La dura carta enviada por 60 organizaciones sociales al presidente Petro: le exigen implementación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz

60 organizaciones se anticiparon a la realización de la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Colombia - que se llevará a cabo el 22 de enero en Nueva York- para exigirle al presidente Gustavo Petro la implementación de un capítulo del Acuerdo de Paz del 2016.

Se trata específicamente del Capítulo Étnico en donde el Gobierno nacional y las Farc reconocen que los pueblos étnicos han contribuido a la construcción de “una paz sostenible y duradera, al progreso, al desarrollo económico y social del país, y que han sufrido condiciones históricas de injusticia, producto del colonialismo, la esclavización, la exclusión y el haber sido desposeídos de sus tierras, territorios y recursos”.

Además, reconocen que los pueblos étnicos han sido afectados por el conflicto armado interno que no solo fue por la guerrilla de las Farc sino que actualmente se vive por la ola de violencia en zonas como el Catatumbo por parte del Eln.

La carta

Organizaciones que representan y trabajan con las comunidades Indígenas y Afrocolombianas, Palenqueras, Raizales y Negras víctimas del conflicto armado, se dirigieron al Presidente y al Congreso, por medio de una carta de dos páginas copiada a Agencias de las Naciones Unidas y organizaciones de sociedad civil.

En el documento inician planteando su preocupación por las demoras en la implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz concluido entre las Farc y el Estado colombiano, el 24 de noviembre de 2016.

“En múltiples ocasiones se ha resaltado públicamente la necesidad urgente de tomar en cuenta a los Pueblos Étnicos. No hay avances desde que se enviaron cartas al Secretario General de Naciones Unidas y al Consejo de Seguridad el 11 de abril de 2022, y el 14 de octubre de 2024”, se lee en el documento.

En el llamado de atención resaltan la crisis humanitaria que se está viviendo en el Catatumbo en donde, para las organizaciones, se hace evidente tanto el incumplimiento por parte del Estado de las medidas de seguridad contenidas en el Acuerdo de Paz, como la falta de protocolos de la ‘Paz Total’ exigiendo de los actores armados no atentar a la población civil.

“Siguen siendo las comunidades, los Pueblos Étnicos, las mujeres, comunidades campesinas y los firmantes, los más afectados en el marco de la reconfiguración de actores armados, todos ellos en diálogo con el Gobierno Nacional. La Paz Total se ha vuelto uno de los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz y a la seguridad de sus defensores”, señalan en el documento.

Las cifras que preocupan

Además, dentro de las quejas contra el Gobierno está que, al parecer, no se convocó ni se consultó con la Instancia Especial de Alto Nivel con Pueblos Étnicos (IEANPE) creada por el Acuerdo y que tampoco se permitió que la Comisión de Seguimiento, impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) funcionara con regularidad ni con eficacia.

“Los Pueblos Étnicos sufren cada vez más la violencia: Amenazas de muerte, asesinatos, desplazamientos internos, reclutamiento de niñas y niños, masacres, crisis humanitarias, confinamientos e impunidad en los crímenes cometidos contra ellos”, agregan.

Según Naciones Unidas, en Colombia, el 60 por ciento de la población afectada por la violencia pertenece a pueblos Étnicos.

La ola de violencia en el Catatumbo que ha generado una crisis humanitaria no solo se presenta en el oriente del país, sino que también se traslada territorios étnicos como la Costa Pacífica, Putumayo, Nariño, Chocó, Cauca y Arauca.

Cifras entregadas por la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia reportan, por la situación en el Catatumbo, el homicidio de al menos 60 personas, el desplazamiento forzado de más de 18 mil, el confinamiento de más de mil, incluyendo 23 comunidades indígenas del Pueblo Bari y comunidades del Pueblo Yukpa, así como 30 secuestros.

Dentro de la carta las organizaciones destacan que cerca del 30 por ciento de los firmantes que dejaron voluntariamente las armas en el 2016 son de identidad étnica y su proceso de reincorporación tampoco avanza.

“Preocupa, a raíz de todo lo que está sucediendo en materia de seguridad en el país, que la política pública para el desmantelamiento de los grupos armados ilegales diseñada en el Acuerdo no se está implementando por el Gobierno. No se necesitan más “Planes de Choque”, anuncios o programas nuevos. Menos palabras, y más hechos”, aseguran en el documento.

En la carta finalizan pidiéndole nuevamente al presidente adelantar el Capítulo Étnico, trabajar con la IEANPE y la CSIVI, y asegurar los derechos colectivos, territoriales e individuales de las comunidades étnicas.

MARÍA ALEJANDRA GONZÁLEZ DUARTE

Redacción Política