Las razones detrás del endurecimiento de las políticas de Europa frente a la inmigración: 'Ningún país del mundo puede acoger refugiados de manera ilimitada'

Paradojas de la política, el gobierno de centroizquierda de Alemania, integrado por socialdemócratas, verdes y liberales, acaba de dar un giro a la derecha en materia de inmigración, al establecer estrictos controles fronterizos en los límites con sus nueve países vecinos, y enterrar la política de puertas abiertas a los refugiados de Medio Oriente, Europa del Este y el norte de África, que había establecido en 2015 el gobierno centroderechista de la canciller Angela Merkel.

El giro sacude la política del conjunto de la Unión Europea (UE). Y no solo porque Alemania había sido hasta ahora el principal impulsor de darles a los refugiados una recepción humanitaria, con la evidente ganancia económica –que Merkel defendía– de obtener mano de obra barata para mantener la competitividad industrial. También porque esa postura de Berlín le significó acoger y legalizar, entre 2015 y 2023, a más de 2 millones de migrantes de Siria, Afganistán, Irak, Ucrania y África, lo que alivió de modo significativo la carga para los demás países de la UE, muchos de los cuales daban vía libre a los refugiados para que siguieran a territorio germano.

“Ningún país del mundo puede acoger refugiados de manera ilimitada”, escribió la ministra del Interior alemana, Nancy Faeser, en una carta la semana pasada a la Comisión Europea, órgano ejecutivo de la UE. No obstante la generosidad alemana, o quizás justamente a causa de ella, el ritmo de solicitudes de asilo siguió en aumento durante esta década y el año pasado rondó los 450.000.

Ningún país del mundo puede acoger refugiados de manera ilimitada.

Aparte de los ya admitidos, para abril de este año había 3,8 millones de refugiados que esperan que el Gobierno les resuelva su situación migratoria o que fueron rechazados pero no han abandonado Alemania. Según las cifras dadas por Berlín para justificar la imposición de controles fronterizos (en contravía de la filosofía de fronteras internas abiertas en la UE), al gobierno federal alemán, y a sus estados y municipios, mantener a estos migrantes le cuesta más de 50.000 millones de euros al año.

Alemania se pone así a tono con la mayoría de sus vecinos, en trance de endurecer su política migratoria. En mayo, 15 países de la UE enviaron a la Comisión Europea una carta en la que le pidieron “pensar de forma innovadora” para acordar mayores controles a los migrantes y estimular acuerdos con terceros países fuera de la UE, con la idea de instalar en ellos centros de internamiento, algo similar a lo que el Gobierno italiano de la derechista Giorgia Meloni convino con Albania.

Detrás del abrupto giro en la política del Gobierno de Berlín, está sin duda el triunfo del ultraderechista partido AfD (Alternativa para Alemania) en las recientes elecciones regionales en el estado de Turingia, en el este del país. En esa región, AfD obtuvo 32 por ciento de los votos; pero entre los menores de 30 años, consiguió más del 36 por ciento, todo gracias a su discurso contra la inmigración.

Aunque ese mismo discurso antiinmigración lleva años tomando fuerza en varios países de Europa, el primer triunfo a nivel nacional de la derecha populista en uno de los grandes del continente se dio en 2022, cuando el partido Hermanos de Italia (FdI, por sus siglas en italiano) ganó las elecciones parlamentarias en ese país, con una retórica centrada en el freno a los migrantes que llegaban por cientos de miles cada año a las costas italianas.

En unión de sus aliados de centroderecha y derecha, FdI pudo formar gobierno, y la presidencia del Consejo de Ministros (equivalente al cargo de primer ministro) pasó a ser ocupada por Giorgia Meloni, quien a los pocos meses puso andar una estrategia para reducir el flujo de refugiados, en especial los provenientes de África.

La jefe del Gobierno italiano lanzó lo que pronto los medios bautizaron como el ‘método Meloni’, consistente en detener a los migrantes en el país de tránsito en el norte de África, antes de que se embarquen rumbo a la península itálica. Meloni concluyó una serie de acuerdos, en especial con el Gobierno de Túnez, un país a donde llegaban decenas de miles de refugiados de países subsaharianos, como Mali, Níger, Chad y Sudán, sumidos en la miseria y en una serie interminable de guerras civiles.

Con apoyo italiano y de la Unión Europea, las autoridades tunecinas desataron una dura represión que desalentó a los inmigrantes subsaharianos y, muy en especial, a las bandas de traficantes de personas, que ganan millones de euros alentando a los migrantes a atravesar el Mediterráneo. Decenas de traficantes fueron apresados por Túnez.

El ‘método Meloni’ luce exitoso, al menos a nivel de las cifras que maneja el Ministerio del Interior en Roma: en los ocho primeros meses de 2024, el número de refugiados llegados por el mar a la bota italiana se redujo un 65 por ciento frente a los mismos meses de 2023, cuando desembarcaron en las costas de Italia 114.000 ilegales, contra 41.000 este año.

