La guerra por el oro y la coca en el sur de Bolívar entre Eln, disidencias y Clan del Golfo que deja dolor y más de un centenar de desplazados

Con la muerte de 9 combatientes de grupos armados ilegales en la vereda Minguillo (municipio de Montecristo) en el alto Caribona, la semana anterior- en límites entre los departamentos de Bolívar y Antioquia- se recrideció una guerra en el sur de Bolívar en la cual no se silencian los fusiles desde el 2019, cuando el Clan del Golfo llegó a este territorio para hacerse con la económías ilegales producto del oro, la coca y la extorsión y manejo de las minas. 

Los cuerpos sin vida (la mayoría jóvenes entre 17 y 20 años de edad) fueron llevados hasta el municipio de Montelíbano, en el departamento de Córdoba, mientras unas 150 personas que estaban en medio del fuego se desplazaron hasta el caso urbano de Santa Rosa, donde anvierten una crisis humanitaria. 

“En Montecristo lo que se habla es de una arremetida por parte de clan de golfo para tener un control absoluto sobre el territorio con la avanzada de 600 paramilitares desde Antioquia hacia el sur d Bolívar: vienen del nordeste antioqueño especialmente de Segovia, el Bagre, Bajo Cauca; y ante esa arremetida, respondieron el Eln y las Disidencias que unieron esfuerzos desde hace más de año y medio para combatir al Clan del Golfo en la Serranía de San Lucas”, señala en diálogo con EL TIEMPPO, un líder de esta región que pide reserva de su nombre.

La guerra por la Serranía de San Lucas

Enclavada entre las imponentes montañas de la serranía de San Lucas, la región del sur de Bolívar, se encuentra atrapada en un triángulo de violencia, pobreza y riqueza maldita.

La tarde y noche del pasado 20 de enero nuevamente esta región quedó en medio del fuego. Unos 150 campesinos se desplazaron hacia el casco urbano de Santa Rosa. 

Este territorio, codiciado por su abundancia de recursos como el oro y la coca, es escenario de una guerra que tiene en medio a miles de familias. En municipios como Santa Rosa, Montecristo, Achí, Simití, San Pablo, Cantagallo, Tiquisio, Norospi, entre otros, denunciar es como prácticamente imponerse una condena a muerte. Los habitantes enfrentan una lucha diaria por sobrevivir entre el abandono estatal y el control de grupos armados ilegales que imponen su ley: Clan del Golfo, el ELN y el Estado Mayor Central (EMC), disidencia de las FARC.

El avance implacable del Clan del Golfo

Desde 2019, el Clan del Golfo ha ejecutado una ofensiva sistemática para consolidar su dominio en la serranía. Este grupo ha logrado arrinconar al ELN y al EMC, quienes incluso dejaron de lado su enemistad histórica para enfrentarlo en una alianza para la guerra.

El Clan controla el 85% de la región, según reconocieron en el 2024 delegaciones de paz del Gobierno y el ELN en Santa Rosa del Sur. 

Pero la gota que rebosó la copa de la violencia en esta region fue ll asesinato de Narciso Beleño, líder social y promotor del Comité Nacional de Participación, marcó un punto álgido en la crisis de esta región. Su muerte a manos de un sicario el 21 de abril de 2024 evidenció cómo el trabajo en favor de la paz puede convertirse en una sentencia de muerte en este territorio olvidado.

"Aun así, no se ha mostrado esta crisis en la escena nacional; hay  situación de crisis humanitaria y de Derechos Humanos; los homicidios de los cuales no se saben cifras reales. Miremos la masacre de esos 8 hombres, además de homicidios selectivos en varios municipios como Simití, donde se vienen presentando ejecuciones casi que a diario, y todo por hacerse al poder de 10 grades minas en esta región", agrega el líder entrevistado por EL TIEMPO. 

