Las alertas al proyecto que busca reformar el Sistema General de Participaciones para aumentar las transferencias a las regiones

El proyecto reforma constitucional al Sistema General de Participaciones (SGP), el mecanismo a través del cual el Gobierno le transfiere recursos a las entidades territoriales, podría comprometer la sostenibilidad fiscal de Colombia. 

Eso piensan la mayoría de los analistas del país que llevan semanas advirtiendo de los riesgos que tendría aprobar este proyecto que busca elevar las transferencias del 23,8 por ciento actual al 46,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación en un periodo de 10 años y que ya va en su sexto debate en la plenaria del Senado.

Como consecuencia, en 2036 las transferencias del SGP equivaldrían al 8,4 por ciento del PIB, lo que representaría un incremento del 65 por ciento respecto al escenario base.

“Es inviable una transición de 10 años hacia niveles de transferencias tan altas e inflexibles, que deberían tener si se quiere un piso, pero también un máximo no más allá del 6 por ciento del PIB. Esta situación pondría en aprietos las finanzas del Estado. La presión adicional las llevaría a niveles nunca vistos, ni siquiera en la década de los 90", aseguró José Ignacio López, presidente del centro de estudios económicos Anif, quien considera que estos gastos generarían una presión de 395 billones de pesos constantes para el periodo entre el 2027 y el 2036.

Similar opinión comparte el director del centro de pensamiento Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, quien considera que con esta reforma la deuda del gobierno superaría el límite del 71 por ciento del producto interno bruto (PIB) impuesto por la regla fiscal. “Esta situación generaría una crisis fiscal. Se aumentaría el costo del endeudamiento, afectaría el crecimiento económico y generaría alzas en el desempleo y la pobreza”, aseguró.

Adicional a ello, según César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, señala que este incremento elevaría el déficit fiscal a niveles cercanos al 7 por ciento del PIB, lo que aseguraría el incumplimiento de la regla fiscal y pondría en entredicho la sostenibilidad financiera del país.

“Esta situación aumentaría los costos de financiamiento, generaría desconfianza entre los inversores y elevaría el riesgo de recesión, amenazando tanto el desarrollo nacional como regional. Por ejemplo, cualquier proyecto de infraestructura se vería amenazado en este escenario. Además, la propuesta actual no aborda lo que una descentralización efectiva requiere: definir claramente el funcionamiento y las responsabilidades del SGP”, sentenció.

Incluso, la presidenta del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), Astrid Martínez, advirtió ayer que se necesitarían alrededor de tres reformas tributarias promedio para financiar los incrementos adicionales de las transferencias, sin abrir espacio para la inversión pública.

“Se pondría en riesgo el cumplimiento de la Regla Fiscal, que es un instrumento central para la generación de confianza y la estabilidad macroeconómica. Y en vista de la alta inflexibilidad del gasto público se reduciría significativamente el espacio para inversión social y productiva. De acuerdo con nuestras estimaciones, la inversión pública podría reducirse a cero y aun así, no sería suficiente para compensar el aumento en el gasto”, manifestó.

Para César E. Tamayo, decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de la Universidad Eafit, el proyecto es potencialmente “catastrófico” para las finanzas públicas. Además, no representa la verdadera autonómica para las regiones y termina desvirtuando una discusión seria del tema.

¿Iría acompañado de otro proyecto?

Ni el Ministerio de Hacienda ni el Departamento Nacional de Planeación (DNP) han emitido un concepto favorable a este proyecto liderado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. 

De hecho, en el documento enviado al Congreso, la cartera de Hacienda aseguró que este proyecto implicaría costos fiscales recurrentes no contemplados en el Presupuesto. “Serían insostenibles con las proyecciones macroeconómicas del Marco Fiscal de Mediano Plazo”, aseguran.

Por su parte, Planeación dijo que “se pondría el riesgo la viabilidad del Estado como un todo debido a que hay una muy baja probabilidad de financiar al Gobierno con más endeudamiento o con más impuestos por el bajo crecimiento en el consumo y a que los niveles de inversión son los mismos que en 2020 en el epicentro de la pandemia”.

Sin embargo, ayer el Ministerio de Hacienda aseguró que se presentará una ley de competencias para completar el Acto Legislativo que busca modificar el Sistema General de Participaciones (SGP).

“El Ministerio de Hacienda expresa la importancia de aprobar una ley de competencias que permita transferir funciones a los entes territoriales dentro del debido análisis de sostenibilidad fiscal, cumplimiento de la deuda y en el marco de las normas vigentes”, asegura la cartera que lidera Ricardo Bonilla.

Adicional a ello, la cartera aseguró que su concepto se emitió conforme a los textos donde no estaba claramente definida la relación entre la ley de competencias y la entrada en aplicación del Acto Legislativo en caso de ser aprobado. Esto llevaría a pensar que próximamente sí darían un aval fiscal al proyecto.

“La presentación, discusión y aprobación de una ley que permita poner en equilibrio competencias y recursos, sin poner en riesgo las finanzas de la Nación, es una forma de avanzar en los debates que ha suscitado este proyecto”, dicen.

Anteriormente el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo había indicado que este acto legislativo debería ser precedido por una ley que traslade y cuantifique responsabilidades de gastos de los que se desprenda el Gobierno Nacional para ser transferidos a las entidades territoriales. “Hacer lo contrario sería un verdadero suicidio fiscal”, manifestó.

Pese a ello, la senadora Angélica Lozano aseguró que no tiene sentido porque desde su radicación la reforma contempla una ley de garantías. “Es populismo decirle a los gobernadores y alcaldes que se puede pasar a ese nivel de transferencias. La Misión de Descentralización dijo que se puede llegar al 37 por ciento”, explicó.

También el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana opinó que el comunicado resalta la ley de competencias como un requisito esencial para asignar responsabilidades y establecer una metodología efectiva de descentralización; sin embargo, omite el tema central del riesgo fiscal.

“Aumentar la participación al 46,5 por ciento de los ingresos corrientes en la próxima década pondría al país en el camino de una quiebra inminente. Resulta incomprensible cómo el Ministerio de Hacienda prevé una propuesta fiscalmente sostenible sin ajustar el componente central y más problemático de la reforma”, afirmó.