España, la perjudicada

El ‘paganini’ del ‘método Meloni’ ha sido España. Los migrantes que antes se instalaban en Túnez con el deseo de pasar a Italia han derivado hacia el oeste, a países como Marruecos, desde donde miles saltan la valla para penetrar en el enclave español de Ceuta, en la orilla sur del estrecho de Gibraltar, y de ahí pasar a la península ibérica. Otros miles salen de las costas de Senegal, Mauritania y el mismo Marruecos, y navegan hacia las islas Canarias.

A diario, entre 200 y 300 refugiados han intentado saltar la valla de Ceuta en los meses recientes. En cuanto a la ruta hacia las Canarias, más de 25.000 migrantes han llegado desde inicios de este año. Cerca de 900 han muerto ahogados o han desaparecido en la ruta, porque naufragan en sus cayucos o porque los traficantes que los estafan y roban terminan lanzándolos al mar.

El golpe recibido por España es notorio: 66 por ciento de aumento de las llegadas de migrantes ilegales por las distintas rutas, con respecto al año anterior. En cuanto a las Canarias, el alza es del 126 por ciento, mientras los ingresos a Ceuta subieron 143 por ciento. “La presión está ahí y seguirá aumentando porque continúan desplazándose riadas de refugiados de todo el Sahel y la zona subsahariana a las costas africanas con la intención de emigrar”, le dijeron recientemente a El País de Madrid fuentes del Ministerio del Interior español.

Miedo a la derecha radical

Las cifras de refugiados con tendencia al alza, los ataques de islamistas solitarios contra civiles inermes, la prédica radical antieuropea de algunos imanes y fundamentalistas lo mismo en mezquitas que en redes sociales, y el alza de la inseguridad, que, muchas veces de manera injusta, es atribuida a los migrantes, han terminado por empujar a la opinión pública hacia una radicalización en contra de la inmigración.

Aunque ha sido tema de debate desde hace décadas, la inmigración siempre encontró en los partidos de centro y de izquierda una justificación humanitaria y, en algunos casos como el de la canciller Merkel, una validación desde el punto de vista económico. Pero ahora casi ningún sector del espectro político la defiende y, desde los socialistas moderados hasta la extrema derecha, todos piden un endurecimiento de los controles.

Lo paradójico es que esto ocurra en un año en que las cifras de migrantes van a la baja en el conjunto de la UE, más allá de que suban en España. Según Frontex, la agencia europea de costas y fronteras, las entradas irregulares a la Unión se redujeron 39 por ciento en los primeros ocho meses de 2024 con respecto a las del mismo período de 2023. Hubo además caídas récord en algunas rutas: 77 por ciento en los Balcanes occidentales y 64 por ciento en el Mediterráneo central (sobre todo hacia Italia), según registra Frontex.

No podemos seguir soportando unas fronteras convertidas en coladores

Son cifras alentadoras, pero, tras muchos años al alza y con la percepción generalizada en la opinión pública de estar ante un enorme problema que se ha salido de madre, la izquierda moderada, el centro y la derecha republicana han decidido reaccionar, asustados por el auge, tanto en las encuestas como en algunas elecciones, de las fuerzas de la extrema derecha, lo mismo en Alemania que en Francia, Bélgica, Países Bajos y otros países nórdicos y de Europa del Este.

En una encuesta divulgada el pasado fin de semana por Europe 1, el 77 por ciento de los franceses se muestran favorables al restablecimiento de controles fronterizos con sus vecinos europeos. El nuevo primer ministro, Michel Barnier, declaró al posesionarse: “No podemos seguir soportando unas fronteras convertidas en coladores”. Barnier trata esta semana de formar gobierno con planteamientos que hizo en 2021 cuando fue precandidato presidencial, como congelar el otorgamiento de nuevos asilos y regularizaciones de migrantes, durante un lapso de tres a cinco años.

Fue entonces muy criticado, incluso en el seno de su propio partido, los Republicanos. Pero ahora que ha vuelto sobre el tema, un amplio espectro del arco político mira esas ideas con simpatía. “Barnier sabe, y lo sabe el presidente Emmanuel Macron, que si no hay un mayor control a la inmigración, la gran ganadora va a ser Marine Le Pen con su partido RN, de derecha populista, que promueve un severo endurecimiento en este frente”, le dijo a EL TIEMPO un analista diplomático en París.

A la luz del alza de la ultraderecha alemana y de la derecha populista en Francia y otros países, este endurecimiento de los demás resulta comprensible. Pero no ataca la raíz del problema: la dramática situación de miseria y violencia en muchos países pobres, en especial en el África subsahariana, que genera cientos de miles de refugiados al año, alentados por mafias de traficantes de migrantes, que se llenan los bolsillos gracias a este drama. Mientras tragedias como esa no se reduzcan en el planeta, la inmigración seguirá y controlarla será cada día más difícil.