El corredor con el Catatumbo y 
la frontera con Venezuela

Así, el principal motor de esta disputa es el control del oro. Con una producción ilegal estimada, según la Gobernación de Bolívar, en $100,000 millones mensuales. El mineral precioso se ha convertido en la principal fuente de ingresos para los grupos armados. El sur de Bolívar alberga al menos 10 grandes minas en los municipios de Santa Rosa, Arenal, Morales y Simití, que son objeto de extorsión tanto por el Clan del Golfo como por el ELN. Las empresas legales estarían pagando cuotas de extorsión que oscilan entre $20 y $30 millones al mes, bajo la amenaza de ser desplazadas o despojadas.

En esta región, el oro no solo financia a los grupos armados, sino que también nutre una ruta de tráfico hacia Venezuela, lo que subraya la ubicación estratégica del sur de Bolívar como corredor interregional, con el Catatumbo y de ahí a la frontera. 

El narcotráfico y la geografía de la guerra

Además del oro, el narcotráfico sigue siendo una pieza clave en la economía de guerra de la región. En 2022, la zona produjo 450 toneladas de pasta base de coca, superando incluso al Catatumbo.

La geografía del sur de Bolívar, con su aislamiento y conexiones hacia Antioquia, el Magdalena Medio, el Cesar y la frontera con Venezuela, lo convierte en un punto crítico para el transporte de armas, drogas y hombres, un territorio sobre el cual, según investigadores de la Universidad de Cartagena, estaría poniendo sus ojos la banda criminal del tren de aragua. 

Desplazamiento, reclutamiento y violencia invisible

Los combates entre grupos armados no son el único azote para las comunidades. La región enfrenta altos niveles de violencia colateral, como el reclutamiento forzado de niños, las extorsiones, la explotación sexual, el confinamiento y el desplazamiento masivo. En 2023, Bolívar fue el segundo departamento con más desplazados en Colombia, y solo en los primeros meses de 2024, más de 2,000 personas tuvieron que salir de sus hogares, mientras casi 1,800 se quedaron confinadas: bajo la ley del silencio y a merced de los violentos. 

Impactos ambientales y connivencia estatal

La explotación minera también tiene un costo ambiental devastador. La contaminación por mercurio y cianuro ha secado ríos y ciénagas, mientras el uso de maquinaria pesada degrada el suelo. Pobladores denuncian que dragas y maquinaria pasan frente a las autoridades militares sin ningún control, lo que refuerza las denuncias de presunta connivencia entre las fuerzas estatales y el Clan del Golfo.

En septiembre de 2023, una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo detalló las denuncias de alianzas entre la Fuerza Pública y grupos armados. Aunque la Gobernación de Bolívar asegura que no tiene evidencia de estas denuncias, la realidad de violencias y movimiento de criminales por la región apunta a lo contrario.

Las promesas incumplidas de la paz total

El gobierno de Gustavo Petro ha intentado incluir al Clan del Golfo en su política de 'paz total', pero el grupo violento que más impacta al sur de Bolivar no ha mostrado intención de acercarse al diálogo. En marzo de 2023, se levantó un cese al fuego con este grupo armado, pero desde entonces la retórica oficial se ha endurecido. Mientras tanto, las comunidades en Bolívar siguen esperando soluciones integrales que trasciendan el aumento de tropas.

El clamor en la región es par que el Gobierno atienda las necesidades sociales y económicas, garantice cuanto antes la protección de los líderes sociales y combata la economía ilegal.

Una región al borde del colapso

El sur de Bolívar es un microcosmos de los desafíos que enfrenta Colombia en su lucha por consolidar la paz. En un territorio donde el Estado está presente solo de forma simbólica, mientas las comunidades están atrapadas entre la riqueza que los rodea y la pobreza que los consume.

En este rincón olvidado de Colombia la guerra se recicla y la indiferencia nacional perpetúa el sufrimiento, la esperanza de una paz sigue siendo un sueño distante, una quimera. Pero para quienes permanecen, resistir es la única opción

Además, te invitamos a ver nuestro
documental Voces Silenciadas

John Montaño Gómez

Corresponsal de EL TIEMPO

Cartagena

En X: @PilotodeCometas