La incertidumbre que generan los intentos del Gobierno de cuadrar las cuentas del 2025 / Análisis

La idea de elevar las tarifas de retención en la fuente del impuesto de renta que pagan hoy en día las empresas para enfrentar la falta de caja que tiene el Gobierno más el reciente anuncio del presidente Gustavo Petro de decretar una emergencia económica debido al brote de fiebre amarilla está generando cada vez más incertidumbre en los empresarios, ya asustados por el posible impacto que podrían tener las medidas comerciales anunciadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Hace unos días, el Gobierno publicó un proyecto de decreto que busca aumentar las bases mínimas de retención en la fuente; es decir, que el anticipo de renta que siempre hacen las empresas sea mayor en este 2025, lo que llevaría a aumentar el recaudo este año, pero abriría un hueco fiscal equivalente en el 2026.

Y es que, si bien los ingresos tributarios obtenidos hasta febrero presentan un crecimiento, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), todavía son muy inferiores a lo que se requeriría para cumplir la meta de recaudo de este año, establecida en 299,9 billones de pesos. Además, el nivel de caja del Gobierno se mantiene en niveles críticos, el país está destinando cerca de la tercera parte de los ingresos tributarios al pago de intereses y la deuda ya va por 60,7 por ciento.

Para obtener recursos rápidos, lo que propone el Ministerio de Hacienda que lidera desde hace unas semanas Germán Ávila es elevar las tarifas de cientos de sectores económicos. Entre las que más aumentarían están algunas como las de la extracción de hulla y la generación de energía eléctrica, que subirían de la actual tasa de 2,20 por ciento a una de 4,50 por ciento. Otras, como los cultivos de arroz o café, quedarían en 1,20 por ciento y peluquerías o instituciones universitarias, con el 3,50 por ciento (ver gráfico).

A pesar de que el Gobierno calcula que el recaudo de estos impuestos anticipados llegaría a 7,38 billones de pesos, el centro de pensamiento Fedesarrollo proyecta que las nuevas tarifas de retención en la fuente implicarían un adelanto en el pago de 2026 a 2025 por 13,9 billones de pesos, lo que equivale al 0,8 por ciento del producto interno bruto (PIB). “Las mayores retenciones en la fuente en este 2025 se traducen en menores saldos a pagar y anticipos en el 2026; es decir, es una medida de adelanto de recaudo”, señaló el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Luis Eduardo Llinás.

Además, son varios los expertos que han asegurado que esta maniobra repetiría los errores del pasado del propio gobierno Petro, que llevaron a que el recaudo tributario del 2024 fuera históricamente bajo y descuadrara las cuentas de la nación. En total, se obtuvieron 71,2 billones de pesos menos de lo programado inicialmente en el presupuesto y el déficit fiscal se ubicó en 6,8 por ciento del PIB, un dato significativamente superior al 4,3 por ciento del 2023.

“Nunca antes en la historia se había tenido una caída tan importante en los niveles de recaudo. Este resultado refleja los importantes retos fiscales, presupuestales y de liquidez que enfrentó el Gobierno tras un descenso inédito en el recaudo, lo que afectó el financiamiento del Presupuesto”, aseguró en febrero el exministro de Hacienda Diego Guevara, quien precisamente salió del Gobierno por desencuentros con el Presidente por su intención de hacer recortes.

Lo que pasó en el 2023 es que hubo un recaudo tributario excepcional (16,7 por ciento del PIB) debido a un mayor crecimiento (+7,3 por ciento) y al aumento en las retenciones y anticipos de renta; sin embargo, en el 2024 la economía solo creció un 1,7 por ciento y las empresas obtuvieron menores utilidades, por lo que pagaron impuestos más bajos. Incluso, como habían adelantado una tarifa mayor algunas pidieron devoluciones.

Esta situación llevó a que el Gobierno decidiera el año pasado hacer un recorte de 28,4 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación. A ello se sumó que el presentado para el 2025 también estaba desfinanciado en 12 billones de pesos, supeditados a la aprobación de una ley de financiamiento, o más conocida como reforma tributaria, que no logró sacar en el Congreso. Por ello, a comienzos de este año le tocó hacer un aplazamiento por ese valor en 43 rubros, entre ellos algunos claves de infraestructura, como la primera línea del metro de Bogotá.

