Los gobernadores de Caldas, Risaralda, Quindío y Tolima enviaron una carta al presidente Gustavo Petro en la que manifiestan su preocupación por un proceso de adquisición de tierras por parte de comunidades indígenas en el Páramo Los Nevados, en un procedimiento en el que "no hay claridad si es con recursos propios de las comunidades o con dineros aportados por el gobierno nacional, a través de alguna de sus agencias".
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Se trata de al menos 3.000 hectáreas de un predio denominado Potosí, ubicado entre Caldas y Risaralda, y que sería destinado a la comunidad indígena Misak del Cauca.
En la misiva, los gobernadores Juan Miguel Galvis (Quindío), Adriana Magali (Tolima), Henry Gutiérrez (Caldas) y Juan Diego Patiño (Risaralda), así como los directores de sus autoridades ambientales, señalan que esta circunstancia está impidiendo la ejecución del plan de protección de este ecosistema en que están comprometidas las administraciones en esta región del país.
"El Parque Nacional Natural Los Nevados que hace parte del Complejo de páramos Los Nevados fue reconocido como sujeto de derechos mediante sentencia SLT 10716 de 2020, y a través de ella accionó a entidades públicas nacionales, departamentales y municipales para que presentasen un plan Conjunto de Recuperación, Mantenimiento, Manejo y Conservación para proteger este ecosistema, el cual está en proceso de ejecución y cuya coordinación está encabeza de la Presidencia de la República", dice el documento.
Las autoridades departamentales explicaron que el mencionado plan conjunto propone la compra de predios tanto al interior del Parque Nacional como en la zona de influencia, páramo bajo la jurisdicción de las Autoridades Ambientales de Risaralda, Caldas, Tolima y Quindío, con el objeto de dedicarlas a la conservación y restauración. Sin embargo, los propietarios se han negado a la negociación teniendo en cuenta que los precios que están ofreciendo los indígenas son "significativamente mayores".
"Nos dirigimos a usted, como responsable máximo del cumplimiento de la Sentencia, con el fin de que se adopten las medidas que sean necesarias para evitar que se produzca esta negociación y posterior ocupación de esas tierras, lo que iría en dirección contraria a la decisión judicial y se truncarían de paso, los esfuerzos que desde los territorios se vienen haciendo para proteger este ecosistema estratégico, que oferta agua para alrededor de 3 millones de personasen la zona andina colombiana y que es un referente de biodiversidad en Colombia", concluye la carta.
JUAN PABLO PENAGOS RAMÍREZ
Periodista de Política