750.000 millones de pesos, por lo que considera que el país debe tener absoluta claridad sobre la legitimidad de la consulta antes de utilizar esos recursos previstos.

“Es una inversión muy alta, que en el momento en que se comprometa, debemos tener la suficiente claridad de que se puede llevar a cabo esa consulta. Es ahí donde las cortes deberán tomar la decisión adecuada”, puntualizó.

La inversión incluiría distribución de material electoral en 112.000 mesas de votación, 67 países y 124 consulados, pues se trata de un evento que involucra a todos los colombianos habilitados en el censo electoral y esto incluye a los que viven en el exterior.

Asimismo, implica capacitar a 650.000 jurados de votación y poner a punto los sistemas de información. Todo un esfuerzo en términos logísticos que no alcanzaría a realizarse en 53 días, que es lo que resta de aquí al 7 de agosto, fecha planteada por el Ejecutivo para salir a las urnas.

“Todo ese proceso tiene unas exigencias importantes y la Registraduría no puede fallar. Exige una planeación muy importante (...) mínimamente se requieren 3 meses. 53 días no es suficiente para organizar una consulta para 40 millones de personas”, sostuvo Penagos. Si los jueces dan luz verde, aseguró que pediría contar con esos tres meses.

El Registrador Nacional fue enfático en que adelantar una consulta “a la ligera” podría suponer una ruptura del orden institucional, avanzando en un terreno de incertidumbre jurídica. “Es deber de los servidores públicos respetar el principio de la separación de poderes. Lo prudente es esperar una decisión de las altas cortes. Los jueces deben ser los que en últimas le digan a la Registraduría si se avanza o no con la consulta popular y le den luz constitucional al país”, concluyó.

Quienes conocen al actual registrador comentan que su postura va en línea con su condición de jurista y conocedor del derecho. Si bien tiene carrera política (fue presidente de la Cámara de Representantes), es abogado e hizo una maestría en Justicia Constitucional.

En su intervención de este martes, señaló que seguir directo con los trámites preliminares de la consulta sin que esta tenga todavía un rumbo definido en los tribunales es también exponerse a diferentes tipos de demandas. Su camino, dice, es el de la prudencia.

Esta decisión fue respaldada por Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral (MOE): "La decisión de la Registraduría resulta pertinente, considerando que actualmente en torno a la consulta se encuentran en trámite 44 acciones de nulidad, 97 acciones de tutela en el Consejo de Estado, así como 11 demandas radicadas ante la Corte Constitucional", opinó. 

Ante las críticas que van creciendo desde la Casa de Nariño, Penagos recordó que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 266 de la Constitución Política, la Registraduría es una entidad autónoma e independiente de todas las demás ramas del Estado.

“Debe quedar claro que ni el registrador nacional ni la Registraduría Nacional tienen superior funcional en la Constitución Política. Claramente, la Corte Constitucional ha destacado la condición de órgano autónomo e independiente que garantiza neutralidad y genera confianza en los procesos electorales. Reitero, la Registraduría Nacional no tiene superior funcional, es un órgano neutro que solo busca la integridad del proceso electoral”, dijo.

La tensión entre el Gobierno y la Registraduría, que se había calmado tras la imputación de cargos a algunos funcionarios por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), parece entrar en un nuevo capítulo.

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Redacción Política