“Esto repetiría el error del 2023, con la agravante de que no se ha aprobado una nueva reforma tributaria, por lo que esta operación abrirá un hueco fiscal adicional equivalente al próximo año. En términos prácticos, es como si un trabajador solicitara un adelanto de su salario de 2026 para cubrir los gastos de 2025. La única salida responsable es recortar el gasto: en el caso de un hogar, ajustando su consumo; y en el caso del Gobierno, reduciendo el presupuesto en 28 billones de pesos, como lo hemos advertido repetidamente desde el año pasado”, explicó el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.

Impacto en las empresas

El sector empresarial no ve con buenos ojos que tenga que pagar este año mayores impuestos, pues considera que impactaría su liquidez inmediata y podría afectar su capacidad operativa y de inversión, lo que terminaría repercutiendo en toda la economía.

Según el Consejo Gremial Nacional, conformado por los 32 gremios más representativos del sector empresarial, lo que propone el Gobierno equivale a pedirle al país un crédito forzado para financiar el déficit fiscal generado por su “ineficiencia” en la ejecución del gasto público.

“Esta propuesta castiga el flujo de caja de las empresas, los trabajadores formales, los independientes y los pequeños comerciantes. La medida afecta directamente el consumo, el ahorro y la inversión, pilares fundamentales para el crecimiento y la formalización de la economía. En la práctica, se trata de una reforma tributaria encubierta que traslada la carga a quienes cumplen, producen y generan ingresos”, aseguraron.

Para Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), será “muy difícil” para las empresas, estando ya en abril, tener que presupuestar y pagar más impuestos, más cuando hoy siguen viviendo las consecuencias derivadas de la tributaria del 2022, liderada por el ministro de la época, José Antonio Ocampo, hasta el punto de que el sector industrial lleva más de 24 meses decreciendo.

“Aunque la medida se tome vía decreto y se descuente de los impuestos del año próximo es, para todos los efectos, un aumento en los tributos pagados este año. A todas luces, se trata de un cambio muy relevante en las reglas de juego que afectará, sin duda, la rentabilidad de las empresas actuales y de las nuevas inversiones, más allá de que para Colombia significa profundizar la inseguridad jurídica que ha imperado con un gobierno que no es amigo de la empresa y no entiende su papel en el desarrollo económico y social”, le dijo a este medio.

También, en la misma línea, el exministro de Hacienda y actual rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo, aseguró que el decreto no solo deja las finanzas públicas del 2026 en una situación “crítica” para el siguiente gobierno, sino que va a generar un estrés de caja en el 2025 en la micro, pequeña y mediana empresa, que tendrá que endeudarse para poder pagar esos impuestos adicionales.

Según una encuesta de Fenalco, los problemas que más afectan a los empresarios en la actual coyuntura son la incertidumbre frente a las reformas que cursan en el Congreso, el anuncio de una consulta popular y las nuevas disposiciones del Gobierno en materia económica. “Todo esto genera nerviosismo en el sector privado y los recientes anuncios tornan más esquiva la inversión privada”, señaló Jaime Alberto Cabal, su presidente.

¿Emergencia económica?

A esta situación de incertidumbre se suma el anuncio realizado esta semana por el Presidente de decretar una emergencia económica debido al brote de fiebre amarilla que hay en plena Semana Santa, algo que le daría la potestad para establecer nuevos impuestos o modificar los ya existentes en medio de la incertidumbre fiscal que vive el país.

Esta no es la primera vez que el mandatario decreta una emergencia económica. La primera fue en julio del 2023 debido a la “crisis” humanitaria, social y ecológica del departamento de La Guajira, que posteriormente la Corte Constitucional tumbó.

Adicional a ello, en enero de este año, él mismo dijo que la decretaría por la escalada de la violencia vivida en la región del Catatumbo, en el Norte de Santander. Sin embargo, finalmente fue declarado el estado de conmoción interior, a través del cual se establecieron tres nuevos impuestos en esta vigencia fiscal: el IVA de 19 por ciento para los juegos de suerte y azar operados por internet, el impuesto de 1 por ciento que grava la primera venta y la exportación de los hidrocarburos y el carbón, y la tarifa del impuesto al timbre.

