La crítica de Vargas Lleras a la Procuraduría tras el archivo del proceso contra Karen Abudinen: ‘Hay que acabar esa entidad’

Luego de que la Procuraduría General archivó el proceso disciplinario contra de la exministra de las TIC Karen Abudinen por el escándalo de Centros Poblados, en el cual se perdieron 70.000 millones de un anticipo entregado para llevar internet a escuelas rurales de 16 departamentos de Colombia, el exvicepresidente Germán Vargas Lleras cuestionó la actuación del ente de control y hasta señaló que dicha entidad debería ser cerrada.

“Ni un solo centavo se ha recuperado de los 70.000 millones de los Centros Poblados y la Procuraduría hoy cerró la investigación. Jamás hemos conocido quiénes fueron los autores intelectuales. Por eso he sostenido que hay que acabar esa entidad”, señaló el líder de Cambio Radical en su cuenta de X.

De acuerdo con el Ministerio Público, tras revisar las pruebas recabadas durante el proceso se concluyó que la exfuncionaria del gobierno del expresidente Iván Duque no cometió alguna conducta irregular en la adjudicación del contrato 1043 de 2020, con el cual se había quedado la Unión Temporal (UT) Centros Poblados 2020.

El contrato tenía un valor de más de un billón de pesos, recursos que irían destinados a instalar 7.277 centros digitales. A los contratistas les alcanzaron a dar un anticipo de 70.000 millones de pesos, los cuales se habrían embolsillado antes de la terminación anticipada del negocio.

“Y entonces con el cierre de esta investigación, ¿nadie va a responder? ¿Qué pobre secretaria se llevará la responsabilidad?”, añadió Vargas Lleras en sus redes sociales.

La declaración de Vargas Lleras llega pocos días antes de que el Congreso elija al próximo procurador general entre tres candidatos: Luis Felipe Henao, Germán Varón Cotrino y Gregorio Eljach.

Cabe mencionar que la Procuraduría sancionó a tres exfuncionarios del Mintic y a dos contratistas por las irregularidades en la etapa precontractual y en la ejecución del contrato de Centros Poblados en mayo del 2023. Los funcionarios sancionados en primera instancia fueron la exsubdirectora de Gestión Contractual del Mintic, Sandra Orjuela Méndez; el exdirector de Infraestructura del Ministerio, Camilo Alberto Jiménez Santofimio; y la exsecretaria general de la cartera y exdelegataria de la contratación, Adriana Vanessa Meza Consuegra.

A ellos se sumaron los contratistas Luis Fernando Duque Torres y la exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, Paola Andrea Izquierdo Rivera. Además, en octubre de 2023, la Contraloría General de la República imputó responsabilidad fiscal por 67.970 millones de pesos a 12 personas naturales y jurídicas por las irregularidades en el contrato.

Con respecto al dinero perdido, el actual ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, señaló en marzo de este año que solo se han recuperado 2.000 millones de pesos. “A la Fiscalía le ha faltado compromiso en ayudarnos a recuperar esos recursos”, dijo el ministro en aquel momento.

CAMILO A. CASTILLO
Redacción Política
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