Las fallas estructurales de Migración Colombia que quedan en evidencia tras huelga

La olla a presión en Migración Colombia que amenazaba con paralizar parcialmente las operaciones aéreas en el país fue reducida en 48 horas. Ese fue el tiempo que les tomó a la autoridad migratoria y a la Cancillería ponerse de acuerdo con la bancada sindical conformada por Unasemig y Osemco, que protestaron por el bajo salario de los funcionarios y la sobrecarga laboral.

Las partes acordaron generar una bonificación migratoria para los servidores públicos 4 veces al año a partir de la nómina del mes de febrero de 2025, la expedición de un decreto para ampliar la planta de personal en 544 empleos antes de finalizar el año y la contratación de un estudio en el primer trimestre de 2025 para modernizar la entidad a partir de un rediseño.

Las protestas dejaron al descubierto fallas estructurales que aquejan a la entidad que entró en operación el 1.º de enero de 2012 tras desintegrarse el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y proyectarse como la autoridad encargada de ejercer vigilancia y control migratorio, y expedir los documentos de identificación de los extranjeros en territorio nacional.

Según cifras oficiales de Migración Colombia, entre 2012 y 2023 (último año consolidado) hubo un crecimiento en los flujos migratorios a nivel nacional en cerca de un 96 por ciento. En ese mismo periodo se calcula un incremento aproximado de 2.200 por ciento de extranjeros con vocación de permanencia en el país. Mientras que la planta de funcionarios apenas ha crecido en 11 años alrededor de un 19 por ciento (hoy hay 1.721 funcionarios).

Por eso los empleados dicen sentirse desbordados: en el aeropuerto El Dorado, el más importante del país, se pasó atender 5’870.532 viajeros en 2012, a 10’924.435 en 2023.

“Es imperiosa la necesidad de aumentar la capacidad humana y operativa. Pero no solo eso, desarrollar los procesos de formación, capacitación y especialización a los funcionarios”, dice Sergio Bueno, el primer director que puso en funcionamiento la entidad.

Una auditoría de la Contraloría confirmó el déficit de personal para cumplir a cabalidad las funciones y lo estableció en 670 personas. La Osemco explicó que el colapso en la atención en los aeropuertos durante este año, precisamente, se ha debido a la falta de funcionarios de la entidad.

Tras confirmarse su salida de la entidad, el más reciente director, Fernando García, le dijo a EL TIEMPO que recibió una Migración en “estado crítico” y un sistema tecnológico en aguas. Hoy, dicen en la entidad, el aparato tecnológico se ha fortalecido y gracias a eso se han entregado 700.000 documentos de Permiso de Protección Temporal para la población venezolana (PPT).

Sin respuesta de Migración en zona de fronteras 

Sin embargo, las debilidades técnicas y humanas se incrementan en zona de fronteras. “Lejos de tratarse de un asunto coyuntural o excepcional, las debilidades técnicas y profesionales de Migración Colombia han hecho parte de las observaciones reiteradas y llamados realizados por el ente de control, en el marco de su seguimiento a las dinámicas migratorias y respuesta institucional en zonas fronterizas de ingreso al país como Norte de Santander, Guainía, Ipiales y áreas de tránsito como San Andrés y la región de Urabá”, señaló la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos Humanos.

De acuerdo con el ente de control, zonas de tránsito y salida del país como la región de Urabá (Necoclí y Turbo), que hoy en día alcanza promedios diarios en tránsito entre 300 y 400 personas, cuentan con cuatro funcionarios (hace un año eran solo dos) de Migración Colombia para adelantar las labores de registro y control migratorio en zona de muelles de esos municipios.

“Casos como el de Urabá los encontramos en San Andrés, donde solo existen seis funcionarios operativos; en Guainía, en el marco de una mesa de diálogo fronterizo, fue anunciada en el año 2023 la constitución de una balsa migratoria que hoy sigue siendo expectativa, así como la falta de funcionarios para adelantar estas labores de registro migratorio en el puente Rumichaca en Ipiales”, dice la Procuraduría.

Lo anterior está estrechamente relacionado con debilidades en el registro y control de población migrante en estas zonas. Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch, aseguró en diálogo con este diario que por la falta de control en las fronteras terrestres no es posible contrastar los datos de Colombia y Panamá para saber cuántas personas han desaparecido y perdido la vida en el Darién. “Como no tenemos un número de salidas de Colombia, no podemos contrastar con Panamá, que sí lleva un registro del número de personas que ingresan”.

No obstante, el exdirector Sergio Bueno apunta que la migración irregular es muy difícil de contabilizar y casi ningún país está en la capacidad de hacerlo. Y estas debilidades en la respuesta institucional se ven ampliamente superadas por las estrategias de sofisticación en el tráfico de migrantes por parte de los grupos armados ilegales. “Desde mediados del 2023, Migración emite boletines periódicos sobre los flujos migratorios en el país, con especial énfasis en Urabá. No obstante, no sucede así para regiones como San Andrés, Guainía, Ipiales, Buenaventura, realidad que alerta por el subregistro frente al tránsito de la población migrante en el territorio nacional”, añade la Procuraduría.

Como resultado de labor preventiva realizada por la Procuraduría, se emitieron seis informes preventivos sobre los escenarios de riesgo de la población migrante, pero que documentaron también las debilidades de la respuesta institucional, como la ausencia en su rol de liderazgo del Ministerio de Relaciones Exteriores en el diseño e implementación de la Política Integral Migratoria, como en las labores de registro y control de la población migrante, responsabilidad a cargo de Migración Colombia.

Los problemas con la expedición de cédulas de extranjería en Colombia

Por si fueran pocos los problemas, Migración Colombia lleva un año largo teniendo que dar explicaciones a los extranjeros por fallas en calidad y retrasos en la producción de cédulas de extranjería que se originó a partir de un convenio interadministrativo que fue suscrito con la Imprenta. Esto ha generado inconvenientes para los extranjeros que necesitan este documento para residir y trabajar en el país.

La crisis desencadenó un conflicto entre la Imprenta y la firma mexicana Accesos Holográficos, empresa encargada de suministrar insumos para la impresión. En octubre se dio por finalizado el contrato de manera anticipada y con la entrega hasta la fecha de 15.491 cédulas de extranjería y 1.287 documentos en proceso de entrega.

Por este lío, la Procuraduría le abrió una investigación disciplinaria al exdirector Fernando García Manosalva y al exgerente (e) de la Imprenta Andrés René Chaves, por presuntas irregularidades en el contrato firmado. Se investiga falta de idoneidad de la Imprenta Nacional para ejecutar los trabajos, lo que derivó en una subcontratación de la totalidad de los servicios requeridos. 

JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ

Periodista de Política