En medio de las denuncias por irregularidades en las deportaciones de inmigrantes venezolanos a El Salvador, la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó el privilegio de secreto de estado para evitar otorgar información clave del suceso a un juez federal, alegando que esta acción provocaría "preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional".
El juez federal que investiga las deportaciones, James Boasberg, está evaluando si la administración Trump desacató su orden de regresar a los aviones cargados de migrantes que finalmente fueron deportados a una prisión de máxima seguridad en El Salvador. En su decisión, el juez había bloqueado las deportaciones, pero el gobierno alegó que los aviones ya habían partido y no tenía jurisdicción en la zona sobre la cual volaban en ese momento.
En esta situación, el juez solicitó al gobierno estadounidense información sobre cuándo aterrizaron los aviones y quién estaba a bordo, pero las autoridades se negaron a compartir los detalles aduciendo que la acción provocaría "preocupaciones diplomáticas y de seguridad nacional".
Asimismo, la administración Trump exigió el lunes a un tribunal de apelaciones que levantara la orden de Boasberg y permitiera que continuaran las deportaciones.
El mensaje del juez sobre los migrantes deportados a El Salvador
Desde su lugar, Boasberg, nominado por el expresidente Barack Obama, dictaminó que los inmigrantes sujetos a la deportación deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos pandilleros, con el fin de evitar deportaciones erróneas de personas basándose en categorías que no tienen derecho a impugnar.
"El público también tiene un interés significativo en que el Gobierno cumpla la ley", escribió el juez de distrito en su declaración.
A la medianoche del pasado lunes, Trump utilizó sus redes sociales para cuestionar la "imparcialidad" de Boasberg y exigió su inhabilitación.