La SIC recibió más de 47.000 demandas en 2024 relacionados con casos como el de Viva Air

Este miércoles 11 de diciembre, la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, dio un balance de su gestión durante este 2024 en esa entidad.

Dentro de las cifras que entregó la funcionaria están las del área de asuntos jurisdiccionales, en donde destacó la creación de una estrategia para que los jueces de la SIC se desplazaran a diferentes lugares del país.

Las demandas recibidas

A diciembre de 2023, esta entidad tenía en su inventario 82.640 expedientes. Durante el año 2024 se presentaron 47.212 demandas, lo que, según la entidad, representa un total de 129.852 expedientes.

“Quiero destacar la estrategia implementada por la Delegatura de Asuntos Jurisdiccionales que consistió en la adopción de tres planes de descongestión: el primero en materia de consumidor que permitió dar respuesta al aumento inusual y exponencial de demandas y garantizar los derechos de los usuarios a un acceso eficaz y oportuno al sistema de administración de justicia que tiene asignada esta delegatura”, señaló la superintendente.

Además, destacó que se calificaron 34.342 demandas que corresponden en admisiones, inadmisiones y rechazo de estas. Asimismo, se resolvieron 1.085 recursos de reposición y se emitieron un total de 35.342 providencias.

La superintendente Rusinque aseguró que dentro de las demandas que recibió la entidad están algunas relacionadas con usuarios que se vieron afectados con la suspensión de operaciones de la aerolínea Viva Air.

En el 2024, se decidieron 16 casos, en los que se sancionaron 130 personas investigadas con multas equivalentes a 64 mil millones de pesos. La mayoría de los casos sancionados corresponden a alteraciones de la libre competencia económica en procesos de contratación estatal.

La gestión presupuestal

La superintendencia cuenta con un presupuesto de 293.123 millones de pesos, de los cuales 182.999 millones corresponden al rubro de funcionamiento (62%) y 110.124 millones al rubro de inversión (38%).

En ese sentido, la entidad reveló que, con corte al 6 de diciembre, la entidad ha comprometido 243.177 millones de pesos, que representan el 83 por ciento de su presupuesto.

“Proyectamos para el cierre de la vigencia lograr una ejecución del 89 por ciento del presupuesto asignado, restando por ejecutar, principalmente, 21.947 millones de pesos contemplados para la financiación de la ampliación de planta de personal de la Entidad (296 nuevos cargos), cuyo proceso de autorización hemos venido gestionando a lo largo del año y que proyectamos concluir al cierre de la vigencia con la firma de los decretos de ampliación de planta”, manifestó Rusinque.

Sin embargo, durante la dirección de Rusinque también se han generado algunos cuestionamientos relacionados con unas visitas administrativas que hizo la entidad a las instalaciones de la Registraduría.

También, porque en el mes de noviembre la entidad le imputó cargos a nueve funcionarios de esa entidad a los que señalaron de presuntamente no entregar información relacionada con una investigación de contratos de la firma de Thomas Greg.

En diálogo con EL TIEMPO, la superintendente aseguró que no se trataba de una investigación contra el registrador ni contra la Registraduría.

“Aquí lo que se está investigando son contrataciones anteriores, de la administración anterior; hay denuncias formales ante la Superintendencia. Estaríamos faltando a nuestro deber legal si no adelantáramos las investigaciones respectivas solamente por temor a este tipo de campañas de desinformación”, dijo Rusinque en ese momento.

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ
Redacción Política