Además, han sido diversas las ocasiones en las que el mandatario ha planteado esta posibilidad. Lo hizo, por ejemplo, cuando el Congreso se demoró en ampliar el cupo de endeudamiento o cuando habló de mitigar los riesgos de la crisis climática. Igualmente, cuando era candidato presidencial, aseguró que una de las primeras decisiones que iba a tomar cuando llegara a la Presidencia sería decretar una emergencia para poder resolver “la catástrofe social del hambre” que afronta el país.

El Presidente podría declarar el Estado de Emergencia por periodos de hasta 30 días, que sumados no podrían exceder de 90 en el año calendario, cuando se presenten hechos que perturben o amenacen con perturbar de manera grave e inminente el orden económico y social del país. Por ejemplo, esta fue la figura que se utilizó en medio de la crisis generada por la pandemia del covid-19 en 2020.

Mediante tal declaración, podría dictar decretos con fuerza de ley destinados exclusivamente a conjurar la crisis e incluso podría establecer nuevos tributos. El problema es que debe demostrar que efectivamente sí es un hecho grave, algo que para algunos expertos no lo es. “Nunca había visto una justificación para una emergencia sanitaria y económica con un tono tan novelesco y carente de rigor técnico en su análisis de causas y consecuencias”, manifestó José Manuel Restrepo, quien dijo que ya en noviembre del 2024 se había declarado este problema.

Opinión similar tiene el también exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo: “¿Cómo va a justificar el Gobierno ante la Corte Constitucional que estamos frente a un hecho inesperado e imprevisto, como la Constitución exige?”

Y de llegar a darse, los empresarios también podrían ser unos de los grandes afectados. El presidente del gremio de los comerciantes, Fenalco, aseguró que los estados de excepción no pueden convertirse en cotidianos y que este tipo de anuncios aumentan la incertidumbre. “La emergencia no sirve para nutrir con nuevos impuestos un presupuesto en números rojos, como consecuencia de la ineficiencia, el derroche, la corrupción y los altos costos burocráticos”, manifestó Cabal.

Impacto de los aranceles

Estas dos nuevas situaciones se suman a la incertidumbre que existe entre los empresarios debido a las medidas comerciales anunciadas por Estados. Pese a que el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo esta semana que no se prevé una recesión global, el organismo internacional aseguró que los aranceles aplicados a los diferentes países por Trump sí traerían un crecimiento a la baja.

Según un informe del equipo de Investigaciones de Corficolombiana, más allá del impacto directo de las tarifas arancelarias, los efectos más significativos de estas medidas provendrán del menor crecimiento de nuestros principales socios comerciales y de la mayor depreciación del peso colombiano debido al aumento en la percepción de riesgo global.

“El impacto del menor dinamismo económico mundial comenzará a reflejarse en el desempeño de la economía colombiana, dado su nivel de apertura y dependencia con los mercados internacionales. Los sectores que se verían más afectados en un escenario de creciente incertidumbre global serían minas y canteras, industria, comercio y agropecuario, que en conjunto representan el 40 por ciento de la economía”, se puede leer en el informe liderado por César Pabón.

Empresarios, cada vez más pesimistas

Las recientes encuestas de los empresarios dejan ver su creciente preocupación. De un lado, en la última Bitácora Económica realizada por Fenalco en marzo, el 62 por ciento de los comerciantes afirmó que la situación de sus negocios seguirá igual o empeorará. 

Del otro, en la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta–Eoic de la Andi de enero, se mostraba cómo el desempeño de los empresarios está bajo un clima de incertidumbre desde la mitad del 2022. 

Los principales obstáculos que enfrentan son: la falta de demanda, costo y suministro de materias primas, las volatilidad de la tasa de cambio, la incertidumbre por las reformas en curso en el Congreso y la situación política del país. 

“Las tensiones geopolíticas, el incremento en la inseguridad, las dudas sobre la seguridad energética, las reformas y una compleja situación de las finanzas públicas generan un ambiente de incertidumbre que obstaculiza el desarrollo del sector empresarial y la atracción de inversión”, decía la investigación.

Estas son algunas tarifas que aparecen en el borrador de decreto para este 2025